El juicio oral, que debía realizarse a fines de junio, fue postergado por razones muy poco claras, para el 27 de julio. Lo que queda en evidencia es que el fiscal no quiere, no puede o no sabe aclarar lo sucedido.

La opinión más extendida es que no investiga todos los aspectos de este hecho y que busca sólo pruebas que incriminen a los campesinos en los crímenes.

No ha investigado, al menos no da señales de ello, la aparición al día siguiente de dos campesinos asesinados presuntamente de noche con el tiro de gracia.

Teniendo la obligación de ver la causa en su totalidad no aclara cómo acusa a los campesinos cuando las balas disparadas provinieron de armas automáticas y las escopetas de los campesinos son de cazar conejos.

Por supuesto que todavía no dijo de qué calibre eran las balas que mataron a los policías y por qué no hicieron la autopsia a los cuerpos de los campesinos asesinados.

¿Cómo prueba que 60 campesinos, con mujeres y niños, tendieron una emboscada a 320 policías, cuando las fotos muestran que, por el contrario, los policías avanzaban en forma de tenaza para rodear al grupo campesino?

Por todo eso, la investigación fiscal no nos brinda garantías de veracidad.

Las organizaciones de derechos humanos reclaman que a fines de mes se realice un juicio oral sobre la masacre.