El dato parece anunciar el apocalipsis: la industria frigorífica tiene más trabajadores en el seguro de paro que en tiempos de la epidemia de aftosa, hace más de 20 años, cuando la epizootia se convirtió en uno de los escalones del descenso hacia la crisis más profunda que vivió el país desde la recuperación de la democracia, por lo menos.

El lunes eran 2.300. Según la cuenta que sacó el miércoles con Brecha el presidente de la Federación de la Carne, Martín Cardozo, ya son 2.800 (más del doble de los que recientemente dejó en la calle la autopartista Yazaki).

Significan el 18,6 por ciento de los trabajadores de esta industria; uno de cada cinco, prácticamente. Pero esta vez no es que ande algún microorganismo al acecho, como pasaba en 2001. Tampoco es que el negocio marche mal; parece que todo lo contrario.

El último año de la segunda administración de Tabaré Vázquez (2015-2020) ya había marcado un récord en las exportaciones de carne bovina: 1.777 millones de dólares.

La pandemia dañó el negocio al año siguiente, pero las ventas de 2021 compensaron con creces esa caída y las de 2022 (2.547 millones) hicieron historia otra vez.

Los dos años siguientes las ventas siguieron estando por encima de los 2.000 millones, muy por encima de las buenas cifras de los últimos 20 años, siempre de acuerdo con los datos que publica la agencia estatal Uruguay XXI.

Este año la faena viene a buen ritmo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Carnes, en las primeras siete semanas de 2025 se sacrificaron 319.484 bichos, seis por ciento más que el año pasado a la misma altura.

Y, tal como van las cosas, hay capitales, de lo más grandes, queriendo aumentar su participación en el negocio. Minerva Foods no ceja en su voluntad de invertir. La multinacional tiene plantas en Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Colombia, y también en Australia, lejos de su matriz paulista, pero cerca del mercado chino.

Su capacidad industrial le permite faenar en un solo día tantas reses como la suma de todos los frigoríficos uruguayos en una semana.

Es conocido que a fines de 2023 la firma manifestó su interés en adquirir tres plantas que su competidora Marfrig Global Foods tiene en Uruguay (Cledinor, Inaler y Colonia), y que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) desaconsejó la operación porque implicaba concederle a la empresa una posición excesivamente dominante en el mercado.

Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el veto de la comisión, Minerva volvió recientemente a la carga replanteando su propuesta ante la CPDC con la novedad de comprometerse a revenderle la planta de Colonia a la empresa de capitales indios Allana Group.

Como apuntó Amalia Antúnez, de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, la empresa obtuvo autorización para comprar 11 plantas de Marfrig en Brasil mediante un mecanismo similar: enajenando dentro del mismo compromiso de compraventa un frigorífico que poseía en Goiás («Operación Uruguay», Rel-uita.org,14-II-25).

De momento, Otto Fernández Nystrom, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, manifestó que la gremial se opone también a la nueva versión del trato (El País, 19-II-25).

También subsiste la objeción planteada por Cardozo. “Si con cuatro plantas y la transnacional no puede asegurar una actividad permanente, nos preguntamos cómo hará cuando tenga seis o siete”, dijo el dirigente friyero, porque lo cierto es que de esos 2.800 trabajadores en el seguro, unos cuantos son de la próspera Minerva: los 750 de la planta BPU Meat, en Durazno.

“Es que las multinacionales manejan los envíos al seguro de paro como parte de su estrategia empresarial. Si hay una temporada de baja demanda, mandan a alguna planta al seguro. Y, lógicamente, aprovechan la instancia para plantear rebajas salariales. Al final, para volver a la actividad los trabajadores terminan aceptando perder salario”, explicó el dirigente.

Minerva ya aplicó esta táctica en otras ocasiones. El caso más conocido fue el del frigorífico Canelones, que mantuvo cerrado desde octubre de 2019 hasta enero de 2021.

