Al actuar de esa manera, esas tempestades muestran a la luz del día los desechos que albergan los bajos fondos de la sociedad. Cuando emergen detritos e inmundicias nadie quiere hacerse cargo de ellas, unos y otros ladean la vista, aunque todos saben que están implicados hasta los huesos.
La crisis brasileña amenaza salirse de control. Siete meses después de asumir la presidencia Michel Temer, a raíz del proceso ilegítimo que desplazó a Dilma Rousseff, la inestabilidad tiende a convertirse en crisis institucional.
En ese tiempo cayeron seis ministros, algunos envueltos en escándalos que deberían haberle costado el cargo al actual presidente. La crisis ética que afecta a las elites política y empresarial va desfibrando al país hasta colocarlo al borde del abismo.
El fatídico martes 13 el Senado votó la enmienda constitucional que congela los gastos del gobierno durante veinte años, una decisión que perjudica a quienes dependen del sistema público de salud y educación, que verán caer su ya menguada calidad.
Una segunda enmienda, aún en debate, pretende poner en marcha una contrarreforma del sistema de pensiones que llevaría a los 65 años la edad de retiro, con la exigencia de alcanzar 49 de aportes para obtener una jubilación integral.
Ambas enmiendas son exigidas por “los mercados”, o sea las grandes empresas que quieren seguir sacando ganancias de Brasil.
La crisis económica sigue su curso. Minas Gerais es el tercer estado que se declara en “calamidad financiera”, siguiendo los pasos de Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul, que ya no tienen fondos siquiera para pagar los sueldos de sus empleados.
En este clima de contrarreformas y crisis económica (la desocupación trepó al 11,8 por ciento) se espera un rebrote de la protesta social.
Pero el gran problema es la falta de legitimidad de los gobernantes y de los políticos en general. En las últimas semanas se sucedieron varios hechos que ponen de relieve la descomposición del sistema político.
El ministro de Cultura Marcelo Calero renunció a mediados de noviembre, denunciando que estaba siendo presionado por el ministro de Gobierno Geddel Vieira Lima, y por el propio presidente, para que el Instituto de Patrimonio Histórico permitiera la construcción de un edificio en Salvador. Geddel compró un apartamento en la planta 30, pero el permiso oficial sólo permite construir 13 pisos.
Antes de renunciar, Calero grabó conversaciones con Temer y varios ministros por consejo de la Policía Federal, que luego hizo públicas. Días después el Congreso de Diputados echó atrás un proyecto para amnistiar la “caja 2” de las campañas electorales, porque sus señorías dijeron haber “escuchado la voz de la calle”.
En suma, la bronca se acumula y en ocasiones los obliga a dar marcha atrás.
Uno de los episodios más grotescos sucedió a fines de noviembre. El Ministerio Público propuso una ley titulada “Diez Medidas contra la Corrupción”, pero los diputados decidieron vaciarla de contenido votando una enmienda (a las 4.30 de la madrugada) que tipifica como crimen el “abuso de autoridad” de los magistrados, como forma de poner fin a la operación Lava Jato.
Fue aprobada con 313 votos contra 132, días antes que se difunda la “delación premiada” de los ejecutivos de Odebrecht que inculpa a 240 políticos de 22 partidos (senadores, diputados, ministros y más de 20 gobernadores y ex gobernadores) de haber recibido coimas a cambio de facilitar obras a la mega constructora.
Los procuradores del Ministerio Público amenazaron con renunciar en masa si el Senado aprobaba las enmiendas de Diputados, lo que obligó a éstos a recular.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, fue destituido por un ministro del Supremo Tribunal Federal, pero se negó a acatar. Aliado de los gobiernos del PT, sobre Calheiros pesan varios pedidos de prisión y está inhabilitado para asumir como presidente por los cargos en su contra por corrupción.
Pero el caso más patético fueron los encarcelamientos de Anthony Garotinho y Sergio Cabral, ambos ex gobernadores de Rio de Janeiro.
Cuando la caravana que llevaba a Cabral a la cárcel recorría la Avenida Brasil, pobladores de favelas y barrios populares salieron a las calles a aplaudir, los bomberos hicieron un carnaval en la entrada de la prisión y decenas de personas se concentraron en la sede de la Policía Federal gritándole “ladrón” y preguntando por el obrero Amarildo, torturado y desaparecido por la policía en julio de 2013, mientras Cabral era gobernador.
Sergio Cabral es uno de los personajes más odiados de Brasil. Quizá por eso, el PT y la ex presidenta Rousseff -apenas el ex gobernador ingresó a prisión- declararon que nunca fueron sus aliados.
Una mentira de patas muy cortas. Ahí están las fotos y el video en los que Dilma y Lula apoyan con fervor a Cabral el 16 de julio de 2010, en la campaña que llevó a Rousseff a la presidencia (goo.gl/mHdGXX).
Como señala el profesor Giuseppe Cocco, la operación Lava Jato tiene la virtud de que “los poderosos intocables pueden ir a la cárcel y eso inquieta a mucha gente”.
Hasta ahora, dice, “el blanco, rico y vecino de barrios nobles no va a la cárcel, menos aún los políticos poderosos” (IHU Online, 21 de noviembre de 2016). Con ironía, asegura que estamos ante la “democratización de las prisiones”.
La derecha, que sacó millones de personas a las calles durante más de un año hasta conseguir la destitución de Rousseff, ahora realiza movilizaciones esporádicas de pocos miles, mostrando que sus verdaderos objetivos no eran combatir la corrupción sino tirar abajo al gobierno del PT.
Como las grandes instituciones del país, la Federación Industrial de Sao Paulo, el Supremo Tribunal Federal y los grandes medios están felices con el ajuste que está aplicando el gobierno pero temen que los de abajo se levanten, de ahí las dudas y contradicciones que muestran.
La izquierda está asustada. Observa la caída de gran parte de los aliados de los gobiernos de Lula y Dilma, desde políticos como Cabral hasta empresarios como Marcelo Odebrecht, que lleva más de un año en prisión.
Sabe que su última carta, Lula, puede caer en cualquier momento ya que ha sido delatado por varios empresarios como beneficiario de propinas.
Mucho más allá de los resultados electorales que ya anticipan las encuestas, esa izquierda podría preguntarse cómo se vuelve del infierno de la corrupción, cuando nadie se atrevió, hasta ahora, a pedir perdón por desvíos éticos inaceptables para quienes dicen representar a los trabajadores.