Ituzaingó es un barrio de trabajadores poblado por 6.000 personas, muchas de las cuales son víctimas de múltiples enfermedades, cáncer incluido, desde que la soja invadió la zona.  

Gatica es parte de un campamento que bloquea los ingresos a la megaplanta que Monsanto está construyendo en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

-¿Cuánto tiempo llevan con esta lucha?
-El 18 de septiembre vamos a cumplir tres años. Es un bloqueo a una de las multinacionales más grandes del mundo, que trae maíz transgénico y juntamente con eso al agroquímico para tratarlo, que fumigan sobre la gente.  

Monsanto no opera sólo en Argentina, también en Paraguay, Uruguay, Brasil, en todos lados. En Ituzaingó tenemos 33 por ciento de la población con tumores o cáncer y el 80 por ciento de los niños con agroquímicos en la sangre.

Empezaron a nacer chiquitos con malformación, sin un maxilar, con falta de huesos en la cabeza, con seis dedos, muchas personas con cáncer, con leucemia linfática aguda, tumores en la cabeza, en la columna. Estamos hablando de poblaciones enteras enfermas.

-Y este modelo lo imponen a palos…
-Sí, nosotros en el acampe hemos recibido palos, balas, y muchas veces fuimos hospitalizados por los golpes que nos dan, porque les pagan a gente para que nos vengan a desalojar.

Nosotros no permitimos la entrada de camiones al predio y estamos bloqueando sus cinco entradas. Una vez entraron a la siete de la mañana y golpearon a los compañeros, ocasionándoles quebraduras.

-¿Lograron entonces su cometido?
-Los camiones entraron esa vez al predio de Monsanto, dejaron materiales, pero no pudieron salir. Volvimos a bloquear esa entrada con todos los camiones adentro y les dijimos que no iban a salir hasta que no sacaran todo lo que habían ingresado.

-¿Tiene permiso Monsanto para instalarse en la zona?
-Ellos están ilegalmente. Un estudio de impacto ambiental les dio mal, y además hay un amparo judicial que dice que no pueden ingresar nada, o sea que hasta que no estén en regla no pueden instalarse.

Acá el gobierno trabaja para las corporaciones. Más allá de que Monsanto consiga un estudio de impacto ambiental que le dé bien, nosotros no vamos a permitir que funcione la planta porque atenta contra nuestra vida.

El 30 de diciembre un fiscal determinó que debíamos abrir las puertas, dejar un espacio para que puedan entrar personas y cosas, o sea para que entre personal de seguridad y de limpieza.

Lo llevamos a votación en la asamblea y se decidió no dejar entrar nada ni a nadie, y pese a que nos dieron 24 horas para desalojar el predio esa orden no se llevó a cabo. El fiscal se fue de vacaciones y dejó el tema a otros, que no quisieron hacerse cargo de una orden que no dieron.

-¿Cómo ha operado la justicia en este caso?
-La justicia rara vez está a favor de la gente. En Barrio Ituzaingó contaminaron a más de 5.000 habitantes con agroquímicos y a los responsables apenas les dieron tres años de prisión con tareas comunitarias.

La justicia no es para el pobre, para el que se enferma, es para quienes tienen más plata y poder.

El gobierno quiere hacer una consulta popular, porque Monsanto donó tierras, tanques para el agua, asfaltó calles, y la gente obviamente votaría por necesidad.

-En el acampe hay muchísimas organizaciones…
-Sí, se retiró una pequeña, los Autoconvocados, pero el resto, como las Madres de Ituzaingó, Malvinas Lucha por la Vida - Línea Fundadora, seguimos.

Los ojos del mundo están observándonos. Vamos a sostener esta medida porque un pueblo chico puede ir en contra de una corporación.

A veces la gente tiene miedo porque dice que ellos son poderosos. Nosotros decimos que no, que es el pueblo es el que manda.

La única forma de que las cosas cambien es actuando, que el pueblo se levante y defienda sus derechos, que haya igualdad para todos.