Entre fines de enero y comienzos de febrero de 2017 fueron llegando a 13 personalidades uruguayas y extranjeras vinculadas de una manera u otra a la defensa de los derechos humanos en este país correos electrónicos con abiertas amenazas de muerte.
Las firmaba un hasta entonces desconocido Comando Pedro Barneix, que tomaba el nombre de un general acusado de delitos de lesa humanidad durante la dictadura que se había suicidado un año y medio antes, poco antes de ser detenido para ser juzgado.
“No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más mataremos a tres elegidos azarosamente”, decía el mensaje.
Sus destinatarios eran el ministro de Defensa de entonces, Jorge Menéndez, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera, la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal Mirtha Guianze, el magistrado francés Louis Joinet, la investigadora italiana Francesca Lessa, siete abogados uruguayos y el asesor de la Rel UITA y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Jair Krischke.
Los amenazados denunciaron, la Fiscalía abrió una investigación, pero a lo largo de estos cuatro años apenas fueron convocadas tres audiencias con las víctimas de las amenazas y grupos de técnicos.
Se supo que los correos electrónicos, que estaban encriptados, provenían de una dirección radicada en Estados Unidos, guerrilla.com, que sólo aceptaba revelar la identidad de quienes lo habían enviado si se lo ordenaba la justicia penal de su país.
Pero la justicia uruguaya nunca libró un oficio en ese sentido a pesar de que le fue solicitado por el Observatorio Luz Ibarburu, patrocinador de los amenazados.
Casi nada más se supo, salvo algunos detalles que no aclaraban demasiado. La justicia ni siquiera relacionó la aparición del Comando Barneix con otros hechos del mismo tenor: otras amenazas, robos de documentación en la sede de los antropólogos que buscaban restos de desaparecidos en los cuarteles, apariciones públicas y publicaciones de militares retirados y en activo respaldando veladamente al comando…
Al cumplirse dos años de los hechos, en febrero de 2019, el Observatorio Luz Ibarburu elevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya había instado al Estado uruguayo a investigar lo sucedido y proteger a las personas amenazadas.
“Desde el primer momento vivo una gran decepción con el gobierno uruguayo de aquella época, del Frente Amplio, que se decía de izquierda, especialmente con el presidente de entonces Tabaré Vázquez”, comentó a La Rel desde Porto Alegre Jair Krischke.
“Su respuesta fue un silencio ensordecedor y cómplice. Ignoró por completo una carta firmada por más de 100 académicos de todo el mundo dirigida a él, el Estado uruguayo ni siquiera se hizo presente en una audiencia convocada en Buenos Aires por la CIDH para tratar el tema del respeto a los derechos humanos en Uruguay, incluido este caso”.
El gobierno “no investigó nada, y el poder judicial menos aún”.
Y lo que se viene es la nada misma.
En febrero el delito de amenaza prescribe. El Código Penal autoriza al fiscal a archivar cualquier causa “si hubieren transcurrido cuatro años de la comisión del hecho y se presuma que no haya de resultar pena de penitenciaría”, dijo al matutino la diaria el abogado Leonardo di Césare, del Observatorio Luz Ibarburu.
Si la Fiscalía decide seguir investigando y apareciera uno o varios culpables no tendrían sanción penal.
Hay que decir que el Comando Barneix reapareció en noviembre de 2019, pocos días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales uruguayas. Emitió un comunicado respaldando al candidato conservador Luis Lacalle Pou (luego triunfador).
El mensaje estaba dirigido a los integrantes de la “familia militar”.
“Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la patria, es una orden. Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores”, clamaba.
Los amenazados de 2017 pidieron que se agregara este nuevo hecho a su causa, pero la solicitud no fue tenida en cuenta y el caso fue derivado a otro juzgado.
El Barneix decía contar con el apoyo del ex comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, fundador pocos meses de un partido político, Cabildo Abierto, que fue la gran sorpresa de las elecciones (obtuvo un 10 por ciento de los votos).
Cabildo Abierto cuenta entre sus militantes y dirigentes con numerosos militares y civiles vinculados a la dictadura y es un elemento clave de la actual coalición de gobierno.
En filas de ese partido y entre sus apoyos tampoco indagó la justicia para rastrear alguna pista del Comando. Quién sabe qué pudiera haber resultado…
“Con cosas como estas, la impunidad, tan común en nuestros países, se va afirmando como algo normal, lo cual es trágico”, denunció Jair Krischke.
