Dinamarca, Holanda, El Salvador y Bermudas, así como municipalidades de España y Canadá, han prohibido total o parcialmente el uso del glifosato desde que en marzo una agencia de la OMS, la IARC, dictaminó que incluso utilizado en dosis más pequeñas que las empleadas en la agricultura esa sustancia puede ser altamente nociva para la salud humana.

En Colombia, a su vez, el gobierno prohibió recurrir al glifosato para fumigar las plantaciones de coca que pretende erradicar, como se venía haciendo hasta ahora, y está estudiando el empleo de medios alternativos.

Y en Argentina, uno de los graneros mundiales de soja transgénica, tratada habitualmente con el Roundup, el herbicida resistente al glifosato fabricado por Monsanto, unos 30.000 médicos firmaron una petición para reclamar el cese de su utilización.

En Puerto Rico, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago Negrón presentó a su vez esta semana un proyecto de ley para prohibir el glifosato, usado en su país no sólo en la agricultura sino para desyerbar caminos y carreteras en varios municipios.

“Es inconcebible que el Estado permita y sea uno de los principales promotores del uso de un herbicida  al que se ha vinculado a problemas de salud como cáncer, infertilidad, neurotoxicidad, problemas reproductivos, defectos de nacimiento, inflamación del cerebro asociada con el autismo y la enfermedad de Alzheimer, entre muchos otros”, dijo la legisladora.