Los condenados son en su mayoría uruguayos (13), y también peruanos, chilenos y bolivianos.
Todos forman parte de un grupo de 35 acusados inicialmente por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo. Una decena fallecieron antes de que se iniciara el juicio y tres desde 2017.
Eran juzgados por el secuestro y el asesinato en cautiverio de militantes de izquierda sudamericanos de origen italiano en los años setenta, como consecuencia del accionar coordinado de las dictaduras de Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú y Argentina.
Los hechos ocurrieron en Argentina, principal plataforma operativa del Plan Cóndor.
Por cuestiones operativas, unos 50 militares y civiles argentinos, y varios paraguayos y brasileños responsables de crímenes similares serán objeto de un juicio distinto.
En primera instancia, en 2017 la justicia italiana sólo había condenado a un grupito de ocho acusados, responsabilizados como jefes de las operaciones.
Al resto los absolvió, ateniéndose a la idea de la “obediencia debida”, que los exculparía de los delitos al haber acatado órdenes, o considerando que los delitos habían prescrito, omitiendo tomar en cuenta que se trataba de crímenes de lesa humanidad, como imprescriptibles para la legislación internacional actual.
El fallo había decepcionado a los denunciantes, que en el caso de Uruguay y Bolivia comprendía al propio Estado, y las sentencias fueron apeladas.
Los abogados de las partes civiles y la fiscalía italiana siguieron trabajando y reuniendo pruebas, sumándolas a la enorme cantidad de testimonios y documentos ya presentados.
La justicia encontró ahora que las pruebas eran suficientemente abundantes e incontrovertibles como para condenarlos a todos.
“Se superaron nuestras expectativas”, comentó en Roma Giancarlo Maniga, uno de los abogados de los denunciantes.
El nuevo fallo determinaría el envío a prisión del único de los 24 genocidas juzgados que permanecía libre y ubicado, el ex capitán de navío uruguayo Jorge Troccoli, que huyó de Montevideo hacia Italia en 2007 para escapar a un juicio en su propio país y en 2017 había sido absuelto.
La sentencia conocida el lunes 8 determina que Troccoli, “ex jefe del Servicio de Información del cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay (Fusna), jugó un rol central” en “la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la Escuela de Mecánica de la Armada argentina”.
También establece que “en la fase ejecutiva desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en la ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del Fusna”.
Hay otro uruguayo acusado libre: el capitán Pedro Mato, prófugo desde hace años que vive en Santana do Livramento con documentación brasileña.
“Las cosas se han puesto en su lugar”, comentó el ministro de Defensa uruguayo José Bayardi, que fuera compañero de militancia de varios de los secuestrados y asesinados por Troccoli.
“Vinimos a Roma para sostener la lucha contra la impunidad y porque tenemos la obligación de no olvidar”, dijo a su vez en Italia el viceministro de Justicia boliviano Javier Moncada.
Sobrevivientes de la represión y familiares de desaparecidos uruguayos se reunieron el lunes por la tarde en la sede de la central sindical única PIT-CNT, una de las demandantes en el juicio romano.
Mantuvieron una videoconferencia con los abogados italianos y escucharon la lectura del fallo.
Una de las presentes, María Bellizzi, tiene 94 años, y es madre de Humberto Bellizzi, uruguayo desaparecido en 1977 en Buenos Aires. María es una de las fundadoras del grupo de familiares de desaparecidos que comenzaron a reunirse en plena dictadura.
“Fue emocionante”, dijo a La Rel Elba Rama, sobreviviente de Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de exterminio utilizados por militares uruguayos en Buenos Aires en 1976 y 1977.
“Cuarenta años después, ver que se haga justicia a tanta distancia de tu país, que jueces extranjeros comprendan mejor los resortes de un plan de exterminio como el Cóndor que algunos jueces de tu país y se den cuenta que no puede quedar sin castigo te emociona”.
“Te hace reflexionar, también- agregó- sobre la manera en que la impunidad sigue operando”.
Rama admitió que el Estado uruguayo había corregido en los últimos meses una serie de omisiones en que había incurrido en años anteriores, cuando a pesar de ser parte civil en el juicio italiano muy poca atención le prestó.
Esta nueva actitud no debe hacer olvidar, insistió, que la gran mayoría de los responsables de los delitos de este tipo en Uruguay siguen estando libres y que los condenados en Italia son, en su mayoría, parte del pequeñísimo grupito de los que están presos en su país.
Algunos de ellos purgan sus penas en sus domicilios, “en condiciones de privilegio inauditas tratándose de verdaderos genocidas”, destacó Rama.
Centenares de causas contra represores continúan estancadas, por la doble negligencia de los poderes Ejecutivo y Judicial, concluyó, y recordó que de no haber sido por las propias víctimas o sus familiares y por las organizaciones de la sociedad civil jamás se hubiera obtenido condena alguna.
