Llamado Cabildo Abierto (CA) y liderado por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, la nueva formación política es parte de una coalición de cinco partidos que asumirá el gobierno a partir del 1 de marzo, cuando Luis Lacalle Pou llegue a la presidencia del país.
CA ya tiene asegurados varios cargos en el próximo gabinete ministerial y su peso será decisivo en el parlamento para asegurarle a la coalición las mayorías necesarias para la aprobación de leyes.
No es cualquier partido Cabildo Abierto.
Es, por lo pronto, lo más parecido que ha existido en la historia uruguaya a un “partido militar” y su líder no ha dudado, durante la campaña electoral, en dirigirse a la tropa en activo como si aún fuera su comandante y alentado la circulación de mensajes de organizaciones paramilitares y oficiales retirados o activos que contienen amenazas de muerte a militantes de organizaciones de derechos humanos o grupos de izquierda.
CA ha expulsado de sus filas a algunos de sus integrantes que se mostraron en público haciendo el saludo nazi o a uno de sus convencionales que hizo un llamado a través de Facebook a la formación de un escuadrón de la muerte para “limpiar al país de delincuentes y zurdos”.
El partido trató estos casos como “excepciones” o “actos de locura”. Lo mismo hicieron sus socios de la futura coalición de gobierno.
Otro militar retirado que pretendió ser candidato a un cargo electivo por el partido fue condenado hace un par de semanas a una pena de prisión domiciliaria por amenazar en un video, también en Facebook y también a cara descubierta, a todos aquellos izquierdistas que “se salvaron” en 1973, es decir con el golpe de Estado, con que “esta vez sí la van a quedar”.
Manini Ríos dijo desconocer que ese hombre tuviera vínculos con su organización.
Milita abiertamente en Cabildo Abierto -y fue candidato a diputado- Eduardo Radaelli, un teniente coronel de contrainformación retirado que estuvo implicado en el asesinato en Uruguay, en 1992, en complicidad con militares chilenos, del bioquímico Eugenio Berríos, un ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet que conocía secretos del régimen y en el que sus superiores no confiaban.
Otro de los referentes del grupo es Daniel Salinas, un médico que cumplió funciones durante años en el Hospital Militar y que según documentación publicada por el diario El Observador fue socio de un psiquiatra acusado por decenas de ex presos políticos de haber sido responsable de sofisticados sistemas de tortura en los centros de detención de la dictadura.
Salinas fue confirmado este lunes por el presidente electo Luis Lacalle como futuro ministro de Salud Pública.
“Se lo condena por sus vinculaciones. Es inadmisible”, lo defendió Manini.
“No se puede hablar de excepciones”, afirmó semanas atrás el historiador y analista político Gerardo Caetano, Cuando un partido “atrae a toda una serie de personas con un perfil determinado ese perfil lo define”.
Máxime cuando el apoyo a Cabildo Abierto es absolutamente explícito de parte de instituciones como el Centro Militar, el Círculo Militar y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (CAOFA). Los tres organismos nuclean a uniformados activos y retirados que en su enrome mayoría defienden sin tapujos lo actuado bajo la dictadura, cuando no están implicados directamente en delitos de lesa humanidad.
El coronel retirado Carlos Silva Valiente, que preside el Centro Militar y la CAOFA, fue candidato a diputado por Cabildo Abierto.
La revista de la CAOFA, Nación, publicó propaganda electoral del partido dirigido por Manini y uno de sus articulistas le dedicó un poema de exquisita fineza al ex jefe del ejército: “Salve Guido y sus valores nuestro rico patrimonio, rescatando a nuestro pueblo de las manos de un demonio”.
En Nación aparecen regularmente notas que justifican el fondo y las formas de la dictadura, “explican” las muertes en la tortura, ensalzan la doctrina de la seguridad nacional, llaman a “culminar la lucha por extirpar al comunismo del Uruguay”, ubican a los movimientos de defensa de los derechos humanos y a los grupos feministas entre los “nuevos enemigos a combatir”.
Nación exaltó en su momento al Foro Libertad y Concordia, una estructura que reunió hasta mediados de esta década a varias generaciones de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y a grupos e individuos de extrema derecha nacionales y extranjeros.
Documentación interna dada a conocer por el periodista Roger Rodríguez reveló que el Foro operaba en varios niveles, desde la defensa de sus “camaradas” acusados de violaciones a los derechos humanos hasta el plano estrictamente militar.
Cuando no tenían partido propio, muchos de sus integrantes militaban en formaciones políticas de la derecha tradicional, en especial en sectores ultraconservadores del Partido Nacional, hoy liderado por el presidente electo Lacalle Pou, y al que perteneció hasta hace muy poco Irene Moreira, esposa de Manini Ríos y futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Justo antes de la segunda vuelta de las elecciones pasadas, a fines de noviembre, reapareció el paramilitar Comando General Pedro Barneix.
El grupo había salido a luz en 2017, cuando amenazó de muerte a 13 personalidades, en su mayoría operadores de los derechos humanos uruguayos y extranjeros, entre ellos el brasileño Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande del Sur y asesor en derechos humanos de la Rel UITA.
Para volver al ruedo, el Comando emitió un comunicado en el que conminaba a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas a votar “por Luis Lacalle Pou como presidente con el apoyo de nuestro general de Ejército Guido Manini Ríos”.
Advertía a si los soldados que los conocía uno a uno y que si no obedecían esa “orden” sabría dónde ubicarlos y les daría “el tratamiento que se da a los traidores”.
“Empezamos a volver”, terminaba el comunicado.
La justicia nada ha averiguado aún de ese comando ni ha vinculado su surgimiento y reaparición con varios hechos concordantes que se sucedieron en ambas oportunidades, por lo pronto sus eventuales vínculos con Cabildo Abierto o con declaraciones de algunos de los integrantes de ese partido o pertenecientes a estructuras que le son más o menos afines.
¿Existe una trama que los vincule?
Krischke y la investigadora italiana Francesca Lessa, también amenazada por el Comando, sugieren que da para pensarlo.
“Es muy fuerte lo que está pasando en Uruguay. Queda en evidencia, una vez más, que todos estos que aparecen ahora reivindicando a la dictadura, amenazando gente y diciendo que van a volver, estaban allí. Que se los toleró y se los dejó crecer”, dijo Krischke.
“Esto demuestra claramente las consecuencias de la impunidad. La jurisprudencia internacional ha dicho en muchas oportunidades que la impunidad genera las condiciones para que se puedan cometer nuevos delitos”, coincidió Lessa.
“A pesar de nuestros reclamos, nadie –ni la justicia ni otras autoridades competentes– ha tomado esa amenaza con la debida seriedad en estos últimos tres años. El Comando se sintió envalentonado por esa impunidad”.
Krischke recordó, además, que algunos de los protagonistas de estas arremetidas, como Manini Ríos y muchos otros, crecieron apañados por gobiernos que hubieran debido cortarles el paso.
Manini fue designado bajo el actual Ejecutivo del centro izquierdista Frente Amplio y fue apañado por el ex ministro de Defensa de ese partido Eleuterio Fernández Huidobro.
Otros minimizaron su importancia o su capacidad para ir tejiendo redes más allá de la “familia militar”, por ejemplo con sectores populares a los que les llega el discurso de un partido que se ha hecho conocer casi únicamente por un discurso fácilmente entrador de mano dura con la delincuencia.
Más crecerá esta gente, obviamente, si se la legitima como actores “normales” y se gobierna en alianza con ellos, dice Krischke, y observa que “las agendas sociales y políticas prometidas e incumplidas por los partidos llamados progresistas explican que prosperen personajes como Jair Bolsonaro”.