Este martes 11, ambas compañías emitieron comunicados donde señalan que han solicitado nuevamente a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) que autorice la operación, rechazada por este organismo en dos oportunidades.

El principal argumento de la CPDC para rechazar el negocio fue que, con la adquisición de otras tres plantas ─Minerva ya posee cuatro frigoríficos en el país─ la empresa alcanzaría una posición dominante en el mercado bovino uruguayo.

El análisis del organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, fue que esta operación impactaría sobre los mercados de compraventa de ganado bovino con destino a faena, y de compraventa de carne vacuna.

Además, le otorgaría a Minerva mayor poder para negociar con los productores y la concentración pondría en riesgo la permanencia en el mercado de los frigoríficos de pequeño porte, para los que sería imposible competir con el gigante cárnico.

La nueva propuesta de Minerva es que se cierre lo que ellos denominan Operación Uruguay tal cual fue pactada, es decir adquiriendo los frigoríficos La Caballada en Salto, Inaler en San José y Establecimientos Colonia, en Colonia, pero con el compromiso de vender este último a un grupo de capitales indio (Allana Group).

La transacción, iniciada en agosto de 2023, forma parte de un acuerdo mayor que involucra a otras 13 plantas (11 en Brasil y otras dos en Argentina y Chile).

En Brasil, luego de un año de análisis, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó la compra de los activos de Marfrig por Minerva, con una serie de recomendaciones.

Una de esas condiciones era que Minerva enajenara la planta de Pirenópolis, en el estado de Goiás, antes controlada por Marfrig y parte del contrato de compraventa, estrategia similar a la presentada este martes ante la CPDC uruguaya.

Según aseguraron a un medio local fuentes allegadas a la negociación, el precio la venta de las tres plantas de Marfrig a Minerva sería de alrededor de 150 millones de dólares.

La CPDC deberá entonces pronunciarse ante esta nueva solicitud que compromete la soberanía de un sector fundamental para la economía nacional.

Para los trabajadores y trabajadoras de la industria, si se llegara a aprobar la operación la incertidumbre pasa por el impacto que pueda tener en el margen ocioso que ya aplica Minerva en sus cuatro plantas.

“Nos preocupa el mecanismo que usan estas transnacionales para garantizar sus márgenes de ganancia a través del subsidio por desempleo, rotando la actividad entre sus unidades”, recordó Martín Cardozo, presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), afiliada a la Rel UITA.

“Recientemente, el frigorífico BPU estuvo casi 7 meses con sus trabajadores en el seguro de paro, y años atrás pasó algo similar con el frigorífico Canelones. Ambos son propiedad de Minerva. Si con cuatro plantas la transnacional no puede asegurar una actividad permanente, nos preguntamos cómo hará cuando tenga 6 o 7”, dijo.

Según el dirigente, para los obreros de la industria no importa quién sea el dueño mientras haya trabajo.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que este tipo de operaciones permite a las empresas manejar el mercado a su antojo para optimizar sus ganancias y terminan impactando negativamente en los convenios colectivos.

Asimismo, evaluó las dificultades que implicaría esta operación para los frigoríficos de pequeño porte.

“Ya han cerrado Lorsinal y Rosario, Daymán y Somicar están en una situación incierta porque no pueden competir con estas gigantes cuando fluctúa el negocio, los precios del ganado y surgen dificultades para acceder a mercados internacionales donde estos grandes grupos se manejan como pez en el agua. Sin dudas hay un tema de competitividad en esta realidad”.