“Desde que cayó la dictadura, en 1985, han pasado siete gobiernos de todos los colores y sólo se han recuperado cuatro cuerpos de los más de 200 desaparecidos y hay apenas unos pocos militares y civiles responsables de esos crímenes en prisión”.
Las palabras de Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, resumen la opinión de todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos del país.
La consigna que presidió la 23 edición de la Marcha del Silencio, que se realiza todos los 20 de mayo desde 1996, recogió esa constatación. “La impunidad es responsabilidad del Estado, ayer y hoy”.
“Fue la misma consigna que el año pasado, porque nada ha cambiado, y si seguimos así pasarán décadas para que se sepa qué pasó con los desaparecidos, y por supuesto no habrá castigo alguno y los genocidas se habrán salido con la suya”. Insiste Errandonea.
El panorama es bastante desolador.
El Poder Ejecutivo no obliga a las Fuerzas Armadas a que revelen lo que saben, las más altas autoridades de la justicia se niegan a considerar delitos de lesa humanidad las desapariciones y los asesinatos cometidos bajo el terrorismo de Estado, el parlamento no reacciona.
“No hay voluntad política de que las cosas cambien, y los gobiernos progresistas que se sucedieron desde 2005 muy poco han hecho para revertirlo. De hecho, por negligencia, omisión, desidia o acción concreta han consolidado la impunidad”, dice el abogado Pablo Chargoñia.
Integrante del Observatorio Luz Ibarburu, que patrocina decenas de causas de violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles y militares durante la dictadura, Chargoñia cree que “el Estado uruguayo en su conjunto es un Estado impunidor”.
Los gobiernos centroizquierdistas del Frente Amplio “han multiplicado estructuras con el supuesto cometido de investigar, pero no las han dotado de las potestades suficientes ni del presupuesto suficiente para que lo hagan”, dice Errandonea.
A menudo esas estructuras son cáscaras vacías. “Las investigaciones han seguido quedando en manos de privados -organizaciones humanitarias, periodistas- o de unos pocos integrantes del Poder Judicial”.
La Agrupación de Madres y Familiares se retiró recientemente de uno de esos organismos, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVV), creado por la Presidencia de la República, al considerar que permanecer allí equivalía a avalar la inacción.
En una declaración previa a la Marcha, el coordinador del GTVV, Felipe Michelini, admitió que lo que está haciendo actualmente el sistema judicial es “legalizar la tortura al negar a las víctimas la investigación judicial correspondiente”.
La justicia no sólo se ha convertido en cómplice objetiva de los represores. También ha desacatado sentencias internacionales que obligan al Estado uruguayo a investigar y sancionar, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 condenó al país por no hacer justicia en un caso emblemático, el de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
“Los otros poderes del Estado deberían haber actuado para hacer que la justicia cumpliera esa sentencia, porque el que estaba quedando en mala posición era el Estado en su totalidad”, considera Chargoñia.
Pero nada pasó.
Sí actuó en cambio la justicia para otorgar prisión domiciliaria “por razones humanitarias y de edad” a la mayor parte de los poquitos genocidas detenidos (una decena), y ni siquiera controló que la cumplieran.
Numerosos han sido los represores que supuestamente estaban confinados en sus domicilios y que fueron vistos paseándose tranquilamente por las calles.
“Hay fiscales sensibles a estos temas y jueces que desafían a la Suprema Corte, pero son muy pocos. Se ha creado también una fiscalía especializada en temas de derechos humanos vinculados con el pasado reciente, pero con escaso presupuesto y colaboradores”, señala Chargoñia.
Esa nueva fiscalía ordenó esta semana el comienzo de excavaciones en un cuartel en busca de restos de desaparecidos.
“Es un paso adelante, que hay que apoyar, pero si la fiscalía especial no es reforzada se verá imposibilitada de abarcar los más de 300 expedientes abiertos y los muchos casos todavía no judicializados”, subraya el abogado.
Errandonea apunta: “en cualquier caso criminal común, los jueces investigan, la policía investiga, no se espera que la información la brinde de buena gana el criminal. En estos parece que sí, y en esa estamos hace 40 años, esperando no se sabe qué.
Y concluye: “Ojalá que el 20 de mayo de 2019 podamos decir que el escenario es otro. Lo que se está viendo hoy no es muy alentador”.