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AGRICULTURA SIN AGRICULTORES
I
INFOAGRO COLOMBIA
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I
SEPTIEMBRE
2013
les de hectáreas en el Vichada y montar una
plantación de palma (proyecto Veracruz).
Lo primero que hicieron fue constituir
27 Sociedades por Acciones Simplificadas
(SAS), que presentaron como si cada una
tuviera un único propietario, el abogado
Francisco José Uribe Noguera, socio de Bri-
gard & Urrutia. Cada una de ellas apareció
con un capital suscrito de 100 mil pesos
y con uno pagado de cero pesos y dieron
como su dirección la misma de Brigard &
Urrutia. El número 27 sale de que así se crea
la ficción de que no están montando una
sola gran empresa sino varias pequeñas,
que no superan la medida límite de la UAF,
y que por tanto no se viola la ley. A conti-
nuación, Rio Paila Castilla apareció prestán-
doles a las 27 SAS cuarenta mil millones de
pesos, con las que estas compraron, ilegal-
mente, 41.300 hectáreas.
A paso seguido, les dieron a las SAS una
muy llamativa vuelta por Europa. Uribe No-
guera cedió, gratuitamente, la propiedad
de esas sociedades a cinco firmas españo-
las, que pertenecen a otras cinco que fue-
ron constituidas por la sociedad Asturias
Holding S.A.R.L., con domicilio en Luxem-
burgo, paraíso fiscal demala fama. Una tela-
raña difícil de desentrañar. Al final, Deloitte
& Touche, revisor fiscal de Rio Paila Castilla,
certificó que Asturias Holding, las 27 SAS y
las 41.300 hectáreas son de Rio Paila Casti-
lla, que además las registró como suyas en
la Cámara de Comercio de Bogotá (http://
db.tt/0eHE3vxw).
Además de la flagrante violación de la
Ley 160, porque Rio Paila Castilla compró lo
que tenía prohibido comprar, las autorida-
des deberán desentrañar por qué intenta-
ron ocultar en el exterior esas operaciones,
determinación que podría explicarse por el
objetivo de encubrir otras ilegalidades. Por
denuncias ciudadanas, en abril de 2013, el
Incoder informó sobre este caso a la Presi-
dencia de la República (Juan Mesa), la Se-
cretaria Anticorrupción, la Dian, la UIAF y
las superintendencias de Notariado, Socie-
dades y Financiera. A esta última le pidie-
ron investigar desde 2011.
Una de las cosas más graves en torno a
estos hechos escandalosos, y a otros iguales
que involucran también a grandes empre-
sas, fue el proyecto de ley presentado por
el ministro Juan Camilo Restrepo tendiente
a establecer que la parte de la Ley 160 que
prohíbe concentrar las UAF solo rige des-
pués de 1994, y no desde 1961 (Ley 135),
como hoy ocurre. Si lograran ese cambio,
se legalizarían treinta años de ilegalidades,
incluidas por lo menos once de las compras
realizadas por las SAS de Rio Paila Castilla.
Es evidente que la firma Brigard & Urru-
tia le diseñó a Rio Paila Castilla una opera-
ción jurídica y económica –un producto–
tendiente a violar el artículo 72 de la Ley
160 de 1994 y que esa maniobra incluyó
ocultarla en el exterior. Y hay que rechazar
la explicación de Carlos Urrutia de que él ca-