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McDonald’s tendrá 15 días para retirar a menores de actividades insalubres
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El Ministerio Público de Trabajo en Paraná (MPT-PR) ganó parcialmente una demanda contra la empresa Arcos Dorados, operadora de la red estadounidense McDonald’s en América Latina, por las condiciones de trabajo a las que los jóvenes son sometidos en los restaurantes de la cadena.
Entre los pedidos concedidos por el juez laboral Paulo José Oliveira de Nadai, de la 17ª Sala del Trabajo de Curitiba, están la prohibición de menores de edad de trabajar en actividades como el funcionamiento y limpieza de planchas y sartenes, o la limpieza y recolección de basura en áreas de atención al público o en los baños para los clientes o empleados, porque son consideradas peligrosas o insalubres.

La Constitución Federal de 1988 prohíbe cualquier trabajo a menores de 16 años (salvo como aprendices, a partir de los 14 años) y también está prohibió el trabajo insalubre, peligroso y penoso para los menores de 18 años.

McDonald’s tiene un plazo de 15 días (contados a partir de la sentencia dictada el 20 de julio) para subsanar esta irregularidad. Después de ese periodo pagará una multa de 500 reales (152 dólares) por cada establecimiento irregular.

Además, la empresa fue condenada a pagar 400.000 reales (121.640 dólares) por daños morales colectivos.

"Luego de analizar los presentes autos, pude observar que inúmeras violaciones han sido constatadas y reconocidas por la justicia, entre ellas la exposición de los menores a riesgos derivados del contacto con agentes biológicos y quemaduras.

Incumplir la legislación implicaron infracciones contra miles de trabajadores menores de edad y aprendices, en una gama determinable de empleados”, evalúa el juez.

"Es prudente calcular  que un menor que comenzó a trabajar como aprendiz en la requerida compañía en 2009, fecha de la primera denuncia recibida por el Ministerio Público del Trabajo, hoy en día tiene aproximadamente 20 años, y no gozará de las consecuencias de esta decisión. (...).

No todos los trabajadores fueron víctimas de irregularidades, pero inúmeros menores han prestado y prestan servicios en condiciones anómalas, como se constató en el trascurso de este proceso”, reflexionó.

La acción civil pública presentada por la fiscal regional del trabajo Margaret Matos de Carvalho, en septiembre de 2013, se realizó a partir de una denuncia del Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE), a raíz de una inspección en el local.

El MPT-PR apelará la decisión para pleitear el diferimiento de la demás medidas, como la prohibición del uso de cuchillas y el manejo de dinero.
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Fotos: André Lima
Rel-UITA
24 de julio de 2015