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Con Gustavo González
“La gente de a pie está reivindicando a la militancia”
Uruguay cuenta con un movimiento de cooperativas de vivienda considerado modélico en América Latina. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), que lo aglutina hace medio siglo, agrupa a más de 540 cooperativas que reúnen a cerca de 25.000 familias. Junto a un centenar de organizaciones sociales y políticas, la federación impulsa la convocatoria a un referéndum contra la “columna vertebral” de una insólita “ley de urgente consideración” (LUC) de cientos de artículos a la que considera “antipopular, regresiva y favorable a los intereses del capital”. La Rel conversó con su secretario general, Gustavo González.
Daniel Gatti
Foto: Gerardo Iglesias
La Comisión Nacional Pro Referéndum lanzó una campaña para reunir las casi 700.000 firmas necesarias para lograr la convocatoria de la consulta hace alrededor de mes y medio. Tiene tiempo hasta el 10 de julio para alcanzar el objetivo.
Dos fines de semana atrás se realizó una jornada nacional en la que el centenar largo de organizaciones convocantes montó unos mil puntos de recolección en todo el país. Pocos días después en la sede de la central sindical PIT-CNT se informó que se habían superado las 133.000 firmas.
“Vamos bien”, dijeron los dirigentes sindicales, “pero queda lo más difícil”.
Gustavo González participó de la conferencia de prensa en que se realizó el anuncio. En esa jornada nacional, dijo a La Rel, sólo en las cooperativas de vivienda se reunieron 4.000 firmas.
-¿Cómo decidió FUCVAM sumarse a esta iniciativa para derogar la LUC?
-Primero que nada por el carácter profundamente antipopular y favorable a los intereses del capital de este texto, que en materia de vivienda, que es el que estrictamente nos toca, es la encarnación del más puro neoliberalismo.
FUCVAM es parte de la Intersocial que dio nacimiento a la Comisión Nacional Pro Referéndum, junto al movimiento sindical reunido en el PIT-CNT, el movimiento estudiantil, la Federación de Cooperativas de Producción, la Intersocial Feminista y otras decenas de organizaciones sociales, políticas y culturales.
En ese marco discutimos el tema y resolvimos promover un plebiscito para anular los 135 artículos que constituyen la médula de la LUC, impuesta a las atropelladas por el gobierno.
Lo que quiero destacar en primer lugar es que el que está sacando adelante esta campaña por el referéndum es el militante anónimo, de a pie.
-Una vez más.
-Sí, una vez más ha quedado demostrado que son ellos los verdaderos imprescindibles. Han reivindicado nuevamente a la militancia.
-La LUC contiene bastante más de 400 artículos. En principio FUCVAM estaba a favor de ir contra el conjunto de esa ley. ¿Por qué se va solo contra 135?
-En principio estábamos en esa posición, pero como priorizamos la acumulación en el movimiento popular aceptamos ir contra los 135. Fue el consenso al que se llegó en la discusión.
Además, en el medio de los debates logramos avances. El movimiento sindical defendía inicialmente ir contra 112 artículos, y aceptó ampliar la lista. Siempre las discusiones son complejas, lo importante es tener el norte claro y nosotros nos guiamos por el principio de la acumulación de fuerzas y de avanzar hasta donde sea posible hacerlo.
Hay que tener en cuenta por otra parte el momento de reflujo en el que está el movimiento popular en el marco de esta pandemia y la ofensiva del neoliberalismo, que es feroz y cuenta con una fabulosa maquinaria de propaganda.
Y otra cosa: nosotros, como FUCVAM, estamos estudiando la inconstitucionalidad de la ley y quizá presentemos un recurso en ese sentido, a nuestro nombre, ante la Suprema Corte de Justicia. Lo estamos analizando.
Foto: Gerardo Iglesias
-Hay otra iniciativa paralela, impulsada por la coalición política Unidad Popular y otros colectivos sociales, que va contra el conjunto de la LUC.
-Sí, Unidad Popular vino a hablar con nosotros y lo que dijo es que quería ampliar el número de artículos cuestionados en un primer momento por el PIT-CNT y por el Frente Amplio.
Luego en la Intersocial dijo que quería ir contra toda la LUC. Tienen todo su derecho a hacerlo. Nosotros preferimos acumular y no dividirnos.
-¿Cómo se hace en la cotidiana cuando se le pide la firma a la gente que se pronuncie contra 135 artículos cuando se dice por otro lado que el conjunto de la ley está animado por un mismo espíritu neoliberal?
