Según explicaron a La Rel César López, presidente de la Fesitrae, y Luis Flores, presidente de la Frecoos*, las federaciones definieron esta medida ante la ausencia de acción de las centrales sindicales del país.
“El movimiento sindical ecuatoriano está fragmentado y no es de ahora. Ante esta situación la Fesitrae se unió a otras federaciones –Frecoos y Fetralpi– para poder defender de manera más efectiva los derechos de los trabajadores y trabajadoras afiliados”, apuntó López.
Según el sindicalista, desde que asumió el gobierno Moreno promueve un recorte de los derechos laborales y el acuerdo con el FMI trae aparejado una reforma del Código de Trabajo que será perjudicial para la clase obrera.
“La extensión de la jornada de trabajo, el fin de la estabilidad laboral, la reducción de la indemnización por despido, son algunas de las conquistas que perderemos los trabajadores si el gobierno pone en práctica lo acordado con el FMI”, dijo.
Las federaciones sindicales y la Acción Jurídica Popular se dirigieron a la Corte Constitucional para interponer su demanda el pasado 21 de agosto.
Flores explicó que el acuerdo firmado por el gobierno supone un crédito de 4.200 millones de dólares a ser pagado en su totalidad en 15 años, con una tasa de interés del 3,2 por ciento.
Para acceder a ese dinero el gobierno de Lenin Moreno deberá aplicar ciertas recetas impuestas por el FMI, entre las que se destacan tramitar una reforma laboral y tributaria y concesionar la mayor refinería de petróleo del país y la empresa estatal de servicios telefónicos.
“Este acuerdo tiene como trasfondo la privatización de empresas públicas vitales para el país, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo que esto traerá”, denunció el dirigente.
La demanda interpuesta fue considerada válida ya que el gobierno no cumplió con los pasos requeridos por la Constitución de la República para firmar el acuerdo.
“Seguiremos atentos y luchando para que se revea lo del acuerdo que a la claras es inconstitucional”, afirmó López.
