Reforma integral de la Seguridad Social

El anteproyecto de ley es el resultado de un minucioso trabajo de investigación y análisis sobre la situación de la Seguridad Social en el país, y fue llevado a cabo con el apoyo de organizaciones sindicales que operan endiferentes sectores de la economía nacional.

 

Ante la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de duplicar el número de cotizaciones y aumentar la edad de jubilación, los sindicatos decidieron estudiar y formular una propuesta de reforma integral al Sistema de Seguridad Social.

 

Dicha propuesta apunta a una reducción de los gastos administrativos del 10 al 6 por ciento y al fortalecimiento de la gestión de las inversiones, para lograr una tasa real de retorno de entre el 2.70 y el 3 por ciento.

 

Asimismo, se propone mejorar las inspecciones para reducir la evasión absoluta y relativa, así como incrementar la tasa de cotización del 11 al 15 por ciento de manera escalonada.

 

Finalmente, las organizaciones sindicales pidieron que el Estado honre su deuda de unos 600 millones de dólares con el Instituto de Seguridad Social Nicaragüense (INSS), que se conforme una Superintendencia de Seguridad Social y que el Consejo Directivo del INSS sea nombrado por diputados -y no como ahora por el Presidente de la República- con ternas que serán presentadas por el gobierno, los trabajadores y los empleadores.

 

Según Marcial Cabrera, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Alimentación de Nicaragua (FUTATSCON), la propuesta está respaldada por más de 10 mil firmas debidamente autenticadas, que acompañarán el anteproyecto de ley durante su presentación ante el Parlamento el próximo 31 de enero.

 

“Vamos a impulsar una discusión para que podamos llegar a un acuerdo tripartito, porque la Seguridad Social nos pertenece a todos”, dijo Luis Barboza, presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE).

 

Los dirigentes sindicales presentes en el evento hicieron enfasis en la urgencia de aprobar la ley que regula la tercerización en Nicaragua, y que actualmente se encuentra “engavetada” en la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento.

 

“Necesitamos ampliar la base de asegurados y la aprobación de esta ley permite que miles de nicaragüenses dejen de ser invisibilizados, comiencen a cotizar al Seguro Social y gocen de sus derechos”, explicó Barboza.

 

Según datos oficiales, de los 2,8 millones de personas que integran la Población Económicamente Activa (PEA), sólo el 23 por ciento aproximadamente está asegurada. Serían casi un millón los trabajadores y trabajadoras informales y subcontratados.  

 

“Si hay una reforma de la Seguridad Social debe ser integral, con la participación del movimiento sindical y con el propósito de reivindicar los intereses de los trabajadores y trabajadoras”, concluyó Miguel Ruiz, secretario general de la CST-JBE.