En Montevideo,
Con Marcela González Ricart
Contrarreloj en la búsqueda de justicia
Los campesinos en huelga de hambre están graves
Foto: Articulación Curuguaty
Los cinco presos políticos del caso Curuguaty, los campesinos Rubén Villalba, Arnaldo Quintana, Néstor y Adalberto Castro y Felipe Benítez, cumplen hoy 56 días de huelga de hambre y ayer 9 de abril el juzgado del caso negó el pedido de la defensa de prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
“Su expectativa de vida es de 10 días”, declaró a La Rel Marcela González Ricart, abogada especialista en derechos humanos y activista de Articulación Curuguaty.
En la tarde de ayer, miércoles 9, el juzgado que lleva adelante este caso rechazó la medida cautelar formulada por la defensa de que se dicten condenas alternativas a la prisión.
“Hace 56 días que están en huelga de hambre como forma de protestar por su prisión, que vista por donde se mire es completamente ilegal. Lamentablemente la fiscalía expuso que no se dan las condiciones para que se les otorgue la prisión domiciliaria y el juzgado lo ratificó”, dijo Marcela.
La Articulación Curuguaty, junto a otras organizaciones sociales y de derechos humanos, convocó a la sociedad civil para que se congregue en una manifestación pacífica frente al Hospital Militar, donde permanecen internados los presos debido a las consecuencias de los muchos días sin comer.
“Los cinco están graves. Tres de ellos ya no pueden sentarse solos, ni vestirse por la debilidad que tienen. Su expectativa de vida es de 10 días, por lo tanto urge tomar alguna medida que haga que la Justicia paraguaya revea esta sentencia”, enfatiza Marcela.
Una teoría insostenible
“La Fiscalía mantiene una teoría del caso que es insostenible -explica la abogada- porque existen 6 policías muertos y 11 campesinos y estos cincos presos están acusados de tentativa de homicidio. Cuando la acusación es por tentativa de homicidio pero hay muertos, entonces está mal planteada y se debería anular el proceso por improcedente”, explicó.
“El fiscal Jalil Rachid no consigue determinar qué persona mató a qué policía y viceversa, por lo tanto no puede cerrar esta teoría.
Ninguno de los cinco presos ha dado positivo en las pruebas que se hacen para determinar si dispararon algún tipo de arma de fuego. La Fiscalía no tiene evidencia física para acusar a estas personas. Todas las pruebas que se han hecho han salido negativas”, recalcó.
Presos políticos
Marcela González Ricart afirma: “Esta prisión es una prisión política que tiene como trasfondo desarticular el movimiento de los campesinos, su organización en el país.
Estos compañeros son presos ejemplares para las demás organizaciones campesinas. Significan ‘si te organizas y reclamas tu derecho a la tierra, esto es lo que te pasará’”.
Los campesinos fueron arrestados durante el sangriento desalojo efectuado en la localidad de Curuguaty (centro de Paraguay) que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías, hecho utilizado como uno de los argumentos para destituir al presidente constitucional, Fernando Lugo.
El suceso, que fue conocido luego como “La masacre de Curuguaty”, ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando un grupo policial desalojó a un colectivo de campesinos que ocupaban la tierra para la producción agrícola.
“La Fiscalía los acusó además por invasión de propiedad privada, pero quien ordenó el desalojo en Marina Kué no ha logrado demostrar mediante títulos la propiedad de esas tierras, por lo tanto son tierras del Estado, y en ese caso no se puede hablar de invasión y sí de ocupación”, señala Marcela.
Mientras esto ocurre en Paraguay, se siguen sumando organizaciones adherentes al pedido realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el ex juez Baltazar Garzón de que se ordene la suspensión del juicio contra los campesinos, cuyo inicio está previsto para el día 26 de junio, hasta que se defina como cuestión previa la titularidad de las tierras de Marina Kué.
Pero con el estado de salud que presentan actualmente, estamos contrarreloj.
Rel-UITA
10 de abril de 2014