Según datos de abril pasado del Centro de Estudios para el Desarrollo, el arroz producido en Uruguay, un país de poco más de 3,5 millones de habitantes, alimenta a más de 17 millones de personas.

Uruguay está en el top 10 de los exportadores del cereal a nivel mundial y entre los cinco primeros en América.

La zafra arrocera de este año ha sido récord, la superficie sembrada continúa aumentando y los ingresos previstos para 2022 por su comercialización serían los mayores en una década, superiores a los 500 millones de dólares.

Hasta ahí algunos de los datos duros sobre una producción que comenzó a implantarse en los primeros años del siglo XX, se expandió rápidamente y aparece concentrada en un territorio que abarca a cuatro departamentos del este del país (Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja).

Un equipo de seis investigadores de la Universidad de la República (Udelar) pertenecientes a las facultades de Medicina, Ciencias y Psicología se propuso estudiar aspectos no estrictamente económicos de la actividad arrocera, en particular cómo repercute sobre la salud de sus trabajadores.

“Vulnerabilidades a la salud relacionadas con el uso de agroquímicos en trabajadores/as del arroz de la Cuenca de la Laguna Merín” se titulará ese trabajo, que sus autores presentaron a comienzos de este mes en el Centro Universitario Regional Este de Treinta y Tres de la Udelar.

Según contaron, apuntarán a “caracterizar la exposición a agroquímicos de trabajadores/as del arroz, cuantificar las enfermedades y accidentes de trabajo registrados por el uso de estas sustancias y conocer la percepción de riesgo de distintos actores del complejo arrocero”.

Los seis vienen cooperando hace 13 años con el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) y en ese marco han constatado que los problemas de salud de lo que estos se quejan son muy probablemente consecuencia de su exposición constante a agrotóxicos como el glifosato.

“Las tres poblaciones más vulnerables a las intoxicaciones son los trabajadores rurales, las mujeres embarazadas y las infancias”, dijo al cotidiano La Diaria Nicolás Rodríguez, investigador del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología.

Jimena Heinzen, del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, evocó el caso de Julio de los Santos, un trabajador cuyos padecimientos han sido abundantemente seguidos por La Rel.

Empleado por años de una de las grandes empresas del sector, Arrozal 33, Julio se encuentra actualmente en un penoso estado de salud (con respiración asistida, entre otras cosas), a raíz de haberse contaminado con glifosato.

Así lo constataron médicos y diversos expertos, al igual que un juzgado que examinó su caso durante largo tiempo y terminó condenando a la compañía a una fuerte indemnización, la primera de su tipo en la historia uruguaya.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló ese fallo basándose únicamente en las alegaciones y los testigos aportados por Arrozal 33.

Julio está esperando el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia. Su abogado está dispuesto a llegar hasta la Corte Interamericana si en Uruguay De los Santos no obtuviera reparación.

“La situación de De los Santos ha movido mucho a todos sus colegas”, comentó Rodríguez, y es representativa del estado de indefensión en que se encuentran los trabajadores del sector.

Los investigadores esperan que con su estudio puedan contribuir a hacer un mapeo del “territorio arrocero”, poder tipificar las distintas situaciones en que se encuentran los trabajadores (no se enfrentan a los mismos problemas quienes viven en el predio de la empresa, que llegan a conformar “pueblos arroceros”, como Arrozal 33, o quienes lo hacen en las ciudades, dicen).

También se plantean determinar “qué agroquímicos se aplican y qué características tienen los productos” y la percepción que de los agrotóxicos se tiene en las comunidades.

“Hay muchas intoxicaciones leves o moderadas que no son denunciadas. Este tipo de casos no están en ningún registro y la percepción, tanto de quienes están a cargo de la producción como de quienes trabajan directamente, es muy importante”, apunta la especialista de la Facultad de Medicina.

Faltan estudios locales sobre todos estos temas, pero sí existen en países vecinos como Argentina y Brasil, donde se emplean básicamente los mismos productos que en Uruguay y los niveles de contaminación de humanos y ambiente son similares.

“En Brasil está estudiado que por cada situación de intoxicación que se notifica hay 50 que no se notificaron”, señala La Diaria.

Rodríguez resalta: “se les pide a las comunidades que están vulneradas en su historia, en sus derechos, que denuncien”, pero después quienes denuncian se enfrentan a murallas de todo tipo, como le ha sucedido a De los Santos.

“¿Les vamos a pedir a ellos y ellas que sostengan un proceso judicial? ¿O tenemos que entrar otros actores y actrices como la prensa, la Universidad, las políticas públicas y otros sindicatos a hacer algo?

Es un problema histórico: si otros actores no entran en el juego, como lo estamos planteando, no vamos a poder dar un salto como país”, concluye el investigador.

*De la letra de “El taipero”, de Alfredo Zitarrosa