A finales de enero, Somicar SA, ubicado en el departamento de Salto, luego de permanecer sin actividad desde el inicio del año, anunció que no retomaría la faena debido a que un grupo de acreedores solicitó a la justicia un concurso necesario por el endeudamiento ─unos 8 millones de dólares─ que la firma mantiene con consignatarios de ganado, productores y empresas proveedoras de insumos y servicios.

Por este motivo, unos 300 obreros fueron enviados al seguro de paro y aún se espera la resolución de la justicia para conocer su futuro y el de la firma empleadora. Aun así, la situación de Somicar no es la única que golpea la zona norte del país.

El viernes 14 se conoció que el frigorífico Casa Blanca (Fricasa), ubicado en la ciudad de Paysandú, también enviaría a 450 trabajadores al seguro de paro. En su caso, la medida deriva de una reducción en los niveles de faena, producto de una ruptura de la confianza de los productores que abastecen la planta.

A partir del caso de la empresa Conexión Ganadera ─una maniobra piramidal por la cual se afectó a miles de inversores y alcanza los 250 millones de dólares en pérdidas─, que fue intervenida y se encuentra siendo investigada por la justicia, se conoció que Fricasa mantenía una deuda de 27,7 millones de dólares con esa firma.

Esto determinó que consignatarios y productores dejaran de enviar ganado al frigorífico para faenar ante la eventual interrupción de la cadena de pagos.

Por este mismo caso, a principios de febrero, también había dejado de faenar la firma Bamidal, SA ubicada en la ciudad de Paso de los Toros (departamento de Tacuarembó).

El frigorífico, dedicado a la producción ovina, era propiedad de Gustavo Basso, uno de los socios de Conexión Ganadera, con quien mantenía un pasivo de 15,7 millones de dólares.

Los cierres de las tres plantas registrados en lo que va del año se suman a otros tres ocurridos entre 2023 y 2024, que afectan a unos 850 trabajadores.

También en el rubro ovino, a mediados de mayo de 2024 el frigorífico Daymán, ubicado en el departamento de Salto, cesó su actividad por falta de animales para faenar y envió al seguro de paro a unos 150 trabajadores.

Meses después, en octubre, la empresa perteneciente a los empresarios brasileños Joselino Lopes ─detenido en 2022 por malversación de fondos─ y Clebio Lopes, fue allanada y se incautó maquinaria presuntamente ingresada de contrabando.

Por entonces, a los trabajadores aún se les adeudaba el pago de las licencias generadas en 2022 y los aguinaldos de 2023.

En una situación aún más dramática se encuentran los trabajadores de los establecimientos Rosario y Lorsinal, ubicados en el departamento de Colonia y Montevideo.

Las plantas, propiedad del grupo chino Sundiro Holding, interrumpieron su actividad en 2023 y aún se espera su reactivación. Por ello, se encuentran afectadas unas 700 familias.

En noviembre del año pasado, el grupo chino había enviado unos tres millones de dólares para abonar parte de sus adeudos ─unos 10 millones de dólares─ a diversos proveedores y de esa forma frenar el concurso de acreedores.

Como parte del acuerdo se han ido realizando los pagos en cuotas. La tercera y última de esta primera etapa se efectuará en marzo.

Aunque los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, mantienen reuniones periódicas con los directores de la empresa china en Uruguay y con autoridades del Ministerio de Trabajo, la continuidad de las actividades en ambas plantas todavía es incierta.

Los sucesivos cierres de plantas frigoríficas en el último tiempo generan preocupación en la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), organización afiliada a la Rel UITA que nuclea a los sindicatos de trabajadores del sector.

Al ser consultado por La Rel, Martín Cardozo, presidente de la FOICA, sostuvo que son múltiples los factores que han llevado a estas situaciones.

Para el dirigente no solo se debe a una cuestión de mala gestión empresarial, sino también a las altas exigencias del mercado y a no tener capital para invertir en mejorar la productividad, lo que deriva en una pérdida de competitividad.

Cardozo sostuvo que “frigorífico Rosario no pudo extender su capacidad de faena porque tenía un problema en el tratamiento de las aguas, frigorífico Daymán se fue quedando por el camino por trabajar de manera casi manual y Casa Blanca contaba con una plantilla de 500 trabajadores, pero hacía la mitad de animales que frigorífico Carrasco, que tiene casi la misma cantidad de trabajadores”.

“Las empresas no pueden hacer frente a las crisis. La alarma se enciende cuando muchas veces se terminan yendo del país y dejan el tendal de trabajadores y trabajadoras”, añadió el dirigente.

Para el presidente de la FOICA es en estos momentos cuando se requiere la participación de un Estado que genere propuestas, políticas públicas e incentive la promoción de puestos de empleo de calidad.

“Es un tema que nos preocupa y nos alerta y siempre aspiramos a que la intervención del Estado ayude a empujar nuestra rama de actividad”, concluyó Cardozo.