
Pero la medida cautelar, que podría haber ayudado a prevenir el accidente y preservar la seguridad de los trabajadores de la planta, fue negada tres veces.
Moreira da Costa informó que cuando propuso la acción recabó pruebas suficientes sobre la situación del ambiente de trabajo en la unidad, incluyendo una resolución del 7º Cuerpo de Bomberos Militar certificando que el lugar no contaba con los requisitos mínimos de seguridad anti incendios.
La compañía tampoco había aplicado el Plan de Respuesta a Emergencias (PAE), requerido por el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE).
En aquel entonces se observó que dos nuevas cintas transportadoras (esteras) habían sido instaladas en el sector de deshuesado sin que se hicieran los cambios necesarios en el espacio físico, lo cual comprometió el movimiento de los operarios.
bajo pena de multas diarias
“(...) Notaron el olor a amonio mucho antes que sonara la alarma de emergencia y a pesar de eso continuaron trabajando. La evacuación tardó de 7 a 8 minutos, siendo que el detector de la alarma sonó mucho tiempo después. Los trabajadores del sector tuvieron que salir por la puerta de entrada y por debajo de las cintas transportadoras”, informó.
La fiscal Fernanda Alitta explicó que el gas amonio puede provocar complicaciones de salud varias, e incluso causar la muerte, lo que hacía indiscutible la concesión de la medida cautelar.
El principio constitucional general en el derecho ambiental –señaló- es el de prevención, por lo cual no se puede esperar a que aparezca la lesión para entonces actuar.
“Ante estos hechos –expuso la jueza en su fallo-, el Poder Judicial no puede permitir que las normas de seguridad sean deliberadamente incumplidas en perjuicio de la salud de los trabajadores y arriesgando que se produzca una tragedia de grandes proporciones. Por lo tanto se deben tomar las medidas adecuadas, ya que el bien mayor que debe ser garantizado por el Estado es la vida humana”.
En caso de incumplimiento, JBS pagará una multa diaria de 20.000 reales (unos 8550 dólares), y 1.000 reales (unos 430 dólares) más por día por cada trabajador encontrado en situación irregular.
Además, la empresa tiene 15 días para probar la adecuación del ambiente de trabajo. De lo contrario, se procederá a la clausura total del establecimiento.
En caso de una paralización temporal de las actividades de la unidad, el frigorífico tendrá prohibido despedir a cualquier empleado por un período de 30 días.
N do E: Agradecemos el envío de esta noticia al procurador Sandro Sardá
Traducción: Luciana Gaffrée