Ahora logró que los trabajadores de BPU Meat aceptaran disminuir sus remuneraciones al nivel de lo que se paga en las otras plantas de la multinacional en el país. “Es un compromiso de la empresa arrancar con la faena en la segunda semana de marzo”, consignó Cardozo.

Hay interrupciones producidas por razones de orden técnico. Schneck dio lugar a un incidente parlamentario el martes, cuando el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle se opuso a la solicitud de prórroga del seguro de paro para sus 350 trabajadores, contrariando la unanimidad habitual en la materia.

“Esta empresa manifiesta que necesita terminar reformas en su estructura edilicia para reiniciar sus actividades”, informó Cardozo al respecto.

Es más preocupante lo que sucede con el resto de las plantas. “Enfrentan enormes problemas financieros, acumulan deudas millonarias”, observó Cardozo.

Así, la historia del grupo chino Sundiro Holding en Uruguay ha sido “una continua decadencia”. Dueño de los frigoríficos Lorsinal (en Melilla) y Rondatel (en Rosario), el grupo interrumpió sus actividades en 2023 y tiene cerca de 700 trabajadores en el seguro.

“Nunca invirtió. Cada vez faenaba menos. Terminó con deudas millonarias y retirándose del país”, resumió Cardozo. Como lleva saldados 3 millones de dólares de los 10 que adeuda y ofreció un plan de pagos para el resto, viene evitando el concurso.

Desde mayo del año pasado está sin trabajar el frigorífico salteño Daymán, propiedad de empresarios brasileños. Esta empresa tenía una planilla de 150 funcionarios, a los que todavía les debe las licencias generadas en 2022 y el aguinaldo de 2023, además de deberles a sus proveedores.

Sus instalaciones fueron allanadas en agosto y se encontró maquinaria presuntamente traída de contrabando (Diario Cambio, 6-VIII-24).

El derrumbe de Conexión Ganadera (CG) viene añadiendo otra tanda de desempleados.

“Parece ser el primer coletazo. No tengo datos concretos, pero probablemente unas cuantas plantas y sobre todo muchas personas vinculadas a la industria frigorífica estén metidas en este negocio. Y la estafa es tan grande que, obviamente, los productores encendieron las alarmas. Porque el ganado se paga a los 90 días. Entonces, cuando salta que una planta tiene deudas millonarias, los productores ya no se arriesgan a enviarle animales”, explicó el sindicalista.

En esta categoría entran con toda seguridad el frigorífico Casa Blanca (Fricasa), de Paysandú, que tiene una deuda de 27,7 millones de dólares con CG y 450 trabajadores en el seguro, y el de Paso de los Toros, de la firma Bamidal SA─cuyo director era precisamente el fallecido socio de CG Gustavo Basso─, que debe 15,7 millones al fondo referido y dejó en la calle a 150 personas.

“No estamos seguros de si este es el caso de Somicar, de Salto”, puntualizó Cardozo, pero la secuencia de su cierre hace pensar que podría serlo. “Mandó a 300 trabajadores al seguro a fines de diciembre y, de la nada, terminó solicitando un concurso voluntario para afrontar los 10 millones que debe”, narró.

Además, era CG que lo proveía de buena parte del ganado que faenaba.

En suma, mientras la industria frigorífica produce y vende como nunca, tiene a uno de cada cinco trabajadores en el seguro de paro.

Y esto ocurre después de una ronda de consejo de salarios en la que las patronales ni siquiera aceptaron negociar reivindicaciones de efectos económicos nulos, como establecer una cuota de género para la contratación de personal o autorizar la realización de asambleas en las plantas con una periodicidad predeterminada.

No fue un buen año para la negociación colectiva en esta rama. El balance incluyó la creación de un nuevo subgrupo de este consejo.

A los cuatro existentes (industria frigorífica, avícola, del chacinado, carga y descarga) se añadió el de las triperías y los trabajadores de los establecimientos especializados en este rubro sufrieron una reducción salarial.

