En conferencia de prensa en la sede del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae-Afines), en San José, representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería y Afines revelaron que presentaron formalmente la denuncia ante la OIT contra el Estado por violar los convenios 87, 98 y 135 de esa entidad.
El Convenio 87 establece la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el 98 el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y el 135 la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa.
A la entrega de la denuncia acudieron el secretario regional para América Latina de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA), Gerardo Iglesias, y el presidente de la confederación tica de Trabajadores Rerum Novarum, Lenin Hernández, entre otros dirigentes obreros.
El secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines (Sitracobal), Maikol Hernández, señaló que ante la violación de la convención colectiva, el código de trabajo, y convenios internacionales acudieron ante la OIT para denunciar tales atropellos.
“Costa Rica tiene un código de trabajo, y convenios internacionales firmados sobre trabajo decente, no puede ser que se violenten con tal facilidad. Por eso acudimos a la vía Internacional para poner en conocimiento del mundo la violación sistemática de nuestros derechos laborales”, apuntó el líder sindical.
En específico, los sindicatos señalan un despido masivo por WhatsApp y la violación a la investidura de 40 representantes sindicales por parte de la transnacional bananera Chiquita Brands en Limón como los motivos para presentar la queja contra el gobierno costarricense ante la directora regional de la OIT en Costa Rica, Carmen Moreno.
Iglesias, quien vino a San José a acompañar a su sindicato afiliado y a cerrar filas en torno a la denuncia internacional, precisó que el respaldo de la UITA estará enfocado en campañas de información a consumidores de los productos de Chiquita Brands y otras empresas que hayan incurrido en prácticas en contra de la dignidad del trabajador.
“Ustedes saben cómo vigilan el tema de responsabilidad social corporativa y creo que (a los directivos de Chiquita) les será muy complicado explicar a sus clientes los despidos masivos por WhatsApp”, afirmó Iglesias.
Adelantó que el 3 y 4 de abril se realizará un encuentro para examinar con detenimiento las acciones realizadas por Chiquita.
Con esa transnacional “tenemos un acuerdo que dejará de tener efecto debido a la violación de los derechos laborales y sobre todo humanos en el caso de los empleados de Limón”, dijo.
“No se despide a nadie por WhatsApp, ni con un rótulo afuera de su trabajo”, subrayó el secretario regional de la UITA.
Esta presión internacional se produce cuando suman 1.400 los despidos y las agrupaciones obreras prevén unos 4.000 más en la costa caribeña del país, tras la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín, operada por Apm Terminals.
Lo que ocurre en Limón con los despidos masivos y la práctica de tercerización, además de ser procesos ilegales, son nuevos métodos para eliminar los sindicatos del país, coincidieron los líderes obreros.
Tomado de Prensa Latina