Pero las ventas podrían ser ilegales ya que habrían violado leyes que protegen al minifundio estableciendo límites a la cantidad de acres de tierras de concesión estatal que pueden ser adquiridas por un único comprador individual. Las ventas han sido vistas con malos ojos en Colombia, donde la falta de acceso a tierras por parte de pequeños agricultores fue uno de los factores que contribuyó a la formación de la guerrilla y a desatar una guerra interna que se extendió por casi medio siglo.

A raíz de investigaciones realizadas por la organización de desarrollo Oxfam y legisladores colombianos se reveló que Black River Asset Management, una subsidiaria colombiana de Cargill, estableció 36 sociedades fantasmas para que efectuaran decenas de compras de pequeñas extensiones de tierra que tomadas individualmente no violan el límite legal.

Como resultado final de estas transacciones, según las investigaciones, Cargill es ahora propietaria de 129.857 acres en el departamento oriental de Vichada, donde la compañía tiene cultivos de maíz y soja.

“Se trata de una maniobra ilegal,” el senador colombiano Jorge Robledo declaró a TIME. “Es obvio que Cargill utilizó estas empresas como fachada para esconder el hecho de que las propiedades tomadas en su conjunto conformarían enormes latifundios.”

Para agravar la controversia, Cargill fue asesorada jurídicamente en las adquisiciones por Brigard & Urrutia, un estudio jurídico de Bogotá cuyo accionista principal y socio director es Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington. Luego de ser designado para el cargo diplomático el año pasado, Urrutia dejó su cargo en el estudio jurídico y vendió sus acciones pero estaba todavía en Brigard & Urrutia entre 2010 y 2012 cuando se gestionaron las compras de Cargill.

Wilson Arias, legislador de la oposición que ha denunciado compras cuestionables de tierras, ha pedido la renuncia de Urrutia.

Urrutia, allegado cercano al presidente colombiano Juan Manuel Santos, se negó a hacer declaraciones. En un comunicado enviado por correo electrónico a TIME, Cargill afirmó que la compañía y sus subsidiarias colombianas operan “conforme a un conjunto de principios éticos que incluyen el respeto por las leyes de todos los países en los que tenemos actividades comerciales.” La declaración de Cargill no confirma ni niega si la compañía es efectivamente propietaria de las tierras en cuestión.

Cargill es uno de varios pesos pesados empresariales, entre los que se encuentran la compañía productora de azúcar más grande de Colombia, Riopaila Castilla, y Grupo Aval, un grupo empresarial de la banca y la industria constructora, que han estado en la mira debido a la adquisición de enormes extensiones de tierras fiscales de los departamentos de Meta y Vichada que fueron entregadas a campesinos.

Conocidas como llanuras altas, estas zonas tienen poco desarrollo vial y están escasamente pobladas y durante muchos años estuvieron controladas por traficantes de drogas y guerrillas marxistas. Igual que los pioneros que fueron impulsados a poblar el oeste estadounidense, los campesinos colombianos están siendo estimulados a establecerse como colonos en tierras fiscales baldías.

En muchas zonas de Colombia, la pequeña agricultura es más productiva que los grandes latifundios, pero en las llanuras altas aisladas los campesinos carecen de fondos para invertir en la mejora de suelos que son muy ácidos y además encuentran muchos obstáculos para colocar sus productos en el mercado. No es sorprendente que estuvieran más que dispuestos a vender estas tierras.

“Cada uno de estos agricultores recibió más de mil millones de pesos,” Francisco Uribe, uno de los abogados de Brigard & Urrutia que ayudó a Cargill y Riopaila Castilla a concretar las compras, informó al semanario de Bogotá Semana. Eso equivale a cerca de US$ 525.000 — aunque el Diputado Arias insiste en que muchos agricultores recibieron mucho menos que eso.

Ahora que los grupos guerrilleros marxistas están debilitados por una ofensiva militar y por el fortalecimiento de la seguridad, las autoridades colombianas están promoviendo la agricultura en la región. Con el fin de facilitar las exportaciones en el marco de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, se han comprometido a drenar ríos y construir caminos y puentes.

El objetivo es extender la agricultura en toda la zona con plantaciones de palma africana, maíz, soja, caucho y otros cultivos, en forma similar al cerrado (llanuras altas tropicales) de Brasil que pasó de ser una zona ignorada para convertirse en la principal zona de producción agroalimentaria del país.

“Vamos a transformar a las llanuras altas en una potente fábrica agrícola,” afirmó el presidente Santos en un discurso de 2011. Para impulsar ese proyecto, Santos trató de flexibilizar las estrictas normas que rigen la venta de tierras cedidas a colonos, argumentando que dichas normas suponían un obstáculo para el desarrollo económico.

Pero el año pasado esa reforma fue declarada inconstitucional y produjo una pérdida de más de US$ 1.000 millones en inversiones agroindustriales prometidas, según informó Semana.

El entusiasmo de Santos por la agricultura empresarial se dio de frente también con la campaña de su gobierno para pacificar el campo y combatir la desigualdad. El reclamo de tierra de los campesinos en la década de 1960 contribuyó a la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo armado más grande del país.

El conflicto ha expulsado a casi 4 millones de colombianos de sus tierras y muchos perdieron sus propiedades a manos de especuladores y traficantes, lo cual ha contribuido a una injusta distribución de la tierra.

Un informe reciente de las Naciones Unidas indica que un uno por ciento de la población concentra el 52 por ciento de la tierra en Colombia, factor que, entre otros, hace que Colombia sea uno de los países con mayor grado de desigualdad del mundo.

Las FARC y el gobierno están negociando un acuerdo de paz en Cuba y en el caso de que tenga éxito ambos lados han acordado establecer un fondo común de tierras agrícolas. Millones de acres adquiridas ilegalmente o subutilizadas se volcarían a ese fondo común para ser luego redistribuidas a campesinos sin tierras y desplazados por el conflicto.

Pero dada la tibia respuesta del gobierno al escándalo sobre la adquisición de tierras por parte de Cargill y otras empresas, Arias y otros críticos ponen en duda que el gobierno esté realmente comprometido con una reforma agraria y con ayudar al pueblo.

Aunque varios organismos y autoridades gubernamentales han calificado de ilegales a estas compras de tierra, parecen estar dispuestos a permitirlas.

“Es un problema muy complejo porque no queremos ahuyentar a los inversores,” declaró el mes pasado el ministro de Agricultura Francisco Estupiñan en un programa radial de Bogotá. “No sería una buena idea que el gobierno se apareciera de repente con una topadora y empezara a desmantelar todo para devolverle las tierras a los campesinos.”