Según Ortega -y todo analista que no niegue los hechos-, la razón fundamental para llevar dinero a Panamá y a países semejantes es ocultar que proviene de todas las formas del crimen organizado, la corrupción y la evasión tributaria.
Luego el ilícito menor consiste en no pagar los impuestos, dejándoles la carga a los que sí respetan las normas.
En alguno de los papeles de la firma panameña Mossack Fonseca que se filtraron, empleados del bufete le dicen a un abogado colombiano: “Habíamos quedado pendientes en revisar un tema de refacturación que le envié propuesta (sic), pero el cliente desafortunadamente ya había sacado algunos montos y sustentado algunas partidas”.
“Entonces concluimos que lo mejor era hacerlo para un próximo monto ya que podría ser muy visible ante la DIAN, para el mismo cliente y un riesgo para nosotros emitir una factura por un dinero que ya no está”.
En otra comunicación se habla de “revisar cuál es la mejor forma de sacar el dinero del cliente como una inversión extranjera de colombiano afuera, para luego ese dinero pasarlo a la cuenta de una de las panameñas y traer nuevamente la plata a Colombia como capitalización de la SAS”.
Que nadie dude que entre los objetivos de esta firma está promover la ilegalidad de cuello blanco.
No se trata de sumas menores. El mismo Ortega comenta una tesis doctoral realizada en Francia en la que se calculó en 100.000 millones de dólares el dinero colocado por colombianos en paraísos fiscales como Panamá y en 6.000 millones de dólares anuales la evasión tributaria por este concepto.
Y esto ocurre mientras, por presiones del gobierno de Panamá y de algunos nativos, el presidente Juan Manuel Santos le retiró la clasificación de paraíso fiscal a ese país, una declaratoria que permitía perseguir estas corruptelas.
Dentro de la lógica de justificar a los colombianos que ilegalmente ocultan 100.000 millones de dólares en Panamá y en otros paraísos fiscales, aparecen análisis en extremo cándidos o muy astutos que los presentan como víctimas, porque, dicen, en Colombia los impuestos son muy altos y para qué pagarlos si terminan en la corrupción oficial.
Pero es falso.
Las cifras oficiales señalan que el impuesto de renta declarado por las cien empresas más grandes del país, sin incluir los bancos y donde 59 son extranjeras, representa menos del siete por ciento del total de la recaudación fiscal, en tanto concentran el 40 por ciento de los activos de las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
Y quedan muy mal quienes arguyen que algunos tienen el derecho a enfrentar la corrupción oficial mediante el expediente de robarse los impuestos que deben pagar, al tiempo que presionan para que se los aumente a quienes sí los pagan, mientras el país, también por una tributación exigua de acuerdo con los estándares internacionales, se hunde en el atraso, el desempleo, la pobreza y la mayor desigualdad social.
Las anteriores verdades no dejan de serlo porque también sea cierta otra realidad que indica que la filtración de los papeles de Mossack Fonseca proviene de la maniobra de un paraíso fiscal más poderoso que Panamá –este negocio existe en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros 74 países y territorios–, para desplazarla de un negocio.