Asco, claro está, por lo confesado, reivindicado, rubricado por un personaje como Gilberto Vázquez1.
No pudo haber sido más claro el tipo en la descripción de algunas de sus aberraciones.
Para los más jóvenes pudo haber sido una novedad, y escuchar y “palpar” estos horrores puede ser siempre aleccionador. Y de eso se trata en principio eso tan manido de la memoria y su transmisión. Pero lamentablemente para los que ya no lo somos es un asco viejo, casi que asumido y digerido a esta altura del partido.
No sólo por los familiares directos de las víctimas. También por todos aquellos que desde hace muchos, muchos años dan la pelea contra la impunidad, multiplican denuncias, manifiestan los 20 de mayo, pretenden hacerse oír.
Clarísimo fue el fiscal de delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe cuando repitió por estos días que nada nuevo había confesado Gilberto Vázquez: se sabía de sus asesinatos, de sus secuestros, de sus torturas casi que desde siempre. Se sabía del “segundo vuelo” casi que desde siempre3.
No he oído hasta ahora (es cierto: falto a muchas “tertulias”) que el señor Carlos Ramela, por ejemplo, pidiera disculpas por haber negado hasta hace muy poquititas semanas que el segundo vuelo hubiera existido y que con ello abonara la tesis de que los desaparecidos aquí hubieran sido poco más que un puñadito.
Ramela formó parte de aquella Comisión para la Paz formada en 2000 por el ex presidente Jorge Batlle que representó el primer intento en 15 años de democracia tutelada de reconocer los crímenes del terrorismo de Estado.
Pero esa comisión se limitó a corroborar algunas (algunas) de las denuncias que se venían haciendo desde las organizaciones sociales. Sembró dudas sobre otras que –ha quedado más que claro– eran tan certeras como las admitidas, y nada investigó.
Asco, náuseas, da escuchar hoy a quienes durante todas estas décadas todo hicieron para consagrar la impunidad de los Vázquez, Gavazzo y compañía, sembraron dudas sobre la veracidad de las denuncias, pusieron cuanta traba pudieron a los pocos instrumentos que sus propias leyes habilitaban para hacer algo de justicia o encontrar algo de verdad, llenarse a boca con juridicismos de baja estofa o politiquerías baratas que ponen el acento en las omisiones de otros para dejar de lado su responsabilidad primera en la consolidación del poder, que desde 1985 las Fuerzas Armadas tienen sobre la sociedad y el sistema político uruguayo.
Un poder que los partidos tradicionales de centro derecha están acrecentando hoy mismo con su alianza de gobierno con el partido por antonomasia de la dictadura.
Es cierto que fueron los gobiernos del Frente Amplio los únicos que han recortado en algo la impunidad, los que permitieron el ingreso a los cuarteles, el hallazgo de algunos cuerpos, el aliento al castigo (bueh, en cárceles vip y condiciones ídem) de un chiquitito pelotón de asesinos y matones.
Resulta al menos “raro” (¿lo será?) que justamente ahora aparezcan como por arte de magia estos documentos y confesiones.
Resulta al menos parajódico (¿lo será) que una de quienes esté en el centro de la tormenta de los cuestionamientos funcionales sea precisamente Azucena Berrutti, que desde el Ministerio de Defensa fue, de lejos, quien más hizo en cuatro décadas por ponerle algún freno a los uniformados.
Pero cuánta insensibilidad de algunos en el Frente Amplio, cuánta desidia de otros, y cuánta complicidad activa de aquellos que como un Eleuterio Fernández Huidobro llegaron a una ósmosis total con los represores, protegiéndolos, prohijándolos, exculpándolos, promoviéndolos, restaurándolos en sus haberes y entorpeciendo todos los esfuerzos por verdad y justicia.
O de quienes pusieron todo su peso en el parlamento para que la ley de caducidad siguiera ahí o se tomaron el tiempo de visitar en el hospital a pobres “viejitos” genocidas o ahora juegan a las escondidas con el desafuero del ex comandante en jefe del ejército y actual senador Guido Manini Ríos. Da lástima. También náuseas.
El algo que se hizo en materia de derechos humanos, la intentona de recortarles aunque fuera un poco de lo que tanto han robado por ejemplo vía jubilaciones militares bastó para que los milicos con o sin uniforme sacaran a relucir todo un arsenal de amenazas, y aparecieran el Comando Barneix2, videos de supuestos “loquitos” con amenazas de muerte o que se les retobara el prohijado en jefe.
¿Valió la pena el desinfle de aquellos que sin ser parte de los transmutados dejaron casi intacto a un aparato militar que se siente con fuerza como para amedrentar o chantajear a unos y a otros?
¿Se corresponderá esa pusilanimidad con la tibieza, la gentileza con la que los sectores hegemónicos en el Frente Amplio trataron desde el gobierno a todos aquellos grupos económicos, a todos aquellos poderosos a los que en principio se proponían enfrentar?
¿O que tanto les cueste encontrar una línea de confrontación clara con la súper agencia de publicidad que ahora nos gobierna con apoyo de unas fuerzas armadas no tan distintas a aquellas de la predictadura? “Brazo armado de la oligarquía” se les decía en un tiempo. Suena prehistórico. ¿Lo es tanto? Se ha puesto tan de moda, se ha naturalizado tanto la moderación…
No ayuda en nada, claro, para cambiar las cosas el cuasi monopólico panorama mediático. Propuestas fascistoides se escuchan ahora en radios que supieron ser otra cosa. Resisten unas pocas publicaciones, un puñado de programas en las radios y menos aún en la televisión que entre tanto aire nauseabundo permiten seguir respirando.
(Publicado originalmente en el semanario Brecha, el viernes 4-IX-20. Versión adaptada para La Rel).
1. El coronel Gilberto Vázquez confesó en 2006 ante un Tribunal de Honor militar haber cometido torturas, asesinatos, secuestros en Uruguay y Argentina junto a otros militares, como José Gavazzo, por órdenes superiores. Entre esos crímenes figura el traslado de 22 uruguayos desaparecidos uruguayos en Argentina hacia Montevideo, en lo que se llamó “segundo vuelo”. Ninguno de esos trasladados ha reaparecido. Esa confesión permaneció oculta hasta ahora. El coronel además nunca admitió esos crímenes ante la justicia civil.
2. Comando paramilitar que apareció en 2017 y amenazó de muerte a 13 personalidades uruguayas y extranjeras ligadas a los derechos humanos, entre ellos el brasileño Jair Krischke.
