Tomaron esta medida porque formaron un sindicato cansados de las irregularidades cometidas por el diputado Celso Maldonado, el patrono de su empresa, la línea 49 de transportes La Limpeña.

Cuando se enteró que “sus” empleados estaban formando un sindicato, despidió de un golpe a 51.

La Constitución paraguaya dice en su artículo 96 que todo trabajador tiene derecho a formar un sindicato sin pedir autorización ninguna, con solo presentar la petición correspondiente ante el Ministerio de Trabajo.

Hace un mes tiene ese pedido el ministro de Trabajo en su despacho. Ante testigos prometió que la aprobaría el día siguiente y que mediaría para la reincorporación de los trabajadores a la empresa. Los trabajadores le respondieron que si eso hacía dejaban la crucifixión y cesaba el problema.

Sin embargo, horas después se arrepentía, o era obligado a retractarse por quien está sobre él, es decir el presidente de la República, o se dejaba influir por el diputado dueño de la compañía.

Más todavía: días después, por medio de un alto empleado y en su nombre, el ministro me hizo decir que si los crucificados se iban a otra parte, si abandonaban el campamento en su ubicación actual, que al parecer molestaba a algún vecino, daba la firma para autorizar al Sindicato.

Por supuesto no se aceptó. Sonaba simplemente a burla.

Resultado: el ministro de Trabajo, con su actitud, rompió las negociaciones y mantiene crucificadas a más de 20 personas.

O este ministro se salta la Constitución a su antojo o es el mismo presidente de la república quien no permite que se constituya un sindicato en la empresa de transporte La Limpeña, porque según él entorpece el desarrollo de la compañía. De ser así, Paraguay estaría violando convenios firmados con la OIT.

Sería muy simple cesar un sufrimiento como el que vienen padeciendo estos trabajadores hace 70 días: autorizar primero el sindicato y luego negociar el reintegro. Nada más que eso.