Aún falta tiempo para que se conozca la resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodeco), sobre la compra de tres frigoríficos de Marfrig por parte de Minerva Foods en Uruguay.

El negocio, que se encuentra siendo evaluado, forma parte de un acuerdo más amplio que implica la venta de 16 plantas frigoríficas por unos 1.500 millones de dólares. Once se encuentran ubicadas en Brasil, tres en Uruguay, una en Argentina y otra en Chile.

La Coprodeco, encargada de analizar la operación en Uruguay, deberá expedirse respecto a si el control de la mitad del mercado cárnico —que detentará la empresa si se concreta el negocio— puede derivar en una posición dominante que afecte a productores, trabajadores y consumidores.

Una vez la comisión se expida, deberá ser el Poder Ejecutivo quien tome la decisión final respecto al negocio. Sobre ello, a principios de este mes, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que, si el dictamen de la comisión es contundente, él lo seguirá. Aunque agregó que “si el día de mañana su dictamen es una zona gris habrá discrecionalidad por parte del gobierno”.

Aún no se sabe con certeza qué camino seguirá el gobierno, pero todo parece indicar que se buscaría un punto medio. Mientras el proceso continúa, productores ganaderos y vendedores de carne han levantado la voz, dando cuenta de los impactos negativos sobre toda la cadena.

Conocida la noticia de la operación, a fines del año pasado, las gremiales que nuclean a los productores ganaderos manifestaron su enérgico rechazo.

En una nota del semanario Brecha, Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, sostuvo que el acuerdo “no le va a hacer bien al mercado”, ya que un solo actor tendrá poder de compra sobre la producción de “siete millones de hectáreas ganaderas”.

En la misma nota, Fernando López, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, agregó que les preocupaba “cómo puede afectar la transparencia de las transacciones que una empresa tenga el 45 por ciento de la faena y el 65 por ciento de la capacidad instalada”.

Desde entonces, estas gremiales, junto a la Federación Rural, han mantenido una actitud proactiva en presentar los impactos de la operación frente a la comisión evaluadora. A ellas se sumó la Unión de Vendedores de Carne. En caso de que se concrete la operación, “se va quedando rehén del mercado”, dijo Hebert Falero, presidente de la gremial, entrevistado en el programa Valor Agregado de radio Carve.

Por fuera de las gremiales el tema también genera preocupación entre los productores independientes. Desde mediados de diciembre, un conjunto de productores rurales viene juntando firmas a través de la plataforma Change.org, con una petición llamada “La amenaza inminente de Minerva Foods y la necesidad de proteger nuestro sector”. La petición ya lleva más de 2.600 firmas.

Desde que comenzó a evaluarse la operación, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia ha recibido a las gremiales de productores pero no a los trabajadores de la industria, quienes también se verían afectados de concretarse el negocio.

Recién el próximo jueves 22 de febrero los trabajadores serán recibidos por primera vez, luego que la Secretaría Regional de la UITA realizara los contactos que propiciaron la reunión.

Consultado por La Rel, Martín Cardozo, presidente de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines (FOICA), adelantó que en la instancia los trabajadores plantearán la preocupación por la falta de exigencias a las empresas en este tipo de transacciones.

“No hay ningún inciso o artículo que hable de las condiciones y la protección de los trabajadores”, ejemplificó el presidente de FOICA. Y agregó: “Con esto apuntamos a las reestructuras sobre las plantillas, los salarios y las condiciones de trabajo que se dan en estos grandes movimientos”.

Según Cardozo, la posición de la FOICA es más de expectativa que resolutiva y ante la comisión expondrán los elementos de mayor inquietud. Principalmente en lo que tiene que ver con el mecanismo sistemático de rotación entre las plantas y el abuso que hacen del subsidio por desempleo.

“Una herramienta que peleamos y conseguimos los trabajadores y ahora es utilizada en nuestra contra, porque si la empresa no llega a sus objetivos negociando, te hunde en el seguro y lo usa como estrategia para terminar acordando lo que ellos pretenden”, concluyó.