El Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Guatemalteca Anexos y Conexos (STEGAC, denominado así en esa época), fundado en 1948 en el marco de la denominada “primavera democrática de Guatemala” (1944-1954).

Luego del golpe de estado a Jacobo Árbenz en 1954, la organización es declarada ilegal al igual que todo el movimiento obrero.

El sindicato resurge en 1975 y la reacción de la empresa fue inmediata: despidió a la totalidad de trabajadores. Después volvió a contratar a la mayoría, pero dejando afuera a quienes consideraba más “peligrosos”. Los recontratados habían perdido su antigüedad y todos los derechos generados.

Esta medida fue un tiro por la culata para la empresa porque galvanizó la voluntad de los trabajadores en su lucha. El propietario de la fábrica era un tejano de ultraderecha llamado John Trotter, vinculado a los sectores más salvajemente conservadores de Guatemala, en especial a una organización ultraderechista llamada Movimiento de Liberación Nacional.

Apenas reconstituido el sindicato los trabajadores se acercaron a la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en busca de asesoramiento, especialmente para entablarle un juicio a la empresa por la pérdida de la antigüedad y el perjuicio económico que ello implicaba. El monto que la empresa debería haber pagado por ese concepto estaba estimado en 116 mil dólares de aquella época.

En la sede de la CNT se realizó la primera asamblea del sindicato resultando electos Pedro Quevedo como secretario general, e Israel Márquez como tesorero, pero varios de los integrantes del comité ad hoc que presentó el pliego de peticiones fueron despedidos. Apelaron judicialmente y el tribunal ordenó la restitución a sus puestos de trabajo.

En ese momento Guatemala vivía horas dramáticas, y cualquier oportunidad era buena para intentar destruir a los pocos sindicatos existentes, así como a cualquier movimiento de carácter popular.

Por ejemplo, en 1976 hubo un terremoto en Guatemala que cobró más de 25 mil vidas. Aduciendo daños en los edificios y las máquinas como consecuencia de la catástrofe, muchos empresarios aprovecharon para despedir a miles de trabajadores, entre ellos a los dirigentes sindicales y a los más militantes.

Debido a esa situación de calamidad pública el gobierno emitió un decreto por el cual se declaraba “traidor a la patria” a todo aquel que protestara, y el castigo era la pena de muerte.

Trotter vio la oportunidad de deshacerse del sindicato mediante otro despido masivo, intención que le fue advertida a los sindicalistas por algunos empleados cercanos a la dirección de la empresa.

Los trabajadores se anticiparon y ocuparon la fábrica que fue inmediatamente cercada por la policía. Hubo numerosos incidentes y escaramuzas porque los ocupantes resistieron varios intentos de desalojarlos por la fuerza, lo que dejó un saldo de 14 trabajadores heridos y 16 encarcelados.

Inmediatamente otras organizaciones populares comenzaron una campaña de denuncia en solidaridad con los ocupantes, y en una reunión en la que participaron más de 60 sindicatos se formó el Comité Nacional de Unidad Sindical, que más adelante se convertiría en una central de trabajadores.

“La lucha de los trabajadores de Coca Cola –opina Enildo– siempre sirvió como cuña, como vanguardia, como ejemplo para el movimiento popular y especialmente el sindical en Guatemala”.

Viendo que la represión sólo había logrado abroquelar más a las organizaciones populares en torno a la ocupación de Coca Cola, el gobierno convocó a una reunión tripartita para intentar desbloquear la situación.

Ese encuentro duró toda una noche, y finalmente se llegó a un acuerdo cuyos principales puntos fueron: el reconocimiento del sindicato por parte del Ministerio de Trabajo y la empresa; la reinstalación de los trabajadores despedidos y el pago de los haberes caídos durante el conflicto; la aceptación por parte de la empresa de discutir el convenio colectivo cuyo proyecto se había presentado un año antes y que Trotter rechazaba.

Trotter retomó la ofensiva: presentó siete proyectos distintos de convenio colectivo y dividió a la empresa en doce razones sociales diferentes, una por sección.

Con esa maniobra la embotelladora quedaba reducida a una mínima expresión y el número de trabajadores que incluía no era suficiente para habilitar legalmente la existencia de un sindicato. Pese a la complicidad del Ministerio de Trabajo y de la justicia, que toleraron estas manipulaciones, nada dio resultado: el sindicato resistía.

Finalmente, en 1978 el sindicato firmó un convenio colectivo lo que fue una dura derrota para la empresa que cambió de estrategia: creó dentro de la fábrica  un grupo de choque cuyos integrantes estaban autorizados a portar armas por la Policía Militar Ambulante y promovió la asociación solidarista  de los  empleados con el cura Solano a la cabeza.

En esa época –julio de 1978– mediante un sonado fraude electoral llegó al gobierno Romeo Lucas García, un militar célebre por su gestión represiva. Entre las diversas acciones de terrorismo de Estado promovidas por Lucas se encuentra el atentado contra los abogados –y esposos– Marta y Enrique Torres, asesores legales del sindicato de Coca Cola, y que fueron los autores de los puntos de negociación en aquella reunión tripartita que duró toda una noche.

