En Montevideo,
JBS, y una práctica que se hace común
Financiaciones ilegales
En las pasadas elecciones brasileñas, la transnacional de la carne JBS fue una de las empresas que más financió a los distintos partidos políticos, poniendo sus huevos en varias canastas. Semanas atrás, la policía federal descubrió que también estaba implicada en casos de corrupción en la petrolera Petrobras investigados en el marco de la Operación Lava Jato.
Los rumores de una participación de la mayor procesadora de carne del mundo en el “caso Petrobras” comenzaron a correr a comienzos de diciembre. Eran tan fuertes, que las acciones de la compañía en la bolsa de São Paulo se desplomaron, perdiendo en un solo día 18 por ciento de su valor.
Por entonces el diario O Estado de São Paulo había publicado una investigación que daba cuenta de una participación del Grupo J&F, que controla JBS, en el archimillonario esquema de corrupción de Petrobras.
La sospecha estaba basada en datos hallados en la computadora de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de la estatal petrolera, que aparecía vinculado a J&F en contratos poco claros de asesoría que enseguida llamaron la atención de los pesquisas de la operación Lava Jato.
Costa es uno de los tres empresarios “arrepentidos” que con sus revelaciones permitieron ir desatando la madeja de la trama de corrupción de Petrobras investigada por la Operación Lava Jato (Operación Lavacoches, porque el esquema circulaba a través de lavanderías y gasolineras).
Llevada a cabo desde setiembre pasado, la investigación oficial sacó a luz la existencia de una suerte de “club” de grandes empresarios y políticos que cobraban coimas por obras realizadas por Petrobras.
Entre los políticos, al menos una treintena, había ministros y ex ministros y dirigentes de varios partidos, oficialistas y opositores.
En diez años se movieron de esa manera unos 4.000 millones de dólares, blanqueados gracias a empresas fantasmas, entre otros mecanismos.
J&F ha desmentido todo vínculo con Petrobras y con el propio Costa, pero la policía confirmó en enero que seguía analizando el vínculo.
En paralelo, en otra operación, también en diciembre y relacionada igualmente con la Operación Lava Jato, difundida por la revista Valor Económico, la Policía Federal descubrió dos cuentas bancarias a nombre de una compañía fantasma vinculada a uno de los lavadores de dinero de la trama Petrobras, Carlos Habib Chater.
La firma, que tiene un capital social de apenas 20 mil reales (menos de 6.500 dólares), había recibido 800 mil reales (unos 270.000 dólares) de parte de JBS.
Nuevamente, el grupo frigorífico rechazó por “carentes de fundamento” las sospechas de que se trataba de dinero de procedencia ilegal, y nuevamente las autoridades insistieron en que las investigaciones estaban en curso.
En las elecciones generales brasileñas del año pasado, JBS fue el mayor contribuyente a la financiación de los distintos partidos políticos, de todo pelaje, a los que transfirió al menos 352 millones de dólares.
Una práctica fuertemente asentada, por decir lo menos.
Por entonces el diario O Estado de São Paulo había publicado una investigación que daba cuenta de una participación del Grupo J&F, que controla JBS, en el archimillonario esquema de corrupción de Petrobras.
La sospecha estaba basada en datos hallados en la computadora de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de la estatal petrolera, que aparecía vinculado a J&F en contratos poco claros de asesoría que enseguida llamaron la atención de los pesquisas de la operación Lava Jato.
Costa es uno de los tres empresarios “arrepentidos” que con sus revelaciones permitieron ir desatando la madeja de la trama de corrupción de Petrobras investigada por la Operación Lava Jato (Operación Lavacoches, porque el esquema circulaba a través de lavanderías y gasolineras).
Llevada a cabo desde setiembre pasado, la investigación oficial sacó a luz la existencia de una suerte de “club” de grandes empresarios y políticos que cobraban coimas por obras realizadas por Petrobras.
Entre los políticos, al menos una treintena, había ministros y ex ministros y dirigentes de varios partidos, oficialistas y opositores.
En diez años se movieron de esa manera unos 4.000 millones de dólares, blanqueados gracias a empresas fantasmas, entre otros mecanismos.
J&F ha desmentido todo vínculo con Petrobras y con el propio Costa, pero la policía confirmó en enero que seguía analizando el vínculo.
En paralelo, en otra operación, también en diciembre y relacionada igualmente con la Operación Lava Jato, difundida por la revista Valor Económico, la Policía Federal descubrió dos cuentas bancarias a nombre de una compañía fantasma vinculada a uno de los lavadores de dinero de la trama Petrobras, Carlos Habib Chater.
La firma, que tiene un capital social de apenas 20 mil reales (menos de 6.500 dólares), había recibido 800 mil reales (unos 270.000 dólares) de parte de JBS.
Nuevamente, el grupo frigorífico rechazó por “carentes de fundamento” las sospechas de que se trataba de dinero de procedencia ilegal, y nuevamente las autoridades insistieron en que las investigaciones estaban en curso.
En las elecciones generales brasileñas del año pasado, JBS fue el mayor contribuyente a la financiación de los distintos partidos políticos, de todo pelaje, a los que transfirió al menos 352 millones de dólares.
Una práctica fuertemente asentada, por decir lo menos.
Rel-UITA
19 de enero de 2014