La Cuarta Transformación prometida por López Obrador ha empezado a romperse por el lado más débil, como suele suceder con los proyectos o intenciones progresistas. Esta vez por el lado de los migrantes.
Pese a que la ratificación del nuevo tratado de libre comercio, conocido como T-MEC, se encuentra en manos del Congreso de su país, el presidente estadounidense Donald Trump de un manotazo dio vuelta la mesa, anunciando que impondría aranceles a productos mexicanos de entre 5 y 25 por ciento si el país latinoamericano no tomaba acciones decididas contra la migración.
Ni lento ni perezoso, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard partió con una delegación a Washington a intentar calmar al caprichoso empresario especulador convertido a presidente.
Muchos expertos económicos y diplomáticos recomendaron a México aguantar el chantaje arancelario ante la imposibilidad real de hacerlo efectivo, primero por contravenir una docena de tratados internacionales y leyes locales existentes, entre ellos la misma pertenencia de ambos países a la OMC.
Segundo, la medida perjudicaría grandemente a capitalistas y consumidores de Estados Unidos.
De hecho, en medio de las conversaciones se empezó a articular un interesante lobby de empresarios y congresistas republicanos que estaban dispuestos a oponerse a la medida por afectarles directamente a sus negocios, lo cual le daría una importante ventaja negociadora a México.
Congresistas republicanos advirtieron por escrito a Trump que no respaldarían dicha medida. Pero nada de esto se articuló.
El 7 de junio el ministro mexicano anunció una amarga victoria: la medida a todas luces ilegal de los aranceles se postergaría a cambio de una serie de medidas de control migratorio.
Figuran entre ellas el despliegue apresurado de la cuestionada Guardia Nacional y la expansión de la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que convierte a México en el llamado “Tercer País Seguro”, es decir, lugar de espera de solicitantes de asilo político.
Trump, con tan solo una amenaza, logró su propósito de levantar un muro en la frontera mexicana.
Al final, no solo los migrantes centroamericanos fueron sacrificados, también la dignidad frente a la potencia imperial. Y, quizás más importante, se perdió una importante ventaja negociadora de cara al futuro.
Trump se mofó de Ebrard al mostrar a la prensa un compromiso entre el asesor legal del Departamento de Estado Marik A. String y el consultor jurídico adjunto de la Cancillería mexicana Alejandro Celorio Alcántara para redactar un acuerdo vinculante como parte “de un enfoque regional para el reparto de la carga en relación con el procesamiento de las reclamaciones de migrantes sobre el estatuto de refugiado”.
Ebrard admitió ante el Senado que “México también se compromete a comenzar de inmediato a examinar las leyes y regulaciones nacionales con el fin de identificar cualquier cambio que pueda ser necesario para que entre en vigencia e implemente dicho acuerdo”.
Ante la incredulidad de quienes aún defienden a capa y espada a López Obrador, los acuerdos con Trump se han empezado a cumplir a rajatablas.
Con unos brazaletes con la leyenda “GN”, personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) se ha desplegado apresuradamente desde el 12 de junio en los estados de Chiapas y Tabasco.
Un memorándum girado por el Instituto Nacional de Migración urgió a los concesionarios de transporte terrestre y turismo a exigir documentación migratoria a todos los pasajeros en todo el país, incluyendo los mexicanos.
El gobernador de Tabasco anunció a su vez que ha iniciado investigaciones por lavado de dinero en contra de los albergues que por años han asistido a los migrantes.
Las delegaciones de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) en los puestos fronterizos sureños han colocado carteles anunciando que no recibirán más documentación ni solicitudes en esos lugares, y que en todo caso los interesados deben mandar cualquier documentación por correo electrónico, cerrando así de facto, la posibilidad de nuevas solicitudes.
Un canciller mexicano a principios del siglo XX ya dijo que la mejor manera de negociar con Estados Unidos es la “confrontación responsable”.
Pero hoy se está imponiendo el estilo de negociación de Trump: aplastar al más débil. Esto tiene implicaciones para toda América Latina, no solo para México y Centroamérica.
Cientos de organizaciones ya están alzando su voz de protesta, especialmente ahora, que López Obrador y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, unen esfuerzos con su par de Guatemala Jimmy Morales.
Este último debe entregar el poder en unas semanas, pero antes está avanzando en convertir a este país en el segundo en adoptar, después de México, el acuerdo de “Tercer País Seguro”.
Lo que resta hasta el 22 de julio, fecha límite que se autoimpuso México para implementar sus medidas, al parecer será de grandes sorpresas, a juzgar por los hechos sucedidos en las primeras dos semanas posteriores al acuerdo con Estados Unidos.
En México, Gilberto García