A tres años del Plan de Acción Laboral entre Colombia y Estados Unidos
Un fiasco
Ilustración: Maxis / CARTONClub
El Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) cumplió tres años, y se ha revelado como un verdadero fiasco.
El Plan surgió tras denuncias de la CUT, respaldadas por los sindicatos estadounidenses, en especial la AFL-CIO, de que el TLC tendría nefastas consecuencias sobre el empleo y las condiciones de trabajo en Colombia.
Desde que se firmó el acuerdo, en 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos no cumplió con su promesa de consagrar a nivel nacional derechos a la protección social contemplados en los convenios internacionales de la OIT ni de combatir la extensión del trabajo tercerizado.
Por el contrario, han proliferado las cooperativas de trabajo asociado, las empresas de servicios temporales, las sociedades anónimas simplificadas y las “fundaciones” prestadoras de servicios.
A su vez, la generalización de ficticios pactos colectivos (elaborados, negociados y firmados por las propias administraciones de las empresas) han resultado una antítesis de la auténtica negociación colectiva para el desarrollo de los convenios 87 y 98 de OIT, mientras la política de masivas cancelaciones de contrato, bajo supuestos planes de retiro voluntario, constituye la mayor violación a la libertad sindical.
Un gobierno que incumple e inventa
Si se revisan los informes que el gobierno de Colombia elevó al de Estados Unidos se puede constatar que la administración de Santos en un país inexistente habla de un decrecimiento de la informalidad, del avance de la negociación colectiva y del cese de la violencia contra sindicalistas, cuando las cifras reales prueban todo lo contrario.
Durante los tres años de existencia del PAL, no han cesado los asesinatos de sindicalistas, la informalidad no baja del 57 por ciento tanto en el sector privado como en el público, y la negociación colectiva continúa en proceso de destrucción por la extensión de los contratos basura y la acción de la propia justicia.
El gobierno de Santos no escucha a las centrales sindicales a pesar de que dice lo contrario.
Sólo cuando la movilización y los paros logran niveles de contundencia adopta medidas de coyuntura, pero nunca de fondo, al tiempo que su Ministerio de Trabajo se ha dejado permear por la política antisindical de las empresas, pese a que en el PAL estaba contemplada su transformación en un órgano de mediación e inspección en vistas de una solución de los conflictos.
El Estado es paralelamente el peor patrono, pues también practica la informalidad y no sirve de ejemplo al sector privado, como se puede ver con la proliferación de sindicatos falsos palpable en sectores como la salud pública.