“No lo digo solo como defensor de Julio. Lo digo sobre todo como abogado desde hace casi 20 años, como jurista, como profesor de la facultad, como investigador: es una sentencia vergonzosa desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista jurídico. Es un fallo propio de una Suprema Corte de la factoría alimentaria”, dijo Mirande.

La Rel lleva largo tiempo denunciando la situación de De los Santos, que no es únicamente la suya sino la de otros trabajadores de la misma empresa y de otras del sector arrocero.

Pero la de Julio es particularmente grave. Sobrevive conectado a un aparto de oxígeno, tiene afectado hígado y pulmones, padece diabetes e hipertensión y debe consumir decenas de medicamentos por día.

De todo eso ni rastro tenía antes de ir a trabajar y a vivir en el predio de Arrozal 33, donde permaneció unos años en contacto permanente “con todo tipo de porquerías”, según el mismo dijo en su momento a La Rel. Fundamentalmente con agrotóxicos.

Cuando seguir trabajando se le hizo imposible, Julio denunció a la empresa ante la justicia laboral. Tres años duró el proceso de primera instancia. Resultó accidentado, pero finalmente el tribunal falló en su favor, condenando a Arrozal 33 a indemnizarlo por su responsabilidad directa en las enfermedades del trabajador.

La empresa apeló, y en un fallo sorprendente por la rapidez de su trámite y por sus fundamentos, revocó la decisión de primera instancia. Esta misma semana la Suprema Corte de Justicia, por decisión unánime de sus integrantes, echó por tierra prácticamente las últimas esperanzas de Julio de obtener justa reparación en su país.

“Es indignante y vergonzoso”, porque para fallar la Corte solo tomó en consideración lo afirmado por la empresa, dice Mirande.

-Lo mismo había hecho el tribunal de apelaciones.
-Sí. El fallo de la Corte tiene muchos puntos en común con la sentencia anterior. Presenta los mismos y numerosos defectos técnicos de cómo se valora la prueba en un juicio, tanto la pericial como la testimonial. Es muy llamativo.

La sentencia de la Corte tiene 68 carillas. No hay un antecedente de un fallo tan largo de este organismo en estos temas. Lo mismo había pasado con el tribunal de apelaciones, que falló en apenas 27 días y elaboró una sentencia de 34 carillas. En casos anteriores se había tomado nueve meses y dictado sentencias de 10 u 11 carillas.

Pero lo más grave son los errores técnicos procesales y de fondo en que incurrió la Corte. Su sentencia recoge solo los informes periciales de la perito Alejandra Rey, presentada por la empresa. Ni menciona el peritaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

Al informe de la doctora Stella de Ben, el más metódico, objetivo, fundado, que estudió la historia médica de Julio y estableció que antes de empezar a trabajar en Arrozal 33 él no tenía ningún antecedente médico que explicara lo que padeció después, tampoco lo tuvo en cuenta.

-¿En qué se basó para eso?
-En nada. Simplemente dice que lo que la doctora De Ben afirmó no es cierto.

La Corte dio a entender así que pesa más la opinión médica de un juez que la de un médico. Rompe así con todo el sistema jurídico procesal. Cuando un perito, un especialista, dice algo, el juez puede apartarse de sus conclusiones, pero de manera fundada. Así como lo hace la Corte es inconcebible. Para eso no hagamos más peritajes.

Incurre además en errores de plataforma fáctica, al decir que no hay otros casos en Arrozal 33 cuando todos sabemos que hay muchas otras personas enfermas en esa empresa y en todo Uruguay a causa de los agroquímicos.

-Entre ellas la propia esposa de Julio, que está presentando los mismos síntomas.
-Entre ellas, pero hay más.

(En 2018, en una investigación que incluyó desplazamientos a la zona donde funciona la empresa, la estatal Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo concluyó que las situaciones como la de Julio de Los Santos son mucho más numerosas pero que no se denuncian debido al temor de los implicados a perder su trabajo en una compañía que opera como dueña y señora de un poblado en el que no hay otro empleador).

-¿Hay otras inconsistencias jurídicas en el fallo?
-La sentencia pretende además que un perito viaje en el tiempo, al decir que De Ben no puede afirmar lo que afirma porque no estuvo en el lugar. ¿Cómo hacemos para que un perito esté en el lugar y el momento de los hechos?

Por otra parte, no se aplicó ninguna de las normas de salud ambiental, laboral y ocupacional. La Corte se maneja en un parámetro de probabilidad, cuando en estos temas las normas internacionales a las que Uruguay ha adherido hablan de aplicar un principio de precaución cuando hay incertezas sobre algo.

Repito: es una sentencia vergonzosa desde el punto de vista de la justicia para toda la sociedad uruguaya y defectuosa desde el punto de vista del derecho procesal. Es la sentencia de la suprema corte de la factoría alimentaria.

-¿Le parece que haya algún grado de connivencia entre los integrantes de la Corte y la empresa?
-No tengo pruebas para afirmarlo. Voy a decir lo mismo que dijo Alejandra Rey (la perita puesta por la empresa): no puedo decir que sí y tampoco que no.

-¿Qué recurso le queda ahora a Julio?
-Estamos estudiando la posibilidad de un recurso de revisión del fallo ante la Corte Suprema. E iremos ante la Corte Interamericana. Que no canten victoria todavía.

Mientras tanto Julio sigue empeorando. Antes del fallo ya venía mal, pero ahora ha quedado devastado. Tiene ánimo para seguir, pero hay que ponerse en su situación… Sobrevive por las ayudas del Estado y las solidarias. Las pocas del Estado y las muchas solidarias.