Según explicó a La Rel Álvaro Macedo, integrante de la dirección nacional de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA), el principal problema por ahora es coyuntural: “la venta del arroz como sale del campo”.

Conocido como arroz cáscara o paddy, ese producto “no llega a los molinos para ser procesado, lo que está provocando que varios estén mandando al personal al seguro de paro”.

Entre las plantas afectadas se encuentran las de la empresa Samán en Montevideo, Salto y Lascano, propiedad de la brasileña Camil.

“Estas tres plantas, están paralizadas y con el personal en el seguro. En el caso de Montevideo, además, la empresa decidió trasladar el molino al interior del país, a la localidad de Varela, a 250 kilómetros de la capital, con el argumento de que es costoso traer el arroz hasta Montevideo”.

Para Macedo esto suma otra dificultad a la ya delicada situación de los trabajadores del sector, pues amenaza la estabilidad laboral sobre todo en el interior del país, donde los molinos son una importante fuente laboral y económica.

“Para los productores es una buena opción vender el arroz cáscara porque le pagan más que el procesado. Este sistema de exportación siempre se dio, pero como algo paralelo y en porcentajes menores del total del arroz vendido”, explica.

Las exportaciones de arroz sin procesar nunca pasaron del 14 por ciento y actualmente se está exportando un 20 por ciento. En toneladas eso representa unas 300.000, cifra que mantendría en funcionamiento a tres molinos durante todo el año.

Como salida a esta crisis que afecta a unos 3000 trabajadores directos, FOEMYA plantea que desde el gobierno se marque un tope para las exportaciones de arroz paddy. Las gremiales de productores proponen a su vez una devolución del impuesto al arroz blanco, algo que el dirigente sindical ve como menos probable.

Aunque para los productores la coyuntura actual es favorable, no saben si se mantendrá en el tiempo, de ahí la propuesta de la reducción impositiva para salvaguardar la industria.

“Hemos mantenido diversas reuniones con representantes del gobierno pero hasta el momento no tuvimos respuestas. Seguimos insistiendo con el respaldo del intendente de Salto, Andrés Lima, y de Pablo Fuentes, legislador del Partido Socialista, para que esta situación no se vuelva estructural”, subrayó.

En paralelo a esta coyuntura en la industria arrocera, la Federación enfrenta diversos conflictos con la empresa Samán, adquirida en 2007 por el Grupo Camil Alimentos, transnacional de capitales brasileños que tiene presencia en diversos países de la región.

“Como primera medida de la empresa se dio el despido de 70 trabajadores tercerizados y el envío al seguro de desempleo de otros 60 en dos tandas de 30. El argumento es la baja en la materia prima para producir y una reevaluación del sistema productivo”.

Según explica el dirigente sindical, el grupo empresarial viene aplicando una política que consiste en escuchar los reclamos, pero al final se hace lo que dictamina la gerencia afectando totalmente el relacionamiento.

“El escenario actual, con tantos trabajadores en el seguro de paro, debilita el poder de negociación de las organizaciones sindicales, y al no tener un interlocutor dispuesto a dialogar para encontrar soluciones comunes, se torna muy complicado realizar medidas de fuerza más amplias”, señala.

En otro orden se dan algunos conflictos relacionados a la interpretación caprichosa del convenio colectivo y una aplicación del código de ética interno que resulta inaceptable por atacar los derechos individuales.

“Cabe señalar que desde la Federación no defendemos acciones o conductas de trabajadores que sean condenables, pero en esta empresa se da un tratamiento diferente a las causas disciplinarias que involucran a trabajadores sindicalizados, a los que se les aplican reglas inaceptables, respecto a los que no son afiliados”, denunció Macedo.