La denuncia de la contaminación fue formulada en octubre por productores apícolas del departamento de Canelones, y esta semana se supo que el responsable fue una bodega, Rosés Hermanos, cuyos propietarios habían negado el acceso a sus viñedos a funcionarios del Ministerio de Ganadería y Agricultura (MGAP).

Las inspecciones en ese predio debieron ser realizadas por orden judicial. Los funcionarios del MGAP comprobaron que Rosés estaba recurriendo al uso del fipronil.

Intoxicaciones similares habían sido denunciadas y constatadas ya en 2021, cuando productores apícolas perdieron más de 600 colmenas, diezmadas también por fipronil.

Los productores de vino de la zona saben que no pueden emplear ese tipo de productos, pero igual los utilizan porque las multas que el Ministerio les impone no los disuaden de hacerlo, dijo al cotidiano La diaria Estela Santos.

Santos es investigadora del Laboratorio de Entomología y Etología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, pero también apicultora e integrante del Grupo Apícola Villanueva.

“No es sólo un daño al apicultor, es mucho más grave. El apicultor se entera porque tuvo un problema con su colmena, pero nos está dando señales de que están muriendo todo tipo de insectos que pasan por esa quinta. Avispas, controladores biológicos; nadie los está observando, nadie los mide, nadie lo comenta. Realmente hay un problema ambiental”.

Algunos de los apicultores damnificados en octubre (Santos está entre ellos) viven únicamente de la producción de miel, por lo que se vieron muy afectados en sus ingresos por la contaminación.

“Cuidamos todo un año para mantener la colmena viva y que nos dé la miel una vez, en primavera-verano, que es cuando hay muchas flores y la abeja trabaja sobre ellas. Perdimos toda la cosecha, nos quedamos sin el rédito económico”, denunció.

La sequía que está pegando duro en todo el Cono Sur latinoamericano contribuyó a que no pudieran recuperar la totalidad de las 200 unidades productivas que perdieron.

Ninguno de los productores afectados ha sido indemnizado.

Pese a todas las dificultades, los apicultores no están dispuestos a abandonar su actividad, como muchos les aconsejan, resignados a que “no se puede” hacer nada contra otros productores que “no entienden que pueden trabajar con buenas prácticas, para que nadie se vea perjudicado”, dice Santos.

“Es inaudito que esos productores todavía sigan optando por prácticas que no son amigables con el ambiente, que no son amigables con otros medios de producción”, concluyó.

El fipronil es uno de los agrotóxicos más letales para las abejas, así como para peces y aves.

En muchos países está prohibido, pero en otros se usa habitualmente en el tratamiento de los cultivos de soja, caña de azúcar, mandioca. En Uruguay está prohibido hace casi una quincena de años, pero se lo emplea, fundamentalmente en los campos sojeros, ante la ausencia de controles o las débiles sanciones aplicadas.

En 2021 en Costa Rica, y en 2022 en algunos estados de Brasil fueron formulados pedidos para poner a ese insecticida en la lista negra.

La Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura (CNFA) de Costa Rica presentó al gobierno central de ese país una solicitud para dejar de fabricar, importar, almacenar y comercializar cualquier producto que contenga ese principio activo, al igual que su transporte, reempaque, reenvasado, anuncio, manipulación y mezcla y su cancelación del registro.

“No podemos permitir que se sigan dando intoxicaciones masivas de abejas a causa de un producto que ya ha sido prohibido en muchos países”, dijo en aquellos momentos a La Rel Juan Bautista Alvarado, presidente de la CNFA.

En 2020 se registraron en Costa Rica unos 30 eventos de intoxicación masiva de abejas, que dejaron en promedio 3 millones de abejas muertas por evento, unas 250 mil al día.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) concluyó que en nueve de cada 10 muestras analizadas tras esos casos de contaminación, la molécula que se encontró en las abejas muertas fue Fipronil.

Hay que tener en cuenta que Costa Rica tiene una altísima población de abejas (más del 4 por ciento del total mundial).

“Vivimos bajo una nube de veneno y esto no puede permitirse más. Debemos migrar hacia otro sistema, otro modelo de desarrollo sostenible e integral”, dijo también Alvarado.

En Brasil, la Asamblea Legislativa del estado de Paraná comenzó a tratar el año pasado un proyecto de ley para prohibir la aplicación del principio activo fipronil.

Tanto en ese estado como en otros del país que son fuertes productores de miel, como el de Santa Catarina, se ha comprobado que la alta mortandad de abejas constatada en los últimos años se debe al uso de agrotóxicos, en especial el fipronil.

Santa Catarina es el tercer mayor productor de miel en Brasil, y el estado de ese país que más exporta, sobre todo hacia Estados Unidos y Europa, que adquieren ese producto porque está certificado como orgánico.

Perder esos mercados para los apicultores puede equivaler a la ruina, y para la humanidad perder las abejas puede llegar a ser una catástrofe de la que aún no se tiene la dimensión real.