Trotter tenía sólidas amistades dentro del gobierno, entre otros con Germán Chupina que era Jefe de la Policía Nacional. Esta relación hizo que Trotter se sintiera con las manos libres para destruir el sindicato.

La violencia criminal contra los trabajadores no era nueva: en 1968 fue asesinado y secuestrado el compañero César Bariglio; entre 1975 y 1976 se produjeron las detenciones de 152 trabajadores que fueron despedidos, 14 quedaron heridos y 16 encarcelados; en junio de 1977 fue asesinado Mario López Larrave, quien colaboraba con el asesoramiento legal a los trabajadores.

En octubre de 1978, Israel Márquez, que entonces era secretario general del sindicato, sufrió un atentado a balazos y milagrosamente resultó ileso; en ese mismo año, como consecuencia de más atentados y amenazas de muerte, partieron al exilio los esposos Torres.

En noviembre de ese año aparecieron en la prensa avisos en los cuales se solicitaban empleados para el departamento de personal de la empresa, y el principal requisito que se exigía era saber artes marciales y haber colaborado o pertenecido a los cuerpos de seguridad del Estado.

El 12 de diciembre de 1978 cayó asesinado Pedro Quevedo, quien, como ya fue dicho, había sido el primer secretario general del sindicato. Tenía 37 años cuando lo mataron dentro de su camión de reparto y es uno de los mártires del Sindicato.

En enero de 1979 varios vehículos rodearon la fábrica e intentaron secuestrar a Israel Márquez y a Luis Quevedo, hermano de Pedro. El 28 de enero fue asesinado Manuel Moscoso y su esposa resultó gravemente herida en un atentado dirigido en realidad contra Israel Márquez.

Moscoso y su esposa eran los nuevos inquilinos de la casa que hasta unos días atrás ocupaba Márquez. Luego de este atentado Israel se refugió en la embajada de Venezuela y finalmente se exilió en Costa Rica.

Entre enero y febrero de 1979 más de 50 hombres armados vigilaban la fábrica y varios trabajadores decidieron renunciar a su trabajo porque no aguantaban la presión.

El  5 de abril de 1979 fue asesinado Manuel Francisco López Balán, secretario general en funciones del STEGAC cuando bajaba de su camión de reparto. El 1 de mayo de 1980 fueron secuestrados trabajadores de varias empresas, entre ellos Ricardo García Infán. Su cadáver fue hallado al día siguiente con huellas de haber sufrido brutales torturas.

Arnulfo Gómez Segura, también del Sindicato, fue secuestrado y asesinado en la misma época; su cadáver apareció con la lengua y los labios cortados y colocados en un bolsillo de su camisa. El 27 de mayo de 1980 fue asesinado por la espalda Marlon Randolfo Mendizábal, de 22 años, en ese momento secretario general del sindicato, cargo en el que había sustituido a López Balán, muerto un año antes.

La UITA  emitió entonces un comunicado denunciando el terrorismo contra STEGAC. El asesinato de Marlon se produjo después de estar aprobado el boicot internacional.

El 21 de junio de 1980, guardias de la empresa e integrantes de la Policía Militar Ambulante asessinaron a Edgar René Aldana Ruano. Fue colocado en el baúl de un automóvil propiedad de la empresa y desde ahí arrojaron su cadáver a proximidad de la fábrica.

El mismo día fue allanada la sede de la Central Nacional de Trabajadores y fueron secuestrados y desaparecidos 21 dirigentes, en su mayoría secretarios generales de sus respectivos sindicatos. La sede de la CNT se encontraba frente al cuartel de la Policía Judicial y a dos cuadras de la Policía Nacional, pero los asesinos actuaron a la luz del día con absoluta tranquilidad e impunidad. Florentino Gómez e Ismael Vázquez, trabajadores de Coca Cola, fueron asesinados en esa oportunidad.

En medio de este terror desatado, Trotter recibió una tremenda bofetada: la asociación solidarista fundada por él se disolvió y la totalidad de sus integrantes se afilió al sindicato.

Pero otro episodio vendría a enlutar al movimiento obrero guatemalteco: en agosto de 1980 varios dirigentes que se encontraban reunidos en el Centro de Retiros Espirituales de EMAUS fueron secuestrados y desaparecidos.

En varios países los trabajadores de Coca Cola realizaron paros, marchas y representaciones callejeras ilustrando la represión. Finalmente Trotter renunció como director de la empresa.

La UITA informó a sus organizaciones afiliadas que se había ganado el primer round, pero que la lucha debía continuar para ganar el siguiente. Poco después John Kirby manifestó su interés en adquirir la planta, y entre las condiciones que ponía estaban el desconocimiento del sindicato y del convenio colectivo.

La UITA no aceptó este planteo.