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Pueblos originarios 
La violencia contra los pueblos indígenas se incrementó en 2012
La violencia contra los pueblos indígenas se incrementó en 2012
Conselho Indigenista Missionário
La violencia contra los pueblos indígenas se incrementó en 2012
Ha habido un crecimiento con respecto a las diferentes formas de violencia cometidas en 2012 contra los pueblos indígenas, que van desde amenazas de muerte, homicidios, omisiones y demoras en la regularización de las tierras a una desasistencia en salud y educación. Esta es la constatación presentada en el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil que el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) lanzó hoy, en la sede de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, en su sigla en portugués), en Brasilia.
En las tres categorías tratadas en el Informe, hay un aumento en el número total de casos y víctimas. En comparación con 2011, los casos de violencia contra el Patrimonio crecieron de 99 para 125, lo que representa un aumento del 26 por ciento. En cuanto a la Violencia por Omisión del Poder Público, se registraron 106.801 víctimas, lo que representa un incremento del 72 por ciento teniendo en cuenta que 61.988 de las víctimas fueron registradas en 2011. El mayor aumento se observa en el número total de víctimas en términos de Violencia Hacia la Persona, incluidas las amenazas de muerte, homicidios, intentos de asesinato, racismo, lesiones corporales y la violencia sexual. En esta categoría, se produjo un aumento de 378 para 1.276 víctimas, lo que muestra un incremento del 237 por ciento respecto a 2011.
Los datos del Informe muestran que ha vuelto a crecer el número de asesinatos de indígenas en 2012. En todo Brasil se registraron 60 víctimas, nueve más que el año anterior. Con 37 casos, Mato Grosso do Sul sigue siendo el estado con el mayor número de casos, seguido de Maranhão, con siete víctimas. Durante la última década, los datos del CIMI indican que al menos 563 indígenas fueron asesinados en el país, siendo que 317 de estas muertes ocurrieron en Mato Grosso do Sul. Los datos presentados por el Ministerio de Salud (Diasei / DSEI) son aún más aterradores por indicar que 43 asesinatos de indígenas se dieron en Mato Grosso do Sul en 2012.
La violencia generada
por la falta de tierra
Llaman la atención los 54 casos registrados de omisión y retraso en la regularización de las tierras indígenas. En 2011, habían sido 46. También en este caso, Mato Grosso do Sul es el estado campeón de violaciones, con 19 casos. A continuación, aparece Rio Grande do Sul, con 11 casos. Estos datos revelan que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ha cedido a las presiones de la elite ruralista y poco se ha avanzado en la demarcación de las tierras tradicionales. La Presidencia de la República en 2012 sólo siete tierras indígenas, fueron homologadas pese a que la Fundación Nacional del Indio (Funai) había publicado 11 ordenanzas de identificación, entretanto el Ministerio de Justicia publicó sólo dos ordenanzas declaratorias.
Los datos del CIMI indican que de las 1.045 tierras indígenas, 339 (32 por ciento) carecen de resolución jurídica, mientras 293 (28 por ciento) se encuentran en estudio. De éstas, 44 están archivadas en el Palacio del Planalto, a la espera de la firma de la presidenta de la República. Con un promedio de cinco homologaciones, Dilma es la presidente que menos ha homologado tierras indígenas en Brasil desde la apertura democrática, en 1985.
“La vida de los pueblos indígenas está ligada a la tierra. Es en su tierra ancestral que “el indio es”. El gobierno federal necesita, urgentemente, saldar esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Esta es la única manera de proporcionar las condiciones básicas para la supervivencia física y cultural de esos pueblos", dijo Cleber Buzatto, secretario Ejecutivo del CIMI.
El Informe también señala que hubo un aumento de los casos de invasiones posesorias y de la explotación ilegal de los recursos naturales (62 casos), amenazas de muerte (30 víctimas y un crecimiento del 200 por ciento en comparación con 2011), homicidio culposo (21 víctimas y aumento del 75 por ciento), el racismo y la discriminación étnico-cultural (14 víctimas) e intento de asesinato (1.024 víctimas). En el caso de la violencia relacionada con la omisión del poder público, se produjo un aumento en la desasistencia a la educación escolar (18.865 víctimas) y a la salud (80.496 víctimas) y la diseminación de bebidas alcohólicas y otras drogas (254 víctimas).
