Un caso palmario es el del fiscal Jalil Rachid en el caso de Marina Kué, la matanza de once campesinos y cinco policías que derivó en el golpe de Estado contra Fernando Lugo. Rachid repite una y otra vez las mismas acusaciones, para las que no tiene pruebas.

El último ha sucedido en Curuzú de Hierro, donde dos integrante de una mismas familia, los Ovelar, fueron asesinados y otros resultaron heridos.

No se pudo probar que en esa familia tuvieran un arma de fuego, y el fusil que apareció fue plantado por los militares. Sin embargo, el fiscal acusó del crimen al llamado Ejército del Pueblo Paraguayo.

El vicario general de la diócesis de Concepción fue claro: “En el caso de la familia Ovelar se trató de una ejecución perpetrada por las Fuerzas Militares. Estuve en la casa, donde ejecutaron a dos personas. No se puede barnizar ni defender lo que hicieron los militares. Fue una ejecución abierta”.

Agregó que luego de la balacera, ningún agente fiscal se acercó al lugar del hecho, y tampoco un médico forense.

"El EPP es nefasto, pero no se puede acusar a cualquiera de ser del EPP. No se puede combatir al terrorismo con más terrorismo”, concluyó el sacerdote.