Chantaje norteamericano pone en riesgo soberanía alimentaria de El Salvador

El Salvador tiene una superficie total de 2,1 millones de hectáreas, de las cuales casi 995 mil son cultivables. De ellas, unas 770 mil son cultivadas y el resto se clasifican como ociosas.

 

Ante la expansión de los monocultivos para la exportación, principalmente de café y caña de azúcar, que ocupan unas 260 mil hectáreas, en los últimos 5 años el gobierno del presidente Mauricio Funes ha impulsado políticas de siembra de alimentos, aumentando la producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) de 16 a 22,5 millones de quintales, en un área total que ha alcanzado las 210 mil hectáreas.

 

Estas medidas responden a una situación muy crítica que ha vivido el país en relación a la capacidad de satisfacer la demanda interna de alimentos y de alcanzar su propia soberanía alimentaria.

 

 

La implementación, de parte del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), del modelo neoliberal después de los Acuerdos de Paz en 1992 y la entrada en vigencia, en 2006, del CAFTA-DR (Tratado de libre comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos), conllevó un rápido deterioro de las condiciones de vida del campesinado.

 

También se generó una verdadera contrarreforma agraria, que dejó abandonado y sin crédito al sector agropecuario y cooperativo, reconcentró en menos manos la tierra, y aumentó progresivamente la importación y el costo de los granos básicos.

 

 

 

“A partir de 2009, el Estado comienza a distanciarse del monopolio de las semillas importadas y rompe con el clientelismo y la corrupción. Paralelamente, comienza a estimular a las cooperativas con crédito y asistencia técnica del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), para que inicien a producir semillas certificadas”, dijo a La Rel Abel Lara, presidente de la CONFRAS (Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña).

 

Después de un proceso de validación, estas semillas son compradas por el Estado y distribuidas en “paquetes agrícolas” a los campesinos. De esa manera se comenzó a reactivar la producción de alimentos a nivel nacional, en el marco de la implementación del Plan de Agricultura Familiar.

 

“El gobierno distribuyó anualmente paquetes agrícolas a un promedio de 350 mil pequeños productores individuales en estado de pobreza extrema, y para este año se espera beneficiar a unos 400 mil.

 

Además, se está promoviendo el encadenamiento productivo, involucrando a cooperativas o productores individuales que no están en una situación de pobreza extrema,  acompañándolos hasta la comercialización del producto”, explicó Lara.

 

 

Datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería evidencian que, con este modelo, El Salvador no solo logró reducir sensiblemente y estabilizar los precios de granos básicos, sino que pudo satisfacer la demanda interna de frijol y sorgo, y está a punto de hacerlo con el maíz.

 

El esfuerzo de promover el modelo cooperativo agropecuario permitió el fortalecimiento de las cooperativas ya existentes y la creación de nuevas (24 por ciento más desde 2009), con énfasis particular en el involucramiento y la generación de empleo entre mujeres y jóvenes.

 

Además, se mejoraron las variedades y la capacidad de adaptación de las semillas, y se generó mayor liquidez en el área rural.

Entre 2008 y 2013, la cantidad de hogares en pobreza bajó del 40 al 29 por ciento, y más de 250 mil personas del área rural salieron de la economía de subsistencia y entraron al segundo componente del Plan de Agricultura Familiar, que es el encadenamiento productivo.

 

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que, en este mismo período, la desigualdad social se redujo del 6 por ciento

 

 

 

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, exigió la derogación  de las “Disposiciones Especiales y Transitorias para el Fomento de la Producción de Granos Básicos”, so pena poner en riesgo el desembolso de los 277 millones de dólares de la segunda fase del programa de cooperación FOMILENIO.

 

De esa manera, pretende asegurar que las empresas de su país puedan participar en los procesos de licitación y compras gubernamentales de semillas, en apego a las disposiciones del CAFTA-DR.

 

“Aceptar este imposición equivaldría a un brusco retroceso en los avances logrados en materia de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza en el área rural. Nos expondríamos nuevamente a la entrada masiva de semillas transgénicas y agrotóxicos, poniendo en riesgo nuestras semillas criollas y acriolladas y nuestra cultura”, dijo Ricardo Ramírez, directivo de CONFRAS.

 

Según él, las intenciones de Estados Unidos van más allá del tema de semillas, pretendiendo apropiarse de servicios básicos y bienes comunes aún más preciosos, como el agua y los recursos del subsuelo.

 

“El volumen total de la compra de semillas de parte del Estado no justifica este nivel de agresividad. Es evidente que se trata de un chantaje político que tiene objetivos muchos más profundos, y que pretende mandar un mensaje muy fuerte al gobierno entrante del FMLN”, agregó Ramírez.

 

El movimiento campesino pide al nuevo gobierno de Salvador Sánchez Cerén que se ponga firme ante la injerencia norteamericana, y que comience a impulsar cambios fundamentales que tengan que ver con la revisión de los acuerdos comerciales firmados por El Salvador.

 

“Necesitamos ir más allá de los paquetes agrícolas, apuntando a la agroecología, a la producción y a la multiplicación de los bancos de semillas criollas, mejorando la técnica.

 

Pedimos al gobierno que invierta en capacitación y apoyo técnico lo que actualmente está gastando en los paquetes agrícolas. El sector agropecuario es clave para el desarrollo de El Salvador y de un nuevo modelo de producción”, concluyó Ramírez.