La última perla del collar fue la compra, esta semana, de los negocios avícolas de la compañía estadounidense Tyson Foods en Brasil y en México.

La operación, por un total de 575 millones de dólares, será realizada a través de Pilgrim’s Pride, en México, y de JBS Foods en Brasil, ambas controladas por el Grupo.

Con estas compras, los ingresos de JBS aumentarían globalmente en mil millones de dólares al año (650 millones adicionales en México y 350 millones en Brasil), según datos de la propia transnacional.

En 2013, el Grupo registró beneficios por casi mil millones de reales, 28,9 por ciento más que el año anterior.

Lo esencial de esa ganancia lo logró en el Mercosur, donde los negocios de JBS crecieron más de 43 por ciento, pero también en grandes mercados como Estados Unidos, Canadá o Australia.

Wesley Batista, el presidente mundial de JBS, cree que los ingresos de su empresa seguirán creciendo, producto sobre todo de un aumento exponencial de sus exportaciones, que en 2013 fueron de alrededor de 12.000 millones de dólares, 20 por ciento más que el año anterior.

“JBS cuenta con una plataforma de producción estratégicamente establecida en las regiones más competitivas del mundo. Esto nos lleva a creer que las decisiones estratégicas que hemos tomado continuarán impulsando nuestros resultados, que generarán valor para nuestros accionistas, desarrollo para la sociedad y conveniencia y practicidad para los consumidores”, comentó el empresario.

Que “los accionistas” salgan gananciosos con el resultado de los negocios del Grupo, no cabe duda alguna. Mucho más dudosos son los beneficios que obtendrían “la sociedad” o “los consumidores”.

Y muchísimo más dudosos los de los miles de trabajadores de la propia transnacional. Este mismo mes de julio JBS despidió a 60 empleados de uno de sus frigoríficos en Brasil, el de la localidad paulista de Barretos, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la ciudad teme que la ola de despidos continúe en las próximas semanas.

Melquiades de Araújo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación del Estado de São Paulo (FETIASP), declaró que en agosto tres plantas de la transnacional podrían cerrar en el interior del estado, dejando en la calle a 12.000 trabajadores y afectando indirectamente a otras 8.000 personas.

Hay que sumar a este panorama las malas condiciones laborales en los frigoríficos, que le valieron a JBS varias sanciones del Ministerio Público de Trabajo (MPT), incluyendo el cierre provisorio de algunas plantas por incumplir normas como la NR 36.

JBS es, por otra parte, una de las pocas empresas del sector cárnico brasileño y la única de las grandes compañías del país que no ha firmado todavía un convenio colectivo con sus trabajadores.

En la última negociación tripartita, la dirección local de la transnacional llegó a pretender recortar beneficios elementales de sus empleados, como la asistencia médica, y se negó a ajustar los salarios en función de la inflación, alegando “problemas de competitividad” que no se condicen con sus fabulosas ganancias.

En paralelo, y a pesar de esos mismos gigantescos beneficios que sus directivos publicitan como resultado de sus “buenas políticas estratégicas”, insiste en tocar la puerta del Estado para pedir subvenciones y exenciones impositivas.

Lo peor es que el Estado se las da, sin exigir a cambio contrapartida alguna.

“JBS se ha convertido en un oligopolio mundial, con el aporte financiero de dineros públicos a través del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)”, escribía en La Rel, en junio último, Siderlei de Oliveira, presidente de la CONTAC.