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Pueblos originarios 
Es hora de poner un punto final a los atropellos
Es hora de poner un punto final a los atropellos
Cleber César Buzatto
Lentitud, paralización, reducción de Tierras Indígenas...
Es hora de poner un punto final
a los atropellos
a los atropellos
Los pueblos indígenas de Brasil se ven cada vez más avasallados. Además de los ataques cotidianos que deben soportar de parte de los latifundistas y los conglomerados empresariales y de la bancada ruralista en el parlamento, padecen los embates del propio gobierno, que no duda en violar la Constitución al retrasar o paralizar la demarcación de sus tierras o pura y simplemente reduciéndolas.
Insistimos constantemente con que “no demarcar” potencia y eterniza los conflictos.
Además, favorece no solo la violación de los derechos de los pueblos indígenas, sino también la violencia, incluso física, contra ellos.
Hace mucho denunciamos la lentitud con que actúa el gobierno en cuanto a demarcación de tierras indígenas se refiere. Pero ahora ha ido más lejos y ha paralizado por completo los procedimientos legales.
Hemos observado, con tristeza e indignación, que ambas estrategias –la de la lentitud y la de la paralización lisa y llana- no son más que parte de una “decisión de gobierno” muchísimo más amplia y agresiva hacia los pueblos indígenas, con vistas a la “reducción” de sus tierras.
Perjudicar a unos y favorecer a otros
Gana el agronegocio, pierden los indígenas
Decenas de comunidades indígenas han permanecido, por largos años, en una situación de extrema vulnerabilidad víctimas de la actitud morosa del gobierno.
En diferentes regiones de Brasil, muchas de ellas se han visto obligadas a acampar de forma improvisada a lo largo de las carreteras.
El gobierno ha evitado vincular los derechos de los pueblos a sus tierras, al tiempo que incentivó a los sectores políticos y económicos anti-indígenas.
Para hacerse una idea: mientras el presupuesto de la Federación para la Acción de Demarcación de Tierras Indígenas se mantuvo congelado, en unos 20 millones de reales (cerca de 8,8 millones de dólares), los planes de apoyo al agronegocio pasaron de unos 20.000 millones de reales (cerca de 8.800 millones de dólares) a 156 mil millones.
La paralización de los procedimientos de demarcación anunciada por el gobierno en 2013, y reafirmada en este primer semestre de 2014, se da en un contexto de gran vulnerabilidad para los numerosos pueblos indígenas y genera un claro fortalecimiento de sus enemigos.
Una fuerza política, económica y bélica
contra los pueblos indígenas
El acoso permanente
Los pueblos indígenas han sentido en carne propia los efectos de esta ofensiva, en forma de discursos de incitación al odio, de ofertas de contratación de milicias armadas, de desalojos extrajudiciales, de amenazas a mano armada, de asesinatos, de invasión de sus tierras con el objetivo de explotar los recursos naturales que albergan.
En este contexto caótico y violento, el gobierno brasileño, por medio de sus funcionarios, acosa a los líderes y a las comunidades, presionándolos para que acepten las propuestas de reducción de sus tierras tradicionales.
Al referirse a ese acoso como a “mesas de diálogo”, el gobierno demuestra que actúa sin ningún tipo de escrúpulos.
¿Cómo puede haber diálogo cuando una de las partes está con el agua al cuello? Por medio de su ministro de Justicia, el gobierno llegó a llamar “ajuste de derechos” lo que no es más que su contrario: una violación de derechos.
Varios son los casos de tierras indígenas que se encuadran en esta etapa de reducción. Algunos ejemplos:
Tierra Indígena Mato Preto, del pueblo Guaraní, en Rio Grande del Sur. En 2012 el ministro José Eduardo Cardozo reconoció que sus 4.230 hectáreas eran tierras tradicionales. Ahora el gobierno propone reducirlas a 600 hectáreas.
Tierra Indígena Herarekã Xetá, del pueblo Xetá, en el estado de Paraná. Se comprobó que unas 12.000 hectáreas de tierras eran “tradicionales”, pero en el último informe de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), publicado el 30 de junio, se las rebaja a apenas 2.686 hectáreas.
Tierra Indígena Cachoeira, un caso emblemático en el estado de Pará. Declarada en 1993 como tierra tradicional del pueblo Arara, de reciente contacto, por el entonces ministro de la Justicia Maurício Corrêa, contaba con 760 mil hectáreas.
Durante el segundo mandato de Lula, en 2008, fue reducida por el ministro de Justicia Tarso Genro.
Está situada en la región de la usina hidroeléctrica Belo Monte, que no puede operar, por decisión del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) ajustada a la Constitución, si los invasores de las tierras del pueblo Arara no se retiran.
Pese a esas determinaciones legales, los derechos del pueblo Arara no han sido respetados: sus tierras permanecen ocupadas y sufre además un intenso proceso de despojo por parte de los madereros instalados en la región.
Es en este contexto extremadamente adverso que nos llegó información de una reunión realizada el miércoles 23 de agosto entre autoridades, invasores e indígenas para debatir la propuesta de una nueva reducción de tierras.
Los enemigos de los pueblos indígenas están más movilizados que nunca.
En periodo electoral, la lucha de los pueblos en defensa de sus derechos territoriales debe ser intensificada. Es hora de poner un punto final a estos atropellos, y solo los pueblos podrán hacerlo.
CIMI
22 de agosto de 2014
Original en: cimi.org.br
Traducción: Luciana Gaffrée
Edición: Rel-UITA