-Hay dos cosas. Por un lado, la ley –y esa es una de esas perversiones– reúne cosas de importancia muy dispar, desde la venta callejera de chorizos hasta la liberalización del mercado de alquileres. Vamos contra de los que en la Intersocial se ha identificado como más negativos.
Por otra parte, en esta etapa lo que se le pide a la gente es que habilite la posibilidad de un referéndum para que la sociedad inicie un debate que se le birló. Luego, cuando el plebiscito se realice, verá qué es lo que vota.
Quienes se acercan a habilitar el referéndum no se fijan demasiado en el contenido preciso del articulado. Ahora están votando a favor de que haya una consulta popular porque consideran que se le privó la posibilidad de un debate y que lo que hay en el cuerpo central de la ley es por lo menos cuestionable.
Tengamos en cuenta que los legisladores del gobierno aprobaron este texto de casi 500 artículos en menos de tres meses prácticamente sin discusión parlamentaria y menos aún en la sociedad.
Y lo hicieron además en una situación de emergencia como la actual que ni siquiera permitía las protestas.
La coalición de gobierno afirma que el pueblo los había habilitado para ello al votarlos, pero también es mentira, porque durante la campaña electoral dijeron que iba a haber una ley de este tipo pero se cuidaron muy bien de revelar su contenido, en parte porque ni siquiera estaban de acuerdo entre los partidos que componen la coalición.
Recién después que ganaron las elecciones revelaron el contenido de la LUC y el partido hegemónico debió retroceder en algunos puntos del articulado porque sus aliados no se los llevaron.
La propia forma en que se votó esta ley, que es un verdadero programa de gobierno para cinco años aprobado entre gallos y mediasnoches, debe llevar a la gente a permitir que se realice el referéndum, porque se están lesionando los principios democráticos.
-Yendo al contenido de la ley, en el tema de la vivienda entre otras cosas deja a los inquilinos a merced por completo de los propietarios.
-Absolutamente. La columna vertebral de la ley es favorable a los poderosos, al capital, y en materia de vivienda lo es particularmente, de manera muy diáfana.
Permite, por ejemplo, que una persona pueda ser desalojada de su casa siendo buena o mala pagadora, al regirse por la libertad de mercado. Te declara moroso si te atrasás tres días en el pago de un alquiler, por ejemplo.
Es prácticamente una copia de los mandatos del Consenso de Washington, que impone que el Estado desatienda un derecho humano fundamental como es el de la vivienda.
-¿Consideran posible alcanzar las casi 700.000 firmas necesarias antes del 10 de julio?
-Estoy absolutamente convencido de que sí. Obviamente las condiciones actuales no nos favorecen para lanzar campañas callejeras, pero si se mantiene el ritmo actual, tanto en Montevideo como en el interior del país, se va a llegar sin problemas.
Y la situación de la gente empeora día tras día, no sólo por la pandemia sino por las políticas sociales implementadas por este gobierno. En vivienda, por ejemplo, en un año que este gobierno lleva de gestión, no ha hecho nada. Nada de nada.
El Ministerio de Vivienda vive llorando diciendo que no tiene dinero porque Economía se lo bloquea, cosa que es cierta, pero además sus propios planes son regresivos.
Este gobierno dispone de una maquinaria mediática tremenda, de una suerte de Gran Hermano, que en un primer momento manejó con habilidad, pero ya no puede ocultar la realidad.
Durante tres, cuatro meses, convencieron a la gente de que Uruguay le estaba ganando a la pandemia y luego, cuando los casos de Covid-19 se dispararon dijeron que era lo que debía pasar, que era inevitable. Algo impresentable. Son cada vez menos los que se creen esos versos.
Por otra parte, el gobierno está dejando de lado la pandemia del hambre, que está matando mucha más gente que la otra. De esa pandemia no quiere hablar y somos nosotros los que tenemos que hacerlo poniendo el acento en la crítica a las políticas que la provocan.
Las ollas populares que se están multiplicando en el país para alimentar a la gente no cuentan con prácticamente ningún apoyo estatal. Son todas producto de la iniciativa de la gente.
Estamos yendo hacia un contexto de polarización a pesar de todas las limitaciones que imponga este contexto anormal, porque además el gobierno uruguayo está siendo más realista que el rey en su neoliberalismo.
Su inversión social es escasísima, de las menores de América Latina.
La ministra de Economía acaba de decir que está llegando a sus objetivos de reducción del déficit. ¿Pero a qué costo? Hasta los gobiernos más liberales tiraron por la borda el dogma del techo fiscal. Aquí no. Y en algún momento esto les estallará.