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El gobierno de Tarso Genro y las maniobras para violar los derechos indígenas
El gobierno de Tarso Genro y las maniobras para violar los derechos indígenas
Conselho Indigenista Missionário
El gobierno de Tarso Genro y las maniobras para violar los derechos indígenas
El Consejo Indígena Misionero (CIMI), el Grupo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (GAPIN) y el Consejo de Misión entre los indios (COMIN) hicieron pública la denuncia de intentos de coerción e intimidación practicados por representantes del gobierno del estado de Rio Grande do Sul el 20 de agosto en contra de los líderes indígenas Guaraní y Kaingang
Desde el 19 de agosto, líderes de los pueblos Kaingang, Guaraní Mbya, Charrúa y Xokleng participan del 7º Foro Estadual de los Pueblos Indígenas, reflexionando y debatiendo acerca de temas relacionados con la tierra y los derechos de las comunidades nativas.
En víspera de este evento, representantes de la Secretaría Estadual de Desarrollo Rural, Pesca y Cooperativismo (SDR) viajaron a la ciudad de Erexim donde trataron de convencer al Ministerio Público Federal (MPF) y a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de que paralizaran los procedimientos de demarcación de las tierras indígenas.
Las autoridades gubernamentales afirmaron que el Ejecutivo estadual no quiere conflictos y que por lo tanto está en contra de las demarcaciones. Propusieron, como alternativa, el traslado de las comunidades indígenas hacia áreas alejadas de las que han sido demarcadas por la FUNAI. Entre las tierras indígenas reclamadas por el gobierno de Tarso Genro figuran Mato Preto, Passo Grande da Forquilha y Mato Castelhano.
La postura del MPF y de la FUNAI fue, como se podría esperar, contraria a las pretensiones del gobierno estadual, que violan los preceptos constitucionales. Aun así, el 20 de agosto, el secretario de la SDR, Ivar Pavan, informó a la prensa que el gobierno solicitaría al Ministerio de Justicia derogar los procedimientos de delimitación de los municipios de Sananduva y Getúlio Vargas, que se encuentran en zonas de Mato Preto y Passo Grande da Forquilha.
En la tarde del mismo día, Pavan mantuvo reuniones individuales en la SDR con el líder indígena Joel Guaraní, cacique de la tierra Mato Preto, y con el líder Kaingang Leonir Franco, de la tierra Passo Grande da Forquilha.
Según informaron los líderes indígenas, estuvieron presentes en la reunión, además de Pavan; el secretario de Justicia y Derechos Humanos; Fabiano Pereira, y otros funcionarios del Estado, entre ellos Ignacio Benink y Elton Scapini.
El cacique Joel informó que los representantes del gobierno trataron de convencerlo de que lo mejor para la comunidad de Mato Preto sería renunciar a la tierra demarcada por la FUNAI, de 4.200 hectáreas, y aceptar de este total solamente las 223 hectáreas que coinciden con un área demarcada a inicios del siglo XX. El cacique dijo que no podría manifestarse sin escuchar a su comunidad.
Leonir Franco, de Passo Grande da Forquilha, informó que los representantes públicos también le presentaron una propuesta similar, de renunciar al procedimiento de demarcación y aceptar un área de 237 hectáreas.
Ante la inmediata reacción de Leonir, quien advirtió que los Kaingang no cerrarían ningún tipo de acuerdo que afectara sus derechos, los agentes del gobernador intentaron intimidarlo: le dijeron que su comunidad no tendría otra opción que no fuera la propuesta, ya que la tierra que reclama "nunca será demarcada".
Tanto las comunidades de los pueblos Guaraní y Kaingang viven en campamentos levantados cerca las rutas desde hace más de diez años. La situación de vulnerabilidad social que padecen es utilizada por el gobierno del Rio Grande del Sur con el fin de convencerlos de que negocien sus derechos.
El Consejo Indígenista Misionero (CIMI), el Grupo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (GAPIN) y el Consejo de Misión entre los Indios (COMIN) denuncian el intento de coerción y abuso de poder por parte de los empleados públicos y secretarios de un Estado que debe precisamente velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados.
Por desgracia, en Rio Grande do Sul los representantes del poder público buscan privilegiar a aquellas personas que ocupan en la actualidad las tierras en proceso de demarcación o a aquellas que pretenden explotarlas.
Este tipo de prácticas autoritarias y truculentas, además de violar los derechos humanos de los pueblos indígenas, les imponen más sufrimiento, en su ardua lucha por la efectiva garantía constitucional de su derecho a la tierra.
Foto: CIMI
CIMI
29 de agosto de 2013
Traducción: Convenio CIMI – Rel-UITA