El consejo no logró acordar un convenio colectivo para la rama. El 3 de enero el Poder Ejecutivo laudó un aumento mínimo después de que la Federación de la Carne se retirara de la conversación por entender que la patronal no estaba dispuesta a negociar realmente nada.

“Paradójicamente, esto no tiene consecuencias para la mayoría de nosotros”, observó, sin embargo, el presidente de la federación.

Las remuneraciones y las condiciones de trabajo de aproximadamente 60 por ciento de los trabajadores están definidas en los convenios que se establecen en cada planta.

“Nosotros buscamos un convenio de la rama por una razón de clase”, argumentó Cardozo.

El 40 por ciento que sí depende del consejo de salarios se integra en su mayoría con el personal no sindicalizado, que trabaja para las empresas más chicas, de capitales nacionales, en las que las condiciones de trabajo son más precarias.

María José Rey (doctoranda en Historia Económica por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, autora de La reconfiguración de la industria frigorífica en Uruguay, 1980-2015 y coautora del capítulo correspondiente al sector agrario en Teleidoscopio: historia económica del Uruguay, dirigido por Luis Bértola¹, aportó unas pinceladas sobre este segmento.

“En el imaginario colectivo tenemos la idea de que los industriales de la carne son todos ricos. Después, cuando te metés en el tema, descubrís que es un sector bastante peleador”, dijo.

“Tiene un margen de rentabilidad bajo, por razones que no termino de entender, o más bien muy volátil. Eso es complicado para empresas pequeñas de capitales nacionales. Fue un problema muy presente entre los sesenta y los noventa, cuando casi todas las plantas tenían estas características. Y no sobrevivían solas. Lo hacían con apoyo del Estado, con el Banco República jugando un papel clave”.

La evidencia apunta a que la industria frigorífica parece requerir espalda financiera y escala, reconoció Rey. “Pero tenés frigoríficos como Las Piedras o Pando, que han hecho las cosas muy bien. Son grandes y son exportadores. Son un caso a estudiar”, matizó.

Los chicos también se ocupan de rubros que pueden ofrecer buenas oportunidades y que las multinacionales, especializadas en vacunos, no abarcan.

“Bamidal y Somicar produjeron el año pasado el 30 por ciento de la carne ovina exportada. Ahora que los precios del ovino se están recuperando, el país está faenando la mitad. No hay donde faenar”, observó Rey.

La planta de Somicar pertenece a la Intendencia de Salto.

Cardozo se preguntó en voz alta: “Qué pasa si en lugar de pagar las millonadas que paga por seguro de paro, el Estado compra un poco de ganado y pone en marcha una planta”.

Y es cierto que el Estado gasta millonadas en este subsidio. “Hace año y medio, cuando el Frigorífico Canelones estuvo parado, había más de mil trabajadores de la industria frigorífica en el seguro”, recordó Rey.

Sin embargo, una intervención industrial directa no es lo primero que viene a la cabeza de la investigadora cuando pasa revista a las tareas pendientes del Estado uruguayo ante un sector que se ha hecho cargo durante los últimos 100 años de producir entre 20 y 25 por ciento de lo que exporta el país.

“La actuación reciente de la comisión de promoción de la competencia mostró la importancia de reforzar ese organismo y de las capacidades que falta desarrollar para anticiparse a la concentración», anotó la investigadora, para empezar.

“Lo más importante”, subrayó, sin embargo, “es que el Estado se planteé una estrategia nacional a mediano y largo plazo. Y, para tenerla, falta estudiar”;.

“Entre 2010 y 2015, cuando Sebastián Torres ocupó la Dirección Nacional de Industrias, los consejos sectoriales, creados para diseñar políticas industriales, tuvieron un impulso que después se discontinuó. Algo así necesitamos ahora para definir qué industria cárnica queremos promover y abordar tareas estratégicas, como en su momento fue darle trazabilidad al ganado».

En la Federación de la Carne no pueden estar más de acuerdo. “Las multinacionales ya tienen su plan de desarrollo e incluye la desaparición de unas cuantas plantas”, aseguró Cardozo.