Las leyes que protegen los derechos de las mujeres y las disidencias vienen siendo atacadas en varias partes del mundo por sectores ultraconservadores que se embanderan en la lucha contra la mal llamada “ideología de género”.

Los blancos específicos de estos grupos han sido las leyes de salud sexual y reproductiva, de ampliación de derechos para las personas trans y de educación sexual integral.

Sin embargo, en el último tiempo, la arremetida también apuntó contra normas diseñadas para prevenir, atender y erradicar la violencia basada en género.

En Uruguay, este es el cuarto proyecto presentado para modificar esta ley. Sobre esto conversamos con la abogada Natalia Fernández, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS).

“Las modificaciones que pretende este proyecto presentado por Presidencia sin dudas son un claro retroceso en cuanto a derechos y garantías para las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes”, comenzó diciendo Fernández.

Para la especialista, las cuatro propuestas de cambio afectan aspectos fundamentales para la protección de las mujeres en situación de violencia que fueron largamente estudiados para redactar la ley integral que ahora existe.

“No solo significa un retroceso en los derechos. También en la percepción de la violencia de género en nuestro país. Y afecta directamente a niños, niñas y adolescentes, específicamente en la redacción del artículo 46, que establece cómo se deben valorar las pruebas. En casos de víctimas de abuso sexual esto significa anular garantías”.

Los impulsores de este proyecto de ley señalan que los cambios buscan evitar el supuesto fenómeno de las “denuncias falsas” y garantizar una “defensa efectiva” de los acusados.

“Lo de las denuncias falsas es el caballito de batalla que los promotores de estos proyectos usan para justificar los cambios”, subraya la abogada.

No existe en la realidad esa categoría de “denuncias falsas”: nadie ha podido contabilizarlas y todos los estudios llevados a cabo en otros países, donde también se las ha evocado para atacar leyes como la uruguaya, han demostrado que son extremadamente raras.

El Código Penal uruguayo prevé, además, la figura de simulación de delito, por lo que no sería necesario introducirlo en la ley de violencia basada en género.

Lo que se persigue, dijo Fernández, es “desestimular a las mujeres víctimas de situaciones de violencia de género a denunciar”.

Otro artículo que pretende modificar el proyecto es el 80, que establece que, en la sentencia de condena, además de la pena, se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales o, en su defecto, 12 salarios mínimos.
En su lugar, la nueva redacción propone que, luego de la sentencia y además de la pena, la víctima “podrá reclamar por la vía procesal correspondiente una reparación patrimonial por los daños y perjuicios, de acuerdo a las normas que rigen esta materia”.
El gobierno asegura que con sus modificaciones está otorgando más garantías.

“Yo me pregunto: garantías para quién, porque este proyecto de Presidencia habla, entre otras cosas, de velar por el patrimonio de quienes son probadamente declarados responsables de delitos de violencia de género”.

“Después de haber atravesado todo un juicio –agregó Fernándezꟷ con lo que eso implica para las víctimas, tener que iniciar otro pleito penal para acceder a una reparación es como mínimo macabro. No me hablen de garantías cuando estas no son para la parte más vulnerable de este proceso”.

Lo que hace falta son recursos económicos para que la normativa sea aplicada de forma más efectiva, dijo.

La directora de InMujeres, Mónica Bottero, y la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón coinciden en que las modificaciones al articulado de la Ley de género pueden desestimular las denuncias.

“Que dos figuras que están involucradas en el tema, que manejan números y estadísticas, algo que lamentablemente los impulsores del proyecto no tienen en consideración, que estas personas además formen parte de la coalición de gobierno que promueve este proyecto manifiesten esta preocupación indica una alerta importante”.

Fernández señala que estas voces disidentes sugieren que no existe unanimidad en las filas del gobierno y que quizá este tema sea parte de negociaciones políticas en año electoral.

“La violencia basada en género es un fenómeno social, un problema de salud en el que las mujeres hemos estado en la inmensa mayoría de los casos como víctimas y que ha propiciado la redacción de una ley que permita denunciar una situación que padecen a veces durante muchos años ellas y sus hijos”,

El mensaje del gobierno es grave, porque con estas modificaciones está desalentando las denuncias. “En muchas mujeres quedará resonando: ‘ahora puedo ir presa por hacer la denuncia si no tengo cómo probarlo’”.

Asimismo, reafirma el discurso de los violentos, que es el de: “denunciame, nadie te va a creer”, “van a decir que sos una loca” “te voy a quitar a tus hijos”.

“Me indigna y me da tristeza escucharlo de la boca de las autoridades”, dijo la experta a La Rel.

Varios colectivos de profesionales y organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia han manifestado su preocupación por la perspectiva de que este proyecto sea aprobado.

El 29 de mayo la Asociación de Defensores de Oficio (Adepu) emitió una declaración pública en la que expone los peligros del texto y critica al presidente Lacalle por no haberlos convocado para debatir, cuando son ellos los que atienden alrededor del 90 por ciento del total de casos de violencia de género.

“Lo que me parece muy poco serio es que se pueda experimentar con la vida de mujeres y también de niños, y después decir ‘bueno, capaz que esta política pública no está funcionando’ y dar marcha atrás’, concluyó Fernández.