Documento común de las tres centrales obreras
y del FNRP
Una nueva etapa de lucha
Hacia una sola central de trabajadores
Foto: Gerardo Iglesias
El 1 de mayo pasado, las tres centrales laborales del país (Confederación de Trabajadores de Honduras, Central General de Trabajadores y Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras) y el Frente Nacional de Resistencia Popular difundieron un manifiesto común en el que plantearon una serie de propuestas para revertir la actual situación social y económica en Honduras y ratificaron su compromiso de marchar hacia una central obrera única. La Rel transcribe lo esencial de ese documento.
A 60 años de la gran huelga de 1954, acontecimiento que cambió el destino social y político de Honduras colocándola en el siglo XX, los trabajadores y trabajadoras rendimos homenaje a aquellos que protagonizaron tan glorioso acontecimiento y a proclamar nuestro convencimiento de la necesidad urgente de alcanzar mayores niveles de unidad, organización y movilización para continuar la lucha.
Es este el mejor reconocimiento a los Mártires de Chicago, en cuyo honor se estableció el 1 de Mayo, y a los mártires de la clase obrera hondureña, que ofrendaron su vida por las grandes conquistas que obtuvimos a mediados del siglo pasado y hoy están en peligro.
Tenemos que tener presente que la riqueza social es producto del trabajo. Incluso la Constitución hondureña reconoce el trabajo como la fuente principal de la riqueza.
El capital no produce riqueza. Somos los trabajadores los que con nuestra fuerza de trabajo la producimos y es esto lo que sirve de fundamento para la lucha que libramos para mejorar nuestras condiciones de vida y labor e incluso para disputar a nuestros enemigos de clase el control del poder político que les sirve de base para garantizar la explotación a la que someten a obreros, campesinos, cuentapropistas, pequeños y medianos propietarios.
La explotación, la acumulación de capital, la división de la sociedad en clases, el patriarcado y el racismo, grandes males de la humanidad, han generado, a través de la historia del capitalismo, que unas pocas corporaciones y mafias internacionales se apoderen de las riquezas del mundo, controlen la producción, los mercados, los recursos naturales, los servicios públicos, los medios de comunicación masivos, utilizando para sus fines a los estados y los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
El poder acumulado por los capitalistas a lo largo de siglos de explotación de los pueblos ha puesto el mundo al revés y hoy, que el sistema ha entrado en una profunda crisis, obliga a los estados a hacerles concesiones: privatización de empresas públicas, entrega de bienes comunes de los pueblos (territorios, aguas, bosques, minas, espectro radioeléctrico), exoneración de impuestos, y en general la desregulación del Estado y su achicamiento.
El golpe de estado
Honduras, después del golpe cívico-militar de 2009, se ha venido deteriorando progresivamente. El Estado ya no puede cumplir sus funciones esenciales, especialmente las relacionadas con el bienestar de las grandes mayorías, porque los planes del gobierno son los planes de las transnacionales y no los del pueblo.
Lo cierto es que el Estado oligárquico hondureño, concentrado y controlado por unos pocos grupos económicos, está sumido en una profunda crisis que tratan de ocultar instrumentalizando a los grandes medios de comunicación, las jerarquías religiosas, las fuerzas armadas y la policía.
Una crisis que es estructural y que se ve agudizada por la penetración del crimen organizado y el narcotráfico.
Una dependencia cada vez mayor
Ese Estado estructuralmente debilitado ha venido perdiendo soberanía y sometiéndose cada vez más a la injerencia de la embajada de Estados Unidos.
Así lo demuestran las visitas de altos funcionarios de ese país para dictar pautas y la presencia permanente, durante las elecciones pasadas, de la embajadora de Estados Unidos al Tribunal Supremo Electoral.
El régimen actual, continuador del golpe de Estado, se ha dedicado a construir una burbuja, dentro de la cual, según él, vive un pueblo lleno de esperanzas, seguridad y optimismo por sus “acertadas ejecutorias”.
El régimen presidido por Juan Orlando Hernández fue apuntalado desde antes de las elecciones generales por los organismos financieros internacionales y gobiernos de derecha, que con sus préstamos lo han ayudado a superar algunos problemas de déficit fiscal y han avalado, de hecho, diversos actos de corrupción.
Ya se habla de que el próximo año el gobierno emitirá otros mil millones de dólares en bonos soberanos para apuntalar el presupuesto. Con todos esos préstamos vamos a alcanzar niveles de deuda interna y externa nunca antes vistos, por lo que seremos presas de nuevo del chantaje de los organismos financieros internacionales y habrá más impuestos para el pueblo.
Por otra parte, se sigue entregando el país, sus recursos y servicios públicos a través de Coalianza y las Zonas Especiales de Desarrollo, que quedarían blindadas por la Corte Suprema de Justicia si declara sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados en su contra.
Un país de fantasía que se desploma
Pero ese mundo de ficción se les derrumba poco a poco, porque pronto se cumplirán los cien días de gobierno y no tienen nada extraordinario que exhibir ante la opinión pública nacional e internacional.