Violaciones graves
El impactante desprecio hacia la salud indígena es el tema de un artículo escrito por cuatro fiscales, que describe la acción coordinada del Ministerio Público Federal (MPF) en el "Día D de la Salud Indígena", celebrado el 10 de diciembre de 2012. Dos violaciones graves de los derechos que han sufrido los pueblos Mundurukú, de la aldea de Teles Pires, en Pará, y por los Guaraní-Kaiowá de Pyelito Kue/ Mbarakay, en Naviraí, Mato Grosso do Sul, ejemplifican, en el Informe, cómo tales pueblos indígenas siguen siendo considerados obstáculos para el progreso tanto para el gobierno como para el sector privado, o sea, los ruralistas.
En noviembre de 2012, en la trágica y truculenta Operación Eldorado, agentes de la Policía Federal y soldados de la Fuerza Nacional destruyeron inúmeros bienes del pueblo Mundurukú, como casas y botes. Adenilson Kirixi Mundurukú fue asesinado y el crimen permanece impune. El mes anterior, los Guaraní-Kaiowá han conmovido a Brasil con una carta en la que, desilusionados por la inminente reintegración de posesión de la zona ocupada por ellos, dijeron que lucharían por sus tierras, incluso si para eso tuviesen que morir en ellas. Erróneamente, la interpretación fue que estaban anunciando un suicidio colectivo. No fue el caso esta vez.
Sin embargo, los datos muestran que el suicidio es la causa de un genocidio silencioso en Mato Grosso do Sul. Nueve Guaraní-Kaiowá se han suicidado en 2012, de un total de 23 suicidios en Brasil. Nuevamente aquí, los datos oficiales son mucho más dramáticos, pues el Ministerio de Salud ha registrado 56 suicidios entre los Guaraní-Kaiowá en el mismo período.
Amenazas a seis grupos de indígenas aislados - Awa Guajá (MA), del Alto Envira y del Valle de Javari (CA), del área del Complejo Hidroeléctrico Madeira y Bom Futuro (RO), de la región de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el Rio Xingú y de la cuenca del río Tapajós (PA) - también aparecen en el Informe, ya que los impactos de estos megaproyectos de infraestructura hacen que la amenaza de la extinción de estos pueblos sea una posibilidad cada vez más real.
Los datos del Informe se obtuvieron a partir de los relatos y denuncias de los pueblos y organizaciones indígenas, de informaciones recogidas por los equipos de los 11 regionales del Cimi, de noticias divulgadas por la prensa, además de informaciones obtenidas por los organismos públicos que prestan asistencia a las comunidades. Hay relatos de casos en que han sufrido violencia, comunidades enteras, pero en algunas no hay el número exacto de víctimas totales, lo que demuestra que los datos del Informe son incompletos y que la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil presenta un número de víctimas aún mayor que lo que el Informe relata.
La falta de voluntad política
La baja ejecución de recursos autorizados por el gobierno federal para la implementación de las políticas públicas evidencia las situaciones donde, de hecho, no hay disposición para resolver los graves problemas que enfrentan los pueblos indígenas en casi todo el territorio nacional. Del presupuesto de casi 68 millones de reales (unos 27 millones de dólares) previstos para el saneamiento básico de las aldeas, apenas el R$ 86 mil, aproximadamente 38 mil dólares (0,13 por ciento) fue utilizado.
Para la estructuración de las unidades de salud, sólo R$ 26 mil, unos 12 mil dólares (8,70 por ciento) de los R$2,3 millones de reales liquidados (1,03). De los más de R$ 15 millones previstos para la demarcación y regularización de las tierras indígenas, fueron ejecutados sólo R$ 5,9 millones, 2,6 millones de dólares (37 por ciento). Y de R$ 1,5 millón 750 mil dólares previsto para apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades, sólo R$ 75 mil, 33 mil dólares aproximadamente (5,06 por ciento) fueron gastos en 2012.
Para la estructuración de las unidades de salud, sólo R$ 26 mil, unos 12 mil dólares (8,70 por ciento) de los R$2,3 millones de reales liquidados (1,03). De los más de R$ 15 millones previstos para la demarcación y regularización de las tierras indígenas, fueron ejecutados sólo R$ 5,9 millones, 2,6 millones de dólares (37 por ciento). Y de R$ 1,5 millón 750 mil dólares previsto para apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades, sólo R$ 75 mil, 33 mil dólares aproximadamente (5,06 por ciento) fueron gastos en 2012.
Foto: AP
Traducción: Rel-UITA
CIMI
2 de julio de 2013