Uruguay | SALUD | AGROTÓXICOS
Contaminación en el campo
“Olor a rancio”
Las autoridades uruguayas de Inspección de Trabajo recibieron denuncias en 16 departamentos por falta de acceso de los trabajadores a “instrumentos de protección” para aplicar agroquímicos. En cuatro años se registraron 35 denuncias.
La Diaria
Foto: Gerardo Iglesias
Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), planteó que el problema “es mucho más grave de lo que estamos pudiendo demostrar”
“Es un olor rancio, es un olor que te penetra y te queda en la ropa”. De esta forma describió Juan Santana, de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el olor del 2,4-D, un herbicida que se utiliza en la caña de azúcar.
“En Bella Unión ves los árboles y cómo se perjudican. Los empezás a ver con las hojas amarillas y de a poco se van muriendo”, contó.
A través de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la diaria consiguió datos sobre la cantidad de denuncias que se presentaron por falta de acceso de los trabajadores a los “instrumentos de protección correspondiente para la aplicación de productos fitosanitarios”. Los datos abarcan el período de marzo de 2017 a setiembre de 2021.
En cuatro años, la Inspección General de Trabajo recibió 35 denuncias, que abarcan 16 departamentos. La entidad realizó inspecciones en cada uno de los predios; en ocho “no se constataron incumplimientos” y en 27 se “generaron acta de hechos”.
Según se detalló en el pedido de acceso, las cifras corresponden a las actividades “donde la aplicación de productos fitosanitarios es parte del proceso productivo”.
Incluyó tres grupos de los Consejos de Salarios: el 22, con trabajadores de la ganadería, agricultura y actividades conexas; el 23, con trabajadores de viñedos, frutícolas, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo anterior; y el número 24, con trabajadores de la forestación.
Las actividades que encabezan la lista son el sector agrícola-ganadero (nueve denuncias), seguido por las arroceras (ocho denuncias) y el sector forestal (siete denuncias).
Otras actividades presentes en el documento son: horticultura, con tres denuncias; agrícola y fumigación servicios agrícolas, con dos denuncias cada actividad; y caña de azúcar, agricultura, tambo y curado de semillas, con una denuncia por cada actividad.
Además de las cifras que brindó el MTSS sobre las denuncias por falta de acceso de los trabajadores a los instrumentos de protección para la aplicación de agroquímicos, también se solicitó la cantidad de denuncias totales vinculadas a los grupos 22, 23 y 24 de los Consejos de Salarios.
Las denuncias por falta de protección ante los productos representaron en 2017 6,3 por ciento; en 2018, 9,5; en 2019, 10,6; en 2020, 23; y en lo que va de este año, 8,8 por ciento.
En 2019 el MTSS publicó una guía1 dirigida a técnicos, trabajadores y “delegados de los ámbitos de cooperación”.
En ella se sintetizó lo establecido en el Decreto 307/009, “Protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el lugar de trabajo” y en el Decreto 244/016, “Prevención y protección contra riesgos derivados de cualquier actividad”.
Allí se estableció que los empleadores están obligados a “brindar a los trabajadores la información y capacitación necesaria para una correcta manipulación y aplicación” de los agroquímicos.
También deben realizar “la evaluación de riesgos” asociada a los trabajos con los productos, “establecer medidas de control” y, “cuando corresponda”, elaborar “los planes de vigilancia sanitaria y de emergencia”.
A su vez, tienen que disponer, sin costo para el trabajador, todas las herramientas, infraestructura y equipos de protección personal “necesarios para el cumplimiento de las tareas que impliquen manipulación y aplicación” de agroquímicos en “forma segura”.
Inhalación, absorción cutánea e ingestión: en la guía se detallaron las tres formas más comunes en que pueden penetrar los agroquímicos en el cuerpo de las personas.
Dolores de cabeza, visión nublada, debilidad muscular, irritación ocular o en la piel y problemas respiratorios son los síntomas inmediatos tras una exposición.
Sin embargo, cuando se trata de exposiciones prolongadas, los síntomas se incrementan: disminución de defensas contra bacterias, virus y parásitos, sensibilidad respiratoria, alergias, cáncer, malformación de fetos, abortos espontáneos, Parkinson y pérdida de memoria.
