El llamado Salón Azul de la Asamblea Legislativa se llenó de soldados. A muchos les hizo recordar episodios del pasado de regímenes militares aún frescos pero que buena parte de las nuevas generaciones desconocen.
Una reciente encuesta de la Universidad Jesuita UCA demostró que el 20 por ciento de la población desconocía el contenido de los acuerdos de paz firmados en enero de 1992. Y que buena parte de quienes sí sabían de su existencia ignoraban su contenido.
Las elecciones presidenciales de 1972 arrojaron un claro triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO), una coalición de fuerzas de izquierda.
Sin embargo, el Consejo Central de Elecciones tras una avalancha de denuncias de fraude, dejó en manos de la Asamblea Legislativa definir el resultado.
La Asamblea declaró ganador al coronel Arturo Armando Molina, candidato del partido oficial –el PCN–, que gozaba del respaldo de la oligarquía y los militares.
Unos días después, se lleva a cabo un intento de golpe de Estado por parte de militares jóvenes que rechazaban el fraude. Fue aplastado en apenas un par de días, los opositores se exiliaron y la Asamblea Legislativa fue militarizada.
El 1 de julio de aquel año Molina fue instalado como presidente. Según el reconocido historiador Carlos Cañas Dinarte, éste sería uno de los antecedentes más recientes de lo sucedido el pasado domingo.
El despliegue militar empezó el sábado 8. A su base estaba la convocatoria realizada por el gobierno para que la Asamblea Legislativa sesionara el domingo 9 y autorizara al Ejecutivo a negociar un préstamo con el BCIE para comprar tres helicópteros, un buque de guerra y un sistema de video vigilancia.
Este último ha estado lleno de polémica, pues se filtró que la empresa mexicana Seguritech sería la beneficiaria de una licitación, luego de pagar un viaje al director de los Centros Penales salvadoreños y a pesar de estar rodeada de acusaciones de corrupción en su país de origen.
De acuerdo al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Roberto González, la convocatoria al parlamento por el gobierno solo opera en casos de catástrofes o emergencias por calamidades. Un préstamo, dijo, no ameritaba ese recurso.
Sin embargo, el presidente reclamó incluso una insurrección popular para sacar a los diputados que no apoyaran a su gobierno, llamándoles ratas, sinvergüenzas y otros epítetos.
Según el mandatario, el préstamo es indispensable para la fase 3 de lo que ha llamado el Plan Control Territorial, que pretende plantarle cara a las pandillas.
En los primeros 8 meses de su mandato, la Asamblea le ha aprobado 300 millones de dólares para temas de seguridad.
El domingo, un grupo de simpatizantes del gobierno -muchos menos de los esperados- se concentraron en la entrada del parlamento, mientras en el centro de la ciudad se desplegaban alrededor de 4.000 soldados y policías, de acuerdo a fuentes independientes.
Bukele se dirigió a sus seguidores y luego entró al parlamento, donde no había quorum para sesionar, pues apenas estaban presentes una decena de diputados y diputadas.
Se sentó en la silla del presidente del parlamento -ausente-, tocó el gong con la mano (una campana que anuncia el inicio y final de las sesiones) y se puso a rezar. Mientras, el salón azul se llenó de soldados.
Al salir, subió de nuevo a la tarima y dijo a sus seguidores que Dios le había hablado y que le pidió paciencia. Tras gritos de “Fuera ratas”, el acto finalizó de una forma un tanto abrupta y extraña.
La semana que inicia no estará ausente de sobresaltos. Una marcha ciudadana contra la militarización ha sido convocada para este lunes y el pulso entre el presidente y la Asamblea Legislativa continuará alrededor del polémico préstamo.
Este guiño al autoritarismo y al fanatismo religioso ha marcado el inicio de la campaña electoral para las elecciones legislativas de febrero de 2021.
Las coincidencias con otros regímenes autoritarios en el continente son claras y sorprendentes.