Eusebio Ka'apor, de 42 años, asesinado el 26 de abril en Alto Turiaçu (MA), lideraba, junto a otros indígenas, acciones de protección y fiscalización del territorio que culminaron con el cierre de todos los focos de explotación de madera ilegal en las TI. Eusebio era uno de los nombres en la “lista de ejecución” de los empresarios madereros.

El agente indígena de Salud Adenilson da Silva Nascimento, de 54 años, de la TI Tupinambá de Olivença (BA), fue asesinado el 1 de abril por tres hombres armados que le dispararon también a su esposa, Zenaildes, que sobrevivió. La pareja estaba acompañada por su hijo de un año y una adolescente de quince.

El 3 de abril Gilmar Alves da Silva, de 40 años, se dirigía en moto a la aldea Pambú, del pueblo Tumbalalá (BA), cuando un coche le interceptó. Gilmar recibió una ráfaga estando caído.

El Cimi exige de las autoridades federales, que hasta el momento no se han dado por enteradas de estos hechos, que investiguen los crímenes. Para la organización, se trata de asesinatos selectivos, derivados de un proceso de incitación al odio contra las poblaciones indígenas intensificado en los últimos dos años.

A finales de 2013, organizaciones vinculadas a los intereses del agronegocio en Mato Grosso do Sul, así como los políticos de la bancada ruralista, promovieron la denominada “subasta de la resistencia”, que ha recaudado cerca de un millón de dólares con la finalidad de “luchar contra los indios”.

El dinero fue incautado por la justicia.

El mismo año los parlamentarios Luiz Carlos Heinze (PP-RS) y Alceu Moreira (PMDB-RS) no solo declararon que “quilombolas, indios, gays, lesbianas” son “lo peor que hay” sino que también instaron a la población de Vicente Dutra (RS) a contratar guardias de seguridad privados para desalojar a los indios de su territorio. “Reúnan multitudes y expúlsenlos de la forma que sea necesaria”, dijo Alceu Moreira.

El secretario ejecutivo del Cimi, Cleber Cesar Buzatto, recordó que en 2014  el  Ministerio Público Federal y la Policía Federal habían establecido que una organización criminal estaba operando en los estados de Mato Grosso do Sul, Bahía, Maranhão y Goiás con el fin de invadir tierras indígenas.

“Los tres asesinatos están dentro de la zona de operaciones de esta organización criminal, la misma que patrocina la PEC 215/00 y hace lobby en los poderes de la república”, destacó Buzatto.

El dirigente del Cimi recordó que el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas fue favorecido por la paralización de los procedimientos de demarcación de tierras y por omisiones del gobierno en cuanto a la protección del territorio indígena, así como por decisiones de la justicia.

Buzatto remarcó que el odio y el prejuicio contra los pueblos indígenas han sido alentados por los “principales representantes de la bancada ruralista” en el Congreso con el fin de promover normas como la PEC 215, profundamente contraria a los intereses de las comunidades originarias.

“Este método se intensificó a partir de 2013 y, en nuestra evaluación, los tres asesinatos tienen directa relación con este proceso”, dijo.

El Cimi propone retomar las demarcaciones de tierras, archivar las propuestas de leyes anti-indígenas en el Congreso y revisar, por parte del Poder Judicial, las decisiones contrarias a los derechos territoriales de los pueblos originarios.

El documento fue entregado a todas las instituciones estatales que tienen que ver de alguna u otra manera con la problemática indígena, así como a embajadas y delegaciones extranjeras.