“Estamos convencidos de que hay muy poca información sobre lo que ocasionan los agroquímicos a la salud de los trabajadores. Obviamente que el problema es mucho más grave de lo que estamos pudiendo demostrar”, expresó Amaya.
Señaló que el sindicato ayudó a que tres trabajadores pudieran hacerse análisis en el Hospital de Clínicas.
“En dos quedó demostrado que los problemas de salud crónicos que tienen son a raíz del contacto sistemático con agrotóxicos. Uno está hoy con licencia médica y tiene una intoxicación por carbono crónica que no se explica de dónde vino; era como si el trabajador estuviera en un lugar aspirando humo constantemente, cosa que no ocurrió”, explicó.
El tercer trabajador, del que todavía no se ha determinado el origen de sus problemas de salud, proviene del sector arrocero y está siendo evaluado.
“Muchos compañeros perdieron la vida por enfermedades para las que nunca tuvieron un diagnóstico claro. Hay compañeros que han padecido enfermedades neurológicas, que atacan el sistema nervioso, que no han tenido explicaciones. También cáncer, varios tipos”, contó.
Uno de los reclamos que hace la Unatra al Ministerio de Salud Pública es un mapeo por el cual se determine, según el rubro productivo, los porcentajes de “determinadas enfermedades”; pero aún no lo lograron. Al trabajador le parece importante “arrojar luz sobre el tema”.
Otro de los puntos que preocupan a Amaya es la “incertidumbre frente a que muchos laudos médicos manifiestan desconocimiento sobre la problemática de salud del trabajador”.
En varios casos, a trabajadores que recurren a centros médicos les responden: “Bueno, eso es porque trabajás en el arroz”.
Apuntó a que se trata de una problemática cultural que “se ha construido desde las capacidades técnicas, de que eso [la aplicación de agroquímicos] es inocuo”.
“A mí me desgarra cuando veo a un padre aplicar glifosato para combatir malezas en una canaleta con la camisa arremangada, short, pies descalzos y con sus hijos comiendo una merienda al costado. Eso lo vemos en todos los pueblos. Es más, en algunos municipios lo aplica el organismo municipal”, contó.
El dirigente de la Unatra insistió con que los trabajadores que se acercaron a la organización sindical para pedir asesoramiento y entender lo que les pasaba estaban con “una calidad de vida totalmente comprometida”.
Sin embargo, agregó una nueva variable al uso de agroquímicos: cuando se usan para reprimir.
“A trabajadores que se han querido organizar, los mandan solos y les mandan las avionetas a pasarles por arriba como represalia. O lo ponen en un lugar a trabajar y le mandan el mosquito a rodearlo, sabiendo de la preocupación de los trabajadores sobre estos temas. Es una medida de represión”, sentenció.
Agregó que lo han denunciado “en varios lados” y lo van a seguir haciendo.
“La construcción de conocimiento no se puede dar sobre una negación, sobre decir que es necesario tener este daño colateral con la población en función de obtener recursos. Me parece que es muy egoísta y nos hace mucho daño como sociedad. No queremos que se parta desde una negación, es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora”, remarcó.
En el sentido de ir contra el silencio, remarcó la importancia del caso de Julio de los Santos, trabajador que denunció a Arrozal 33 por exposición a agrotóxicos.
En setiembre, la Justicia falló a su favor en primera instancia y el dirigente de Unatra lo definió como un “hito”.
“Demuestra claramente que acá está ocurriendo algo, que tiene consecuencias graves y que no está supeditado sólo a los trabajadores que están en la empresa”, planteó. Piensa que puede llevar a que “muchas personas tomen conciencia” y “empiecen a ocurrir más denuncias”.
Amaya manifestó que se tiene que desarrollar conocimiento “en función de los intereses de nuestra sociedad”, pero también “por las generaciones que vienen”.
Y finalizó: “Este país va a seguir siendo mayoritariamente agroexportador; ahora este modelo nos está causando problemas, que se están demostrando”.
En 2020 hubo un total de 52 denuncias provenientes de los grupos 22, 23 y 24 de los Consejos de Salarios en el MTSS; 12 corresponden a la falta de acceso de los trabajadores a “instrumentos de protección correspondiente para la aplicación de productos fitosanitarios”, según la respuesta al pedido de acceso.
Como se expresó, equivale a 23 por ciento de las denuncias, la cifra más alta en los últimos cuatro años.
Tomás Teijeiro, titular de la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, apuntó que se debe a una “mayor concientización de determinados actores con respecto al riesgo que determinada actividad implica”.
Se le consultó sobre si piensa que “el problema es mucho más grave de lo que estamos pudiendo demostrar”, como dijo Amaya.
Respondió que no tiene “elementos para decirlo”. Pero sumó: “Si hay menor cantidad de denuncias que las que alguien entiende que correspondería por la actividad, y esa circunstancia tiene fundamento en cierto temor a denunciar, yo entiendo que puede ser que exista ese componente”.
Expresó que entiende que “un trabajador tiene cierto temor a realizar la denuncia porque en definitiva es natural el temor a perder la fuente de trabajo”.
Agregó que desde la IGTSS “siempre” se ha “garantizado el anonimato de quien denuncia”.
Teijeiro manifestó que cuando hay circunstancias “de riesgo para la salud o la vida” es “conveniente que la denuncia sea planteada para que la IGTSS intervenga”.
Dijo que “no necesariamente” implica “medidas drásticas o actividades o situaciones que puedan poner en riesgo el trabajo o la actividad económica”.
“Muchas veces la intervención de la Inspección tiene un carácter educativo, preventivo, que hace que la situación laboral en la que están esos trabajadores mejore y se adquiera buenas prácticas”, indicó.
“Es preferible hacer la denuncia y que la Inspección comparezca, analice y archive, en el caso de que no haya mérito, a no hacerla y que alguien se enferme o pierda la vida”.
Expresó que se desarrollan “diversos operativos” de acuerdo a “las circunstancias zafrales y estacionales de las distintas actividades”.
Declaró que tienen “presencia anual y periódica, con diversa intensidad dependiendo de la organización o el cronograma anual”, y que se busca “recabar información, pero también recabar la posibilidad de accidentes o enfermedades vinculadas con las actividades relacionadas al trabajo”.
Antonio Rammauro, asesor legal de la Unatra, no considera que las cifras de denuncias sean representativas de la realidad.
“No atribuyo con esto implicancias de manipulación de datos ni nada que se parezca de parte del Ministerio. Es que se denuncia muy poco en relación a lo que sucede de verdad; hablo de todo tipo de enfermedades y accidentes. Hay subregistro”, remarcó.
Definió que el problema es “multicausal”; primero los trabajadores deben conocer sus derechos, después “tomar conciencia de lo que implica hacer valer sus derechos”, y finalmente “exigir su cumplimiento”.
“Ahí cabe hablar del acceso a la Justicia, que pasa por consultar con un profesional, por ir al Ministerio de Trabajo y finalmente a un juzgado”, señaló.
Recordó que quienes trabajan en el campo pueden “estar lejos de profesionales y oficinas públicas” y “superar la lejanía tiene un costo en dinero y tiempo”.
“Pero el costo mayor está en recorrer esas distancias, porque el que reclama no sólo puede perder su trabajo como represalia y sufrir otro tipo de discriminación, sino que puede estar ingresando a una ‘lista negra’ o más bien una lista invisible, que todos los empleadores conocen aunque no esté escrita en ningún lado”.
Rammauro no cree que “la justicia tarda pero llega”. “Si tarda, cuando llega ya no es justicia. Podrá en el mejor de los casos ser compensación o representar una pérdida menor, pero nunca se restablece el equilibrio, nunca se gana, aunque la Justicia parezca decir lo contrario. Y para ‘ganar’ hay que probar lo que decimos, otro problema”, resaltó.
Sumó que los efectos de los agroquímicos en “muchísimos casos” aparecen “luego de años”, cuando muchas veces se perdió la conciencia de que “lo que me pasa hoy puede ser por lo que se vivía tiempo atrás”.
También él se refirió al caso de Julio de los Santos: “Él y su familia son un ejemplo de lucha. Se necesitan muchas luchas así para dar vuelta la historia”.
(Tomado de la diaria, Montevideo. El título y varios de los intertítulos son de La Rel).