Por el contrario, es visible la grave situación en que vive el 70 por ciento del pueblo y los diferentes sectores populares. Por ejemplo:
- La amenaza de despidos y destrucción de las organizaciones de los trabajadores del sector público como producto de las fusiones de instituciones del Estado y el sectarismo político.
- La precarización del trabajo, con la Ley de Empleo Temporal por Hora, que impide la sindicalización, la contratación colectiva, la estabilidad laboral y el derecho a huelga en el sector privado y público.
- La pérdida de las principales conquistas sociales del sindicato de docentes, el control de sus fondos de pensiones y aportaciones por la banca privada, la confrontación permanente con la dirigencia magisterial y la injerencia gubernamental en sus asuntos internos para la destrucción de sus organizaciones.
- La represión permanente a los campesinos que luchan por el acceso a la tierra, la falta de una auténtica transformación agraria integral y el fomento al monocultivo continúan pesando en el atraso y dependencia del país y afectando la soberanía alimentaria.
- El continuo aumento del sector informal, producto del desempleo generado por la aplicación de las políticas neoliberales, ha creado un fuerte sector de cuentapropistas sin derecho social alguno, que contribuyen a desregular y precarizar el mercado laboral.
- El incumplimiento del convenio 169 de la OIT, la criminalización y judicialización de sus luchas por la defensa de sus bienes comunes y el asesinato y encarcelamiento de varios de sus dirigentes caracteriza la situación de los pueblos indígenas y negros, enfrentados permanentemente a los proyectos extractivos, turísticos y de represas del capital transnacional, que los desplaza de sus territorios ancestrales.
- La migración forzada de miles de personas, principalmente jóvenes, continúa siendo un fenómeno social grave originado por la falta de oportunidades de empleo y educación, así como por las precarias condiciones de vida de sus familias. El gobierno no lo ataca, porque le permite recibir las remesas en dólares que sirven de sustento a la economía del país.
- El conjunto de estos problemas, a los que se suman los atentados contra la vida de jóvenes, mujeres, comunidad lésbico-gay, profesionales, dirigentes y activistas populares y de organizaciones políticas desafectas al régimen, ponen en evidencia la violación permanente de los derechos humanos como política de Estado.
Estamos completamente seguros de que esta cruda realidad no aparecerá en el informe de los 100 días del nuevo inquilino de la casa presidencial. Este deshumanizado panorama nos obliga a revisar la concepción, la estructura organizativa, la estrategia y el plan de acción del movimiento organizado de los trabajadores.
La necesidad de una central única
Este 1 de mayo marca una nueva etapa en el movimiento obrero hondureño. Sesenta años después de la huelga de 1954, las centrales obreras hemos acordado entrar en un proceso para construir una central única como garantía de fuerza para enfrentar los retos, hoy más grandes y más complejos que antes del golpe de Estado pero que, con seguridad, superaremos.
Por las razones expuestas, llamamos a la clase trabajadora a luchar junto al resto del pueblo, aglutinado en el Frente Nacional de Resistencia Popular, por:
- La refundación del Estado a través de una Constituyente como medio para empezar a transformar la sociedad.
- La desmilitarización de la sociedad y del Estado, porque la seguridad no puede reducirse sólo al resguardo de los intereses de las transnacionales, de sus socios nacionales, del sistema económico imperante y a reprimir la protesta social.
- La autodeterminación de nuestro pueblo frente al neocolonialismo como condición para lograr la justicia, la paz, el desarrollo social, económico, políy cultural.
- La sustitución del modelo neoliberal por un modelo social al servicio de las mayorías.
- La aprobaciónproyecto de ley de transformación agraria integral que revolucione las formas de tenencia de la tierra, la producción, la comercialización, el crédito agrícola y la obtención de insumos a los campesinos, para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo del agro.
- El rescate de los derechos arrebatados al magisterio y la no injerencia estatal en sus asuntos.
- La derogación de las leyes que atentan contra las conquistas sociales, económicas, culturales, educativas, políticas, y aquellas que atenten contra la soberanía nacional, las libertades democráticas y nos hacen más atrasados y dependientes.
- El combatetoda forma de impunidad y corrupción.
- El cumplimiento de los convenios de la OIT referidos a libertad sindical, contratación colectiva, derecho a huelga, seguridad social, el Convenio 169 y el tripartismo.
- El respeto a la vida y los derechos humanos.
- Soluciones estatales alternativas al problema energético y la implementación de medidas para regular el uso y el precio de los combustibles.
- El mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo que incluya la elevación de los salarios y el fortalecimiento del sector social de la economía.
- El acceso al empleo permanente y bien remunerado y a los servicios públicos.
- La implementación de una política salarial, monetaria, crediticia y fiscal que redistribuya el ingreso y la riqueza e impulse el desarrollo de las fuerzas productivas.
- La unidad e integración con todos los países de la región latinoamericana.
- La derogación, de la ley de empleo por hora, por inconstitucional e inhumana.
- La renacionalización de los servicios públicos privatizados. El respaldo al recurso de inconstitucionalidad para la no municipalización ni privatización del agua.
Centrales Sindicales hondureñas y el FNRP
5 de mayo de 2014