El nombre de ese concepto –arbetslinjn- fue por otro parte tomado del movimiento obrero, pero invirtiendo por completo su sentido original.
De la idea de que cada cual pueda trabajar si lo desea se pasó al principio según el cual se debe “incitar”, financieramente, al trabajo.
La primera acción de la nueva gubernamental fue atacar al movimiento sindical, piedra angular del famoso modelo sueco.
El gobierno cambió el estatuto del seguro de desempleo, lo que condujo a que los sindicatos pasaran a cotizar el doble (el seguro es administrado por los propios gremios) y a que el número de trabajadores sindicalizados cayera a su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial.
La tasa de sindicalización pasó de más de 80 por ciento en 2005 a 68 por ciento en 2012.
El movimiento sindical, debilitado, se vio obligado a concentrarse en reclutar nuevos afiliados, al tiempo que el gobierno lanzaba una política de reducción del salario mínimo aceptable (lo que en Suecia se conoce por reservationslönen, que corresponde al salario mínimo que un trabajador percibe al ser contratado).
Esta política tuvo como efecto la creación de un mercado con salarios muy bajos en el sector de servicios privados.
El monto del seguro de desempleo disminuyó. Y las subvenciones a los programas de formación de desempleados y desempleadas sufrieron a su vez masivos recortes.
El conjunto del sistema nacional de seguridad social se vio también directamente afectado, reduciéndose el monto y el acceso a las prestaciones, fundamentalmente en las áreas de seguro de salud y accidentes laborales, entre otras.
El gobierno justificó estas políticas afirmando que constituían un incentivo a la búsqueda de empleo y que contribuían a reducir “la exclusión”, según sostuvo.
Suecia se convirtió de hecho en un laboratorio de reformas neoliberales, y hoy una importante proporción de la seguridad social, financiada sin embargo por impuestos, es administrada por empresas con fines de lucro.
Durante sus ocho años en el poder, el gobierno liberal-conservador redujo los ingresos fiscales en alrededor de 140 mil millones de coronas suecas, lo que representa un 10 por ciento del total de los ingresos fiscales actuales.
Quienes tienen un empleo se vieron beneficiados por una reducción impositiva que superó los 82 mil millones de coronas, al tiempo que los gravámenes al capital fueron suprimidos y el impuesto a la propiedad de la tierra cayó considerablemente.
Quienes recibieron los golpes más duros fueron los enfermos, los desempleados y las personas en proceso de pre jubilación.
Según un informe de la OCDE aparecido en 2013, Suecia, que antes figuraba entre los países más igualitarios del mundo, se ubica actualmente entre aquellos en que la desigualdad más aumentó desde mediados de la década de 1990.
Existe hoy en Suecia un sentimiento público de fuerte rechazo a la presencia de empresas privadas en el sector de la seguridad social.
Cada vez más personas se oponen a nuevas reducciones de impuestos, que degradarían el nivel de la seguridad social.
Crece igualmente la desconfianza en la capacidad del gobierno de resolver el problema de la alta tasa de desempleo, en especial entre los jóvenes.