La denuncia será presentada por la Federación de Cooperativas Federadas, la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica.

 

“Monsanto ha diseñado un nuevo modelo de negocios a través de un sistema de producción y comercialización para una nueva especie de soja (Intacta) que impone condiciones restrictivas a la competencia en su comercialización, procesamiento y acopio, asignando funciones y tareas de fiscalización y retención a determinadas empresas semilleras, las que deben reputarse como claramente abusivas”, puede leerse en la denuncia.

 

El contrato privado que Monsanto obliga a firmar a los productores establece quiénes deben ser los proveedores de semillas y con qué acopios y exportadores operar.

 

También legitima el pago de “regalías extendidas”, que impide el ejercicio del “derecho de uso propio” de la semilla. En la presentación se le solicita a la CNDC una medida cautelar para que Monsanto frene la firma de estos contratos.

 

 “El uso de la tecnología Intacta estará limitado al territorio (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis). Para extender la geografía habrá que pedir autorización a Monsanto. Únicamente aquellas personas físicas o jurídicas que hayan optado por participar del sistema y lo cumplan podrán sembrar soja con la tecnología Intacta y venderla a los exportadores que participen del sistema”, agrega el documento de la multinacional.

 

 

Estos son algunos de los condicionamientos establecidos por Monsanto en su nuevo contrato, que ya fue rubricado por aproximadamente 73.000 productores.

 

“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido y regulado por Monsanto, que tiene la capacidad de determinar quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no, regulando así la totalidad de la cadena”, explicó Salvador Darío Bergel, abogado patrocinante de la denuncia, quien conversó con Página/12 en el quinto Congreso Nacional e Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas.

 

Los únicos semilleros autorizados para comercializar la nueva soja de Monsanto son Nidera, Asociados Don Mario Sociedad Anónima y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad vinculada a Coninagro. Entre las dos primeras, concentran el 80 por ciento del mercado de semillas. También puede participar la empresa Asgrow, que es propiedad de Monsanto.

 

 

En función del contrato denunciado, los productores deberán pagar una regalía extendida de 14 dólares por bolsa de semillas.

 

 

“Al entregar la soja al acopiador deberá probar que pagó el canon según un cálculo que determinará cuánta semilla se necesitaba para lograr la cosecha que se vende. Por ejemplo, si la cosecha es producto de 100 hectáreas, deberían haberse utilizado 300 bolsas de semillas, a 14 dólares de canon por bolsa, el abono sería de 4.200 dólares. Si no se demuestra el pago, Monsanto lo podrá descontar del precio de venta”, indicaron los denunciantes en el texto que presentarán ante la CNDC.

 

Con el esquema de regalías extendidas que intenta imponer Monsanto, un productor debería pagar no sólo por el uso de la semilla, sino que podría ser obligado a pagar un canon por la producción porcina que haya sido alimentada con esa soja.

 

 “Con la excusa de la tecnología Monsanto quiere imponer condiciones a los multiplicadores y productores. Un agricultor no puede disponer de la soja Intacta que no sea segregada de otra soja. Es decir, a partir de estos contratos surge una nueva especie, la soja por un lado y por otro la Intacta, y no se pueden mezclar. Y, obviamente, el producto no puede entregarse a quienes no estén dentro del sistema Monsanto, una imposición que cierra todo el esquema”, argumentó Aldo Casella, especialista en legislación agropecuaria.

 

En Argentina existen aproximadamente 800 pequeñas y medianas empresas que se dedican a multiplicar semillas, pero con el nuevo esquema propuesto por la multinacional sólo unos pocos podrán comercializarla.

 

 

“Quienes opten por multiplicar variedades de la empresa Monsanto no podrán hacerlo de otros criaderos (de semillas), lo cual gradualmente los irá transformando en empleados de la multinacional”, agrega la denuncia.

 

El contrato especifica que los productores solamente podrán operar con los acopiadores designados por la propia Monsanto, quienes a su vez sólo podrán operar con los exportadores también determinados por la multinacional.

 

“No hay registros en la oficina de propiedad intelectual que Monsanto haya patentado esta innovación. A su vez, tampoco la ampara ningún derecho para establecer semejantes cláusulas en un contrato privado. Sólo su posición dominante y de presión le permite hacer semejante contrato, que se choca de lleno con la ley de defensa de la competencia”, agregó Casella.

 

Si bien Monsanto obtuvo en varios países el derecho de patente sobre la construcción genética que brinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta, no ha ocurrido lo mismo en Argentina. Es decir, la empresa obtuvo autorización para comercializar esta variedad de soja por parte del Ministerio de Agricultura, pero no existe registro de su patente en el país.

 

Por eso, además de solicitar una medida cautelar para frenar la suscripción de estos contratos, los denunciantes también reclaman que sea librado un oficio al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para determinar si Monsanto tiene derechos exclusivos sobre la soja Intacta, bajo la sospecha de que la transnacional impone su posición dominante, sin contar con una patente exclusiva.