Con un esquema muy parecido al del caso de Riopaila Castilla dirigido por Brigard & Urrutia, la trasnacional norteamericana Cargill adquirió en el Vichada casi 40 mil hectáreas de las que no podía apropiarse, porque son tierras reservadas por la ley para campesinos.

 

Para intentar ocultar que violaba el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, Cargill también constituyó 26 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las cuales compraron, al menos, 30 predios.

 

Esta operación ilegal la organizó Cargill a través del fondo Colombia Black River, con sede en Delaware (paraíso fiscal), que aparece como el único accionista de las 27 SAS. Y todas ellas tienen como representante legal a Juan Aquilino Pérez.

 

Los documentos inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá, al igual que los certificados de libertad y tradición que reposan en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño (Vichada), demuestran de manera irrefutable la ilegalidad de las adquisiciones por parte de Cargill, porque su origen son tierras baldías del Estado escrituradas a campesinos por planes de reforma agraria.

 

En la página web de Brigard & Urrutia, en la parte dedicada al abogado Francisco Uribe Noguera, el mismo que orientó a Riopaila Castilla, dice: “Casos de éxito: Black River Colombia Agro, transacción: proyecto agroindustrial, 2011”, año en el que el principal accionista y cabeza de la firma era Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington.

 

El senador Jorge Enrique Robledo respaldó la idea del Representante a la Cámara Wilson Arias de que Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington, debe renunciar.

 

Constituye una vergüenza, concluyó el senador del Polo Democrático Alternativo, que Cargill, una de las trasnacionales agrícolas mayores del mundo, se venga Colombia a impulsar la extrajerización de las tierras del país y lo primero que haga sea violar la Constitución y la ley, para despojar de las tierras a los campesinos.