Estamos ya en el momento de discutir cuáles serían las modificaciones legales que lo culminarán.
El proceso parece estar avanzando positivamente, aun cuando sé que faltan pasos complejos.
Cincuenta años de horrores y de violencia no pasan en vano ni son pocas las huellas y sufrimientos que dejan, y los resentimientos y los problemas. Natural que así sea.
Además, seguramente cualquier solución final a este proceso con las FARC, y a otro que pueda adelantarse el día de mañana con el ELN, va a necesitar de decisiones no solo políticas, sino también de índole legal.
Hay que partir de la base de que estamos ante un hecho de inmensa anormalidad que no se va a poder resolver mediante los procedimientos normales.
A qué me refiero: es anormal que unas personas se levanten en armas contra el Estado, anormal que el Estado no pueda derrotarlas, anormal que haya que llegar a un proceso de paz. Todos son hechos por fuera de la normalidad.
Cuando estos fenómenos se dan así, la solución negociada tiene que esgrimir dos tipos de recursos. Uno, aplicar normas existentes en la Constitución para aplicar en momentos de anormalidad. Y otro, aprobar medidas para atender la anormalidad, porque no es suficiente la legalidad actual para resolver los problemas.
Ilustrémoslo con un ejemplo. El proceso de paz con el M-19 se resolvió aprovechando el indulto consagrado en la Constitución. Pero un indulto es una medida anormal, porque significa que cualquier delito que usted haya cometido le queda perdonado.
Como en este caso el indulto no incluía los delitos atroces, un juez impugnó la decisión y el Congreso se inventó una ley para que sí pudiera incluirlos. Y entonces hubo indulto y reindulto.
Por qué pudo llegar a buen término ese proceso es la reflexión principal que quiero hacer. Pudo firmarse la paz porque hubo un acuerdo político en la sociedad colombiana, casi un consenso o algo muy parecido a un consenso, para poder, primero, utilizar el indulto, y segundo, para que pudiera haber reindulto.
Como suponemos que no se va a quemar el pan en la puerta del horno, lo que también podría suceder, hay dos problemas por resolver. Uno, el de la refrendación y otro, el de traducir en normas legales los acuerdos, dos asuntos que se sabe son diferentes.
Creo que en el caso de la refrendación es probable que se puedan encontrar con cierta facilidad acuerdos que permitan crear un mecanismo que no necesite umbral.
Para el otro efecto, las cosas podrían ser más complicadas. ¿Cómo hacer para convertir en juridicidad los acuerdos?
Caigamos al tema del Acto Legislativo que se está tramitando. ¿Qué opina el Polo Democrático Alternativo?
Abrigamos serias reservas en varias direcciones. Es sabido que este trámite en el que estamos no es parte de los acuerdos de La Habana. Y se sabe que lo que está acordado desde el principio del proceso es que lo que no se pacte no es parte de los acuerdos y no compromete a las partes.
Para nosotros es de mucho riesgo que el país se meta en un debate tan complicado como este y al final lo que aquí se apruebe, como no es parte de los acuerdos de La Habana, termine siendo algo que carece, digamos, de viabilidad política y no sea la manera de resolver el problema. Es un tema que el Congreso y los colombianos debemos meditar.
Lo segundo, las reformas que allí se plantean. No se sabe muy bien qué es lo que nos quieren poner a votar. Y para opinar sobre la forma de hacer las cosas uno quiere saber el contenido de las cosas, porque normalmente suelen ir juntos.
Y en relación con la forma, es evidente que el procedimiento es antidemocrático. ¿Quién nos asegura que la Corte Constitucional va a permitir que algo evidentemente antidemocrático sea aceptado?
Y lo tercero que particularmente me preocupa es el tema de las facultades extraordinarias al Presidente de la República. El Polo nunca ha votado unas facultades extraordinarias en este Congreso por razones obvias.
Que los amigos de Santos confíen en Santos digamos que sería más o menos natural. Pero que la oposición confíe en Santos y le gire un cheque en blanco es pedirnos demasiado.
Incluye que, terminado el proceso, haya una especie de consenso en la sociedad colombiana para que no sigamos en este debate eterno, con todo tipo de argucias jurídicas y jueces y demandas bregando a sabotear el proceso.
Me preocupa mucho, las encuestas así lo dicen y uno lo percibe por todas partes, que haya una inmensa incredulidad sobre el proceso. Mucho ciudadano no confía y, particularmente, la gente no confía en que de verdad las armas de la ilegalidad vayan a desaparecer, porque además, tal como está planteada, la palabra dejación se presta para debate.
Creo que dejación es una palabra suficiente para resolver el problema. Pero sí quisiera que desde La Habana se hiciera una campaña en Colombia para explicarles a los colombianos que dejación quiere, por lo menos, decir tres cosas.
La primera, que las armas efectivamente desaparecen, todas, hasta la última aguja, que no podrán ser recuperadas por nadie bajo ninguna circunstancia. Y que va a haber garantías institucionales del gobierno nacional y de todo el mundo para que el hecho sea una certeza.
En segundo término, creo que las FARC y el país entero deben reconocer como un hecho que de este proceso se deriva el reconocimiento de todos nosotros al monopolio del Estado sobre las armas, como un reconocimiento político. Y es que el monopolio de las armas tiene que estar en manos del Estado.
Y lo tercero, derivado de lo anterior: garantizar que no habrá por parte de la organización política que constituyan las FARC la idea de un partido político con brazo armado.
Y el otro asunto sobre el que debería trabajarse es que aquí no hay solo víctimas como individuos o como familias o como grupos sociales. No. La nación entera es víctima de esta desgracia de más de 50 años de sangre y de horrores. La nación toda, todos los colombianos, incluido aquel colombiano cuya familia nunca ha sufrido víctimas.
Las FARC deberían reconocer que se equivocaron desde siempre cuando tomaron la decisión de alzarse en armas contra el Estado colombiano. Y por supuesto, que también admita su error el Estado colombiano, que auspició la creación del paramilitarismo.
Si en estos asuntos trabajamos con seriedad vamos a facilitar las cosas, que es a donde aspiro que ojalá lleguemos. Que el actual debate no se resuelva a voto limpio, sino mediante un acuerdo que incluya a todas las partes, todas sin excepción, incluidos quienes están en la ilegalidad en La Habana.