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AGRICULTURA SIN AGRICULTORES
I
INFOAGRO COLOMBIA
89
I
SEPTIEMBRE
2013
combustibles y la electricidad, la falta de
vías y los subsidios extranjeros, el nulo res-
paldo del Estado a la ciencia y los precios
abusivos de los insumos. Y cuando los pro-
ductores protestan, el santismo los cubre
de improperios y les incumple los acuerdos,
como no se los ha cumplido a cafeteros, pa-
peros y arroceros (bit.ly/197vydP). Cuánta
agresividad, además, contra los empresa-
rios corrientes, mientras los neoliberales
imponen un capitalismo subdesarrollado,
de banqueros y trasnacionales, experto en
ordeñar al Estado, en llenarse de rentas y en
descalificar a todo el que no sea de su rosca.
En el caso de los pequeños y medianos
mineros, artesanales y empresariales, las
cosas son, si cabe, peores. El editorial de
Portafolio del 18 de julio de 2013 dice que
el Decreto 2235 del 2012 “permite la des-
trucción de la maquinaria que se encuentre
presente en áreas en donde sus operadores
no posean licencias ambientales o títulos
mineros”, verdad que muestra que se la di-
namita, no por ser de guerrilleros o parami-
litares, sino porque hace falta un papel. Con
un agravante inaudito: ese decreto –que no
una ley, para evadir la revisión de la Corte
Constitucional– elimina por completo el
debido proceso. Sin que medie acto judi-
cial, la policía investiga, acusa, condena y
hace de verdugo, destruyendo los equipos,
entre los que están los escasos de los mine-
ros artesanales.
Y a este horror contra todo criterio de-
mocrático se le suma la campaña de men-
tiras para presentar a cada minero informal
como criminal, cuando se trata de personas
respetables, con frecuencia hijos y nietos
demineros, que no logran formalizarse por-
que no se lo permite la insondable corrup-
ción de las entidades mineras del Estado,
la voracidad de las trasnacionales que aca-
paran los derechos y sobre todo la decisión
de Santos de reservarles la minería a los ex-
tranjeros, a quienes les permite destrozar el
medio ambiente, maltratar a los trabajado-
res y no pagar las regalías y los impuestos
que deberían pagar.
Con lamente puesta en la afirmación del
cura párroco de Caucasia de que allí “sin mi-
nería no hay economía”, hay que promover
una política minera que lleve a hacer bien
las cosas en todos los aspectos, una política
en la que quepan los pequeños mineros ar-
tesanales y empresariales, así carguen con
el “crimen” de no ser monopolistas extran-
jeros.
Coletilla: el embajador en Washington
dice que no responde a las preguntas sobre
su papel en las compras ilegales de tierras,
porque no tienen que ver con su cargo. ¿La
corrupción no tiene que ver con la estabi-
lidad de los funcionarios del cuerpo diplo-
mático? (bit.ly/1bO5iEK).
Cuánta agresividad, además, contra los
empresarios corrientes, mientras los neoli-
berales imponen un capitalismo subdesa-
rrollado, de banqueros y trasnacionales, ex-
perto en ordeñar al Estado, en llenarse de
rentas y en descalificar a todo el que no sea
de su rosca.
En el caso de los pequeños y medianos
mineros, artesanales y empresariales, las
cosas son, si cabe, peores. El editorial de
Portafolio del 18 de julio de 2013 dice que
el Decreto 2235 del 2012 “permite la des-
trucción de la maquinaria que se encuentre
presente en áreas en donde sus operadores
no posean licencias ambientales o títulos
mineros”, verdad que muestra que se la di-
namita, no por ser de guerrilleros o parami-
litares, sino porque hace falta un papel. Con
un agravante inaudito: ese decreto –que no
una ley, para evadir la revisión de la Corte
Constitucional– elimina por completo el
debido proceso. Sin que medie acto judi-
cial, la policía investiga, acusa, condena y
hace de verdugo, destruyendo los equipos,