Simone de Beauvoir advertía que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”, y sin dudas esta máxima resuena con fuerza ante el peligroso avance de la ultraderecha en el mundo.

Las leyes que protegen los derechos de las mujeres y las disidencias vienen siendo atacadas en varias partes del mundo por sectores ultraconservadores que se embanderan contra la mal llamada “ideología de género”.

Los blancos específicos de estos grupos han sido las leyes de salud sexual y reproductiva, de ampliación de derechos para las personas trans y de educación sexual integral.

Ejemplos sobran, pero quizá los más sonados son los del vecino Javier Milei, en Argentina, y un poco más arriba, el del magnate Donald Trump, que un día antes de celebrarse el Día Internacional de la Mujer realizó un discurso ante el Congreso de Estados Unidos donde, entre otras barbaridades anunció:

“Hemos eliminado el veneno de la teoría crítica de la raza de nuestras escuelas públicas, y he firmado una orden para que sea la política oficial del gobierno de Estados Unidos que sólo hay dos géneros: masculino y femenino. También firmé una orden ejecutiva para prohibir que los hombres practiquen deportes femeninos.”

En Uruguay, aunque acaba de asumir un gobierno progresista, no faltan los legisladores o personajes públicos que arremetan contra normas diseñadas para prevenir, atender y erradicar la violencia basada en género (véase https://shorturl.at/6ANX3), y el país ocupa el tercer puesto en América Latina en el número de feminicidios, según datos de la CEPAL con cifras del 2023, y registra una denuncia por violencia basada en género cada 12 minutos.

Según datos expuestos por la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual de la central obrera de Uruguay, PIT CNT, de los 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos (580 dólares), 267.000 son mujeres, y entre ellas 90.000 ganan menos de 15.000 pesos (350 dólares aproximadamente).

Cabe señalar que Uruguay es uno de los países más caros de América Latina: el costo de una canasta básica está alrededor de 45 dólares y a eso debe sumarse el alto costo de los alquileres y el transporte público, entre otros. Lo que permite afirmar que nadie puede vivir dignamente con esos salarios.

“Es muy claro que una mujer sin autonomía económica queda a merced de la dependencia, muchas veces sumida en la pobreza, y otras tantas sin la capacidad de optar, de decidir, de elegir, porque no tiene ni forma ni salida”, señalaba la proclama leída por las dirigentes del PIT CNT.

Los movimientos feministas y obreros exigen un papel más fuerte del Estado en la economía, que inyecte recursos y presupuesto para llevar adelante políticas de género, así como profundizar y ampliar leyes que protejan a las mujeres y a las disidencias.

La marcha del pasado sábado fue multitudinaria. A pesar del mal tiempo, miles de mujeres, agrupadas en colectivos o simplemente con amigas o familiares, marcharon denunciando la persistente desigualdad de género y la violencia patriarcal que mata a cientos de mujeres y empobrece a otras tantas.