Una ley de fecha 30 de marzo, dictada al amparo de la emergencia de COVID-19, faculta al primer ministro a gobernar por decreto por tiempo ilimitado, suspender la legislación vigente y encarcelar por hasta 5 años a los críticos.
Orbán se ha aprovechado de la pandemia para promulgar una serie de decretos que no tienen nada que ver con la COVID-19.
El gobierno ha adoptado medidas para reducir los ingresos fiscales de municipios gobernados por la oposición e introducido normas que permiten que las protecciones establecidas por el código laboral y los convenios colectivos queden de lado por tiempo indefinido.
Orbán no es el único jefe de estado que capitaliza la pandemia para llevar adelante una agenda autoritaria: Donald Trump en Estados Unidos, el partido único de gobierno de China, Jair Bolsonaro en Brasil, Recep Tayip Erdogan en Turquía y el primer ministro indio Modi usan con habilidad la crisis, y esos países tienen un peso global incomparablemente mayor que Hungría.
Pero la Unión Europea es la segunda potencia económica más grande del mundo y dice tener un compromiso constitucional con la democracia, los derechos humanos y con la «solidaridad».
Orbán ha estado construyendo un sistema autoritario etnonacionalista, violando de manera flagrante de las leyes y tratados de la UE y la legislación internacional de derechos humanos.
Entre esas violaciones destacan la violencia y la discriminación contra la población gitana empobrecida del país; la casi eliminación de los medios de comunicación independientes; el control del sistema judicial por parte del FIDESZ, el partido en el gobierno; la criminalización de a los solicitantes de asilo y quienes abogan por ellos.
También ha negado alimentos a los migrantes confinados por la fuerza en una zona fronteriza y ha promulgado una legislación que requiere que las ONG que reciben apoyo financiero del extranjero se registren como “agentes extranjeros”.
La rendición de la UE ante los crecientes ataques de Orbán contra la democracia ha envalentonado al Partido de la Ley y la Justicia de Polonia, que desde 2015 ha estado consolidando su control sobre los medios de comunicación y los tribunales.
Al amparo del confinamiento, Varsovia ahora lleva adelante un ataque contra los derechos reproductivos de las mujeres.
Los gobiernos autoritarios de los dos países se refuerzan y protegen recíprocamente. No será eficaz tomar medidas contra uno solo.
En una carta del 1 de abril a las autoridades competentes de la Unión Europea, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini, pidió medidas inmediatas para impugnar la ley de emergencia húngara y un mayor control de los fondos de la UE para Budapest.
La iniciativa merece apoyo. Llega en un momento en que los sindicatos están abrumados por la emergencia del virus y el colapso económico.
Pero no hay consenso en la UE para aplicar la legislación regional que permitiría suspender a Hungría.
Desde 2010, la crisis financiera de la eurozona llevó a que se instituyeran múltiples mecanismos e instituciones para imponer y exigir austeridad.
¿No podemos exigir nuevos mecanismos para detener la propagación de un virus